Urgen garantías para un ejercicio de pleno derecho y dignidad.
05 de febrero de 2025. La movilidad humana es un concepto paraguas que hace referencia al acto de trasladarse de un territorio a otro e integra una perspectiva sociológica que considera aspectos como los motivos, la experiencia migratoria y las situaciones socioeconómicas que rodean este desplazamiento. Este concepto abarca experiencias migratorias internas, desplazamiento forzado, migración voluntaria o migración internacional, entre otras.
Cualquier persona que se encuentre fuera del territorio social, afectivo o político al que pertenezca es una persona migrante. Se entiende por migrante internacional a aquel que se encuentra fuera del territorio del cual es nacional, sin considerar su situación migratoria, su intención o su temporalidad (CIDH, 2019). En cuanto a este concepto, es importante tener en cuenta que, en el marco del derecho internacional, es prioritario garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales a todas las personas, independientemente de su situación migratoria, en conformidad con:
“Los Artículos 1 y 2 de la Convención Americana; y el derecho de todos los migrantes a igualdad de trato y no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, bienes, estado civil, orientación sexual, identidad o expresión de género, grupo étnico, discapacidad, nacionalidad o apatridia, migración o residencia, edad, razones para cruzar fronteras internacionales o circunstancias del viaje o descubrimiento, o cualquier otro factor” (CIDH, 2019, p. 1).
En línea con lo anterior, es obligación de los países receptores de migración garantizar una permanencia que reconozca los derechos y la dignidad humana de quienes, sin importar su origen nacional, se encuentran en su territorio. Por ello, la principal responsabilidad en este sentido es salvaguardar el derecho a la vida, garantizando el disfrute de los derechos humanos, independientemente de la situación migratoria. Por ende, a pesar de la situación de irregularidad —entendida como aquella experiencia en la que el migrante no cuenta con la documentación normativa o reglamentaria para ingresar y permanecer en un país distinto al de su nacionalidad (CIDH, 2019)—, sigue siendo responsabilidad de los Estados proteger el bienestar individual, el desarrollo y el acceso a derechos del migrante.
Un derecho fundamental de quienes migran internacionalmente debe ser la no estigmatización, ya que una persona no constituye un delito a pesar de su situación migratoria irregular. Hablar de “migración ilegal” implica un calificativo que refuerza la criminalización del migrante, generando diversas formas de discriminación y prejuicios que reproducen la idea de que estas personas representan una amenaza para la sociedad. Al mismo tiempo, fomenta políticas migratorias represivas que niegan el reconocimiento de la dignidad humana, lo que conlleva acciones radicales como deportaciones masivas, detenciones arbitrarias, separación de familias y, por supuesto, la violación de los principios ya mencionados.
Un panorama de estigmatización se construye mediante un lenguaje hostil basado en discursos que suelen señalar a la población en situación de movilidad humana en Estados Unidos como “narcotraficantes, criminales, asesinos y violadores”. Este encabezado fue presentado en Ojo Podcasts, una propuesta que cuestionó el discurso de Donald Trump en medio de la presentación de sus políticas antimigratorias (Canal L. X., 2025). Lo mismo sucede con la población migrante LGBTIQ+ en situación migratoria irregular, quienes enfrentan señalamientos que interseccionan su orientación sexual, identidad y expresión de género diversa con su origen nacional. Esto los expone a mayores riesgos de exclusión, violencia y abuso en los países de tránsito y destino.
Seguir utilizando el término “migrantes ilegales” amplía las barreras frente al acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo. Además, dificulta su integración social y económica, aumentando la precarización, la pobreza y la exclusión. Esto se agrava cuando se trata de personas LGBTIQ+, al perpetuar discursos que fomentan su estigmatización y marginación.
Para contrarrestar estas vulneraciones, es necesario promover un enfoque diferencial e interseccional basado en un lenguaje inclusivo, respetuoso y con perspectiva migratoria y de género. En este sentido, utilizar términos como “migrantes en situación irregular” o “personas en situación de movilidad humana” y reconocer el nombre identitario o la experiencia migratoria en función de la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa de la persona, resulta más preciso y evita la deshumanización. Este cambio de lenguaje no solo refleja una mayor empatía con la realidad de esta población, sino que también contribuye a un debate más constructivo, digno y basado en el reconocimiento de los derechos internacionales sobre la migración.
Bibliografía
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019) Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, disponible en el link: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios%20ddhh%20migrantes%20-%20es.pdf
Canal, X. (2025 enero 30). Redadas por TV, discursos de odio institucional y ‘bullying’ a otros países: la nueva política migratoria de Trump. OJO Podcasts, disponible en el link: