El borramiento de las vidas diversas como estrategia de los Estados y de particulares —junto a la complicidad social— han hecho a las personas LGBTIQ+ víctimas de la desaparición forzada en medio de conflictos armados, dictaduras y democracias débiles.
No existir, pasar desapercibidos, vivir como si no estuviéramos, es a lo que nos ha condenado el prejuicio social en Colombia, que ha entendido nuestra diversidad como una amenaza y ha decidido responder a nuestros reclamos de ciudadanía plena con la invisibilización.
El conflicto armado que se acomodó en nuestro país —en la misma época en la que se constituía el movimiento social— fue imponiendo un orden moral en el que no teníamos cabida, por ello, rápidamente reaccionaron con violencia a nuestra aparición en marchas y reinados; a nuestra lucha por la identidad respondieron con represión, y a nuestra solicitud de protección, el Estado reaccionó con desprecio. Esto trajo hacia nuestra existencia prácticas como tortura, desplazamiento forzado, amenazas asesinatos y, al final del eslabón, como la última expresión de su poder machista patriarcal y hegemónico, desparecernos…porque solo sentían desprecio por nuestras vidas.
La desaparición es, etimológicamente, la conjunción de dos realidades opuestas y contradictorias: “des” es eliminar y “aparecer” es hacerse visible. En lo que compete a los grupos poblacionales como las personas LGBTIQ+, en medio de guerras y dictaduras, se usó como dialéctica de guerra el hecho de que, a mayor visibilidad, aumento de prácticas de anulación. Al hacerse presente, responder con tácticas de borramiento y, al reclamar derechos, responder con hacer a un lado. Esta práctica, además, está precedida por un camino obligado a transitar; el de la marginalización, empobrecimiento y negación de derechos.
Esto de ser invisibles es muy cotidiano para las personas sexo-genero disidentes; ya lo advertía el testimonio de Hans Neumann sobre Josph K., sobreviviente de los campos de concentración y que se conoció justo hace 50 años, quien denuncia que más de 15 mil homosexuales en la segunda guerra mundial fueron desaparecidos, no recluidos en campos de concentración, porque para los Nazis su condición no era redimible.
Este crimen ha sido una realidad en muchos de los países que estamos aquí hoy representados; nuestros conflictos, dictaduras, débiles democracias y prácticas nacionalistas han permitido la presencia del crimen de desaparición forzada hacia las personas LGBTIQ+.
- A principios de los años sesenta, en Guatemala la represión política decidió desaparecer a aquellas personas que pertenecían o parecían pertenecer a grupos poblacionales que no se acercaban a las acciones hegemónicas como una estrategia para disuadir la diversidad.
- En los setenta, Argentina decidió acallar las opiniones contrarias y dominar con violencia voces discordantes.
- En esa misma década Chile, decidió amenazar con terror todas las expresiones de debilidad en las que se agrupaban las feminidades que no pertenecían a las mujeres, o las licencias sexuales fuera del matrimonio.
- En los años ochenta, el Salvador decidió nombrar a los disidentes como enemigo interno y, en ellos, agrupó estudiantes, sindicalistas y grupos sociales donde se descollaban algunas expresiones de liberación homosexual.
- México, a partir de la década de los noventa detonó la desaparición como estrategia de guerra, particularmente contra las mujeres y lo que la igualdad de género demandaba.
- Y Colombia, donde lo cotidiano es desaparecer, agudizó en el conflicto armado ésta como una expresión para aniquilar la diferencia, bajo parámetros moralizantes donde la diferencia era vista como obstáculo para los proyectos políticos, culturales y hasta económicos
A pesar que todos estos países hoy hablan de fortaleza de la democracia, de construcción de paz o de ausencia de dictaduras en sus regímenes y acciones estatales y sociales, la desaparición forzada sigue siendo factor de eliminar la diversidad ante la mirada cómplice de las sociedades. Es que solo hasta 2007, con la ratificación de la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, los Estados dieron respuesta a un ejercicio valiente que familias y amigas, desde la década de los ochenta, enarbolaban por América Latina. Esa práctica la conmemoramos esta semana; buscar vivas a quienes nos quitaron vivas, porque no estábamos completas sin ellas.
Y, si bien para países como el nuestro la constitución en su artículo 12 señala la gravedad de este delito, y la Ley 589 de 2000 le penaliza, no logramos todavía una sociedad que lo rechace con vergüenza y un Estado que, no solo lo prevenga, sino que reconozca que su indiferencia lo está propiciando. Como señala Pilar Calveriro, en el crimen hay desaparición y desaparición social; la primera, se materializa por el actor criminal al quitar de en medio a la personas que quiere borrar y, la segunda, es provocada por el Estado que, como contribución al primero, hace rato echó en el olvido a las personas de grupos poblaciones más vulnerables, negándoles derechos, despreciándoles y anulándolos del ethos social. Su desprotección convoca la violencia estructural, esta produce invisibilidad social y, en esta invisibilidad, actúa el delito.
En un país que cuenta con más de 80 mil personas dadas por desaparecidas, según la UBPDD, y que la CEV considera que puede llegar a ser 110 mil y donde aún no sabemos nada del 92% de ellas, es una radiografía de una sociedad rota, que ha usado la desaparición como su arma más letal en medio de la guerra. Esta práctica, además de cruel, es selectiva, pues se dirige hacia los más olvidados de la sociedad, los que el Estado ignora y la complicidad social discrimina, pues son estas conductas estatal y social la patente que requiere el delito de desaparición para cumplir su cometido.
Este monstruo que aniquila no viene solo; está antecedido de expresiones de violencia que buscan reducir la víctima, como torturas, secuestros, detenciones, amenazas y, al final, cuando ya la existencia está estigmatizada y mutilada, el aliento de la desaparición saca de escena esa humanidad sobre la que se enquistó la violencia. Por ello, afirmamos que la desaparición forzosamente comprende una serie de acciones intencionadas, organizadas y sistemáticas que buscan borrar la existencia de la otra persona y lo que esa existencia representa, además opera en escenarios de combinación de una territorialidad empobrecida y unos grupos poblacionales olvidados.
El acuerdo de paz dio oportunidad de superar la impunidad desde un carácter humanitario y abrió espacio para que, en diálogo con las organizaciones sociales —al que tanto se ha resistido Medicina Legal— se construyan metodologías de investigación donde participen las familias en toda su dimensión.
Hace un año la Comisión de la Verdad nos entregó su Informe Final y, en él, se pudo evidenciar cómo los prejuicios contras las personas LGBTIQ+ permitieron una complicidad social que facilitó las violencias contra ellas hasta reducirlas a la invisibilidad. Es por esto que advierte que reconocer que la discriminación —incluida aquella fundamentada en la orientación sexual, identidad y/o expresión de género— fue uno de los principales catalizadores de la violencia en la guerra. Es decir, los actores armados se valieron de prejuicios preexistentes contra personas LGBTIQ+ para avanzar en sus objetivos bélicos. Asimismo, sus comunidades aprovecharon el contexto de guerra y la histórica desprotección de las personas LGBTIQ+ para borrar aquellas identidades o expresiones que se consideraban incómodas.
Además de eso, identificó que existen dificultades para visibilizar las desapariciones forzadas de las personas LGBTIQ+ pues, por las violencias cotidianas que habían sufrido las víctimas en sus entornos familiares, educativos y laborales, carecían de redes de apoyo que les permitiera denunciar estos hechos.
La UBPDD tiene, al día de hoy, 47 solicitudes de búsqueda: 13 hombres gais, una mujer lesbiana, una persona intersex y 32 con hipótesis de identidad de género trans. En 50 solicitudes de búsqueda participan personas LGBTIQ+. Por ello, y acogiendo las recomendaciones de la CEV, quiero terminar recordando las más significativas relacionadas con la búsqueda de las personas LGBTIQ+ dadas por desaparecidas, que sentimos que, en vez de implementarse, se están esquivando.
- Crear condiciones institucionales permanentes para prevenir, atender y acabar con la impunidad frente a la desaparición forzada, adoptando protocolos de investigación con enfoque diferencial.
- Fortalecer la implementación de los enfoques diferenciales dentro de la UBPDD.
- Que la UBPDD mantenga la estrategia del grupo de expertas para seguir promoviendo la búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde las realidades del movimiento.
- Apoyo integral a las familias sociales y consanguíneas para tramitar el daño y reparar los efectos de la desaparición ante el estigma que deben vivir por tratarse de unas personas LGBTIQ+ dadas por desaparecidas.
- Contribuir a la memoria de manera pública, en lugares emblemáticos, para evocar a quienes no están y esto consolide un apoyo para los activismos de hoy.
- Protocolos forenses y sistema de datos desagregados, respetando la confidencialidad para el reconocimiento de las orientaciones sexuales y de género.
- Dignificar la labor de las buscadoras y los buscadores de las personas dadas por desaparecidas para fortalecer y visibilizar sus acciones, garantizando siempre los derechos de la víctima a la verdad, justicia y garantías de no repetición, así como su derecho a buscar, ser buscado y participar en el proceso.
Pensemos estos dos días de discusiones como movimiento social sobre estos interrogantes: ¿Que desaparece con el desaparecido?, ¿Dónde están las decenas de personas que un día se marcharon por la presión social que significaba su diversidad sexual y de género?, ¿Cómo lograr que la invisibilidad no siga siendo la respuesta social y estatal a nuestra demanda por reconocimiento?
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo