2 de mayo de 2021. Lejos de lo que se puedan pensar por la configuración patriarcal que ha tenido históricamente el sindicalismo y bajo su liderazgo la discusión del mundo del trabajo, en la historia reciente sus luchas han estado muy cercanas a las del reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Esa memoria histórica en esta crisis pandémica, marcada por la precarización laboral y el desempleo, que tiene mayores efectos en los grupos históricamente vulnerables, nos hace un llamado de atención como movimiento social de volver nuestra mirada a la búsqueda de condiciones de trabajo decente para lesbianas, gais, bisexuales y trans como condición necesaria para hablar de vida digna.
En 1979, las sedes de las centrales obreras y sindicales fueron las que sirvieron de espacio de reunión al naciente activismo LGBTI que encontraban en sus viejas casonas del centro de Bogotá lugares seguros para construir su manifiesto de liberación homosexual, como fue el sindicato de educadores (FECODE) y el de la empresa de teléfonos de Bogotá (ADE), donde aprendieron y recrearon el poder de la movilización y la urgencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Fue también el ejercicio académico del mundo del trabajo que le permitió a León Zuleta, desde su lugar de trabajo en Medellín, la Escuela Nacional Sindical, posesionarse como uno de los pioneros del movimiento y desde allí cuestionar la ausencia de garantías de empleabilidad a las personas en disidencia sexual, motivada por un desprecio naturalizado a lo que representaban para la sociedad.
Las primeras acciones de incidencia como movimiento social ante la Corte Constitucional para buscar la igualdad fueron la exigibilidad del derecho al trabajo: en 1998, un caso de discriminación de un docente en Pereira a quien habían expulsado del magisterio amparados en el Estatuto Docente que no permitía de manera expresa el ejercicio a homosexuales de dicho oficio, provocó reformar dicho estatuto con la Sentencia C-481 de 1998, en la que el alto tribunal dejo claro de que: “No existe ninguna justificación para que se consagre como falta disciplinaria de los docentes la homosexualidad. La exclusión de los homosexuales de la actividad docente es totalmente injustificada, pues no existe ninguna evidencia de que estas personas sean más proclives al abuso sexual que el resto de la población, ni que su presencia en las aulas afecte el libre desarrollo de la personalidad de los educandos… Normas como la acusada derivan entonces de la existencia de viejos y arraigados prejuicios contra la homosexualidad, que obstaculizan el desarrollo de una democracia pluralista y tolerante en nuestro país”.
En 2013, Caribe Afirmativo y la Escuela Nacional Sindical presentaron el libro Raros y Oficios, un documento de investigación que da cuenta de la discriminación y exclusión en el mundo laboral de las personas LGBTI, que propuso esta discusión al país a partir de un estudio de casos de Cartagena, Medellín y Bogotá con historias de vida de personas desempleadas, víctimas de acoso laboral, en el rebusque callejero o en la invención de la informalidad, marcadas todas por la precarización laboral y exponiendo. A la vez, decisiones y prácticas laborales existentes en estas ciudades que excluyen de entrada su participación, planteando allí la urgencia de hacer pública esta necesidad en el movimiento social para denunciar la ausencia empleabilidad por actos de discriminación relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, y la invisibilización de las personas LGBTI en el mundo del trabajo.
Este estudio da cuenta que la ausencia de espacios laborales es la constante para las personas LGBTI, particularmente quienes asumen mayores niveles de visibilidad como las personas trans: el subempleo, la informalidad y el desempleo son los lugares comunes cuando alguien asume libremente su orientación sexuales, bajos salarios, ausencias de garantías laborales, estigmatización, sobrecargas y largas jornadas son tratos cotidianos para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans que afrontan además expresiones machistas, sexistas y misóginas en la cotidianidad del trabajo y de quienes nunca han accedido a un empleo formal –que son la mayoría-, y viven en la ausencia estructural de programas y acciones que les permitan, sin ser estigmatizadas, formarse para oficios competentes y contar con acciones afirmativas para poder acceder a puestos de trabajo de forma efectiva y poner fin a la ausencia de este derecho.
En ese momento en esta materia había pocos antecedentes: un estudio realizado por UNIFEM en 2004 en Bolivia, Colombia, Brasil, México y Honduras que hizo una fuerte indagación por las prácticas de discriminación laboral de mujeres lesbianas; un análisis en 2005 de casos de exclusión en empresas mexicanas motivados por orientación sexual; y un informe en 2008 realizada en España que se cuestiona sobre las amenazas a la intimidad por la homofobia en el ámbito laboral. Los tres coinciden en factores determinantes: la pregunta por el trabajo de las personas LGBTI está ausente del mundo laboral. Para las personas que asumen mayor visibilidad como las trans o el activismo el trabajo, más que un derecho, es un privilegio, y las pocos que logran acceder a un empleo suelen recibir menos pago, someterse a mayores riesgos y se les propone formas irregulares de contratación que agudizan la precarización.
Pensar en el acceso al trabajo para las personas LGBTI, conectó a Raros y Oficios con el concepto de trabajo decente de la OIT, como única plataforma para que trabajar dignifique la vida y desde allí se promueva su inclusión en las agendas de empleabilidad, basado en cuatro principios: crear, empleo como un mandato político, asumir la protección social como un mandato ético, exigir el dialogo social como un mandato organizativo y vigilar en cada espacio laboral la existencia de garantías para el desarrollo con perspectiva de derechos, la igualdad de género y la aplicación de enfoques diferenciales.
Luego de Raros y Oficios la realidad no ha cambiado significativamente, y con esta pandemia la situación se ha agudizado aún más, sin embargo, han surgido iniciativas en el país que deben consolidarse e impulsarse como buenas prácticas; por ejemplo, la política pública de diversidad sexual y género de Bogotá promueve toda una estrategia de vinculación laboral en diferentes espacios públicos del distrito con especial énfasis en personas trans; la creación y puesta en marcha de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia presentó, hace un par de años, un estudio de la situación laboral en el país y propuso unas acciones a las empresas para promover espacios laborales incluyentes; la plataforma Pride Conection, que reúne empresas en el país, le apuesta a un mandato incluyente que consiste en transformación interna para desmontar prácticas excluyentes, promover vinculación de personas de esta población y acercar sus agendas a las agendas del movimiento social; la contratación en algunas entidades territoriales, organizaciones sociales y microempresas de personas abiertamente LGBTI; y la aparición de algunas acciones de emprendimiento, que con las dificultades de este tipo de modalidad -que rayan con la precarización laboral-, ha incluido algunas propuestas de personas de este grupo poblacional.
Estos esfuerzos siguen siendo escasos, porque aún no tenemos una política laboral integral y la falta de oportunidades para los grupos poblacionales es una constante en Colombia. Por ello, en este día del trabajo tiene toda vigencia exigir la articulación que según la OIT hace que el trabajo sea un derecho y se ofrezca en condiciones de dignidad: poner de manera urgente en las agendas sindicales, empresariales y de políticas del trabajo compromisos concretos que garanticen la accesibilidad con enfoque de derechos de las personas LGBTI a espacios laborales; motivar a empresas y empleadores a activar políticas y planes medibles que desmonten los prejuicios que viven las personas en el mundo del trabajo por su diversidad sexual o de género; fortalecer la perspectiva diferencial en los procesos de selección, políticas de protección y garantías de sostenibilidad en el mundo laboral; y en todo el país, de la mano de los gobiernos y sectores educativos, promover una acción contundente de formación para el trabajo con y desde los y las que históricamente han sido excluidas del acceso al trabajo.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo