Estos son los retos y oportunidades para la protección de los derechos de personas LGBTIQ+.
20 de enero de 2024. El 16 de enero de 2024, Néstor Osuna fue designado como Procurador Delegado de Derechos Humanos, uno de los primeros nombramientos realizados tras la llegada de Gregorio Eljach a la Procuraduría General de la Nación. Osuna es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, docente investigador de la misma institución y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca.
Este cargo es clave para mejorar la vida de las personas LGBTIQ+ en Colombia, quienes continúan siendo víctimas de violencia; a tan solo veinte días de iniciado el año 2025, ya se han registrado 11 asesinatos de personas LGBTIQ+ en el país. En sus primeras declaraciones como Procurador Delegado, Osuna enfatizó que su gestión estará orientada a abordar las masacres y responder a las alertas emitidas por las comunidades. Asimismo, manifestó su intención de trabajar con un enfoque preventivo, inspirado en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, con el fin de identificar riesgos de forma anticipada y coordinar acciones con las autoridades competentes.
La amplia trayectoria de Néstor Osuna en el sector público y su compromiso con los derechos humanos lo convierten en una figura fundamental para asumir los retos de su nuevo cargo.
El cargo de Procurador Delegado en Derechos Humanos es considerado como el tercer cargo más alto del órgano de control, después del procurador y viceprocurador. Adicionalmente, el liderazgo del nuevo Procurador Delegado, como un hombre abiertamente gay, tiene el potencial de no solo visibilizar las luchas de la las personas sexo-género diversas, sino también de fortalecer la confianza y el reconocimiento de las personas sexo-género diversas en las instituciones públicas, demostrando que la diversidad en los espacios de poder es un pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
En este contexto, hemos realizado un análisis detallado de los decretos, circulares y directrices que definen las responsabilidades y competencias del Procurador Delegado para los Derechos Humanos, desde la perspectiva del reconocimiento y garantía de los derechos de las personas sexo-género diversas:
Decreto 262 de 2000
Establece las competencias generales del Procurador General de la Nación y sus delegados. En el caso del Procurador Delegado para los Derechos Humanos:
- Tiene la función de supervisar que las entidades estatales cumplan con las normas relacionadas con los derechos humanos.
- Puede intervenir en casos de violaciones graves de derechos humanos, especialmente en contextos de discriminación y exclusión.
- Es competente para emitir recomendaciones a las entidades públicas sobre políticas inclusivas, como aquellas que protegen los derechos de las personas LGBTIQ+.
Resolución 017 de 2000
- Define las directrices internas de la Procuraduría en temas de derechos humanos.
- Introduce un enfoque de protección a grupos vulnerables, incluyendo a las personas LGBTIQ+, para evitar discriminación y violencia estructural.
- Insta a las oficinas territoriales de la Procuraduría a monitorear y reportar casos de violación de derechos contra comunidades históricamente discriminadas.
Resolución 254 de 2017
- Refuerza las estrategias institucionales para la defensa de los derechos humanos en contextos específicos.
- Enfatiza la obligación de proteger a comunidades en riesgo, como las personas LGBTIQ+, frente a escenarios de violencia sociopolítica o exclusión social.
- Establece protocolos específicos para garantizar una atención diferenciada e inclusiva.
Decreto 2124 de 2017
- Reglamenta mecanismos de intervención por parte del Ministerio Público en asuntos relacionados con derechos fundamentales.
- Permite a la Procuraduría intervenir en casos donde exista una vulneración directa de los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente en temas de salud, educación y justicia.
Directiva 002 de 2017
- Fija lineamientos para prevenir y erradicar la discriminación contra las personas LGBTIQ+ en el ámbito laboral.
- Obliga a las entidades públicas a garantizar espacios laborales libres de discriminación, promoviendo la inclusión activa de esta población.
- Establece mecanismos de vigilancia y sanción para quienes vulneren estos derechos en sus funciones públicas.
Directiva 001 de 2019
- Refuerza el enfoque diferencial en la atención de derechos humanos, especialmente para comunidades en situación de vulnerabilidad, como las personas LGBTIQ+.
- Insta a las autoridades locales a adoptar medidas específicas para proteger a las personas de esta población frente a actos de violencia y discriminación.
- Promueve el diseño de políticas públicas locales con un enfoque de género y diversidad.
Circular 024 de 2019
- Reitera la obligación de las instituciones públicas de implementar políticas inclusivas para las personas LGBTIQ+.
- Insta a las entidades territoriales a monitorear y reportar los avances en la garantía de derechos para esta población.
- Subraya la importancia de incorporar un enfoque de diversidad en la planeación y ejecución de programas gubernamentales.
Circular 22 de 2019
- Define los procedimientos que deben seguir las entidades públicas para prevenir, atender y sancionar casos de discriminación.
- Proporciona herramientas para la recopilación de datos sobre actos de violencia y exclusión hacia personas LGBTIQ+, facilitando la intervención de la Procuraduría en estos casos.
- Refuerza la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos en temas de derechos humanos con un enfoque inclusivo.
Siguiendo estas consideraciones, desde Caribe Afirmativo presentamos las siguientes recomendaciones al nuevo Procurador Delegado para los Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer el rol de la Procuraduría como un referente en la defensa y promoción de los derechos humanos, integrando un enfoque de género, diferencial e interseccional. Asimismo, resaltamos la importancia de impulsar acciones concretas que garanticen el reconocimiento y la protección de las personas sexo-género diversas en Colombia.
- Fortalecimiento de la supervisión y vigilancia:
En cumplimiento del Decreto 262 de 2000, se recomienda que se refuercen los mecanismos de supervisión para garantizar que las entidades estatales cumplan con las normas relacionadas con los derechos humanos, haciendo énfasis en la protección de las personas LGBTIQ+, quienes se ven afectadas por una vulneración de sus derechos humanos sistemática y estructural. - Promoción de políticas:
De acuerdo con la Resolución 017 de 2000, se insta al Procurador Delegado a emitir recomendaciones a las entidades públicas para diseñar y ejecutar políticas que integren un enfoque de género e interseccional, que reconozca las necesidades de las personas LGBTIQ+, así como emitir recomendaciones para el diseño y ejecución de Políticas Públicas LGBTIQ+. Adicionalmente como lo lo establece la Circular 024 de 2019, se recomienda que se promueva la la participación activa de personas LGBTIQ+ en el diseño y evaluación de esas políticas. - Atención a comunidades en riesgo:
Siguiendo la Resolución 254 de 2017, se sugiere la implementación de protocolos específicos que garanticen atención diferencial a personas LGBTIQ+ en situaciones de riesgo, incluyendo escenarios de violencia sociopolítica, desplazamiento forzado y exclusión social. - Monitoreo y reporte territorial:
En línea con las Directivas 001 y 002 de 2019, se debe fomentar la capacitación de las oficinas territoriales de la Procuraduría para monitorear y reportar de manera efectiva violaciones a los derechos humanos de esta población, incentivando la creación de redes de alerta temprana en colaboración con organizaciones locales. - Prevención y sanción de la discriminación laboral:
Basado en la Directiva 002 de 2017, es vital instar a las entidades públicas a adoptar medidas efectivas para prevenir y erradicar la discriminación en el ámbito laboral, garantizando espacios para funcionarios LGBTIQ+. - Fortalecimiento de capacidades institucionales:
En coherencia con la Circular 22 de 2019, se deben reforzar las estrategias de capacitación a funcionarios públicos en derechos humanos con un enfoque de género, diferencial e interseccional, promoviendo el uso de herramientas para prevenir, atender y sancionar casos de discriminación hacia personas sexo-género diversas. - Colaboración con la Defensoría del Pueblo y actores territoriales:
Aprovechando la mención en sus declaraciones sobre la importancia de la prevención, se recomienda una colaboración estrecha con la Defensoría del Pueblo para articular estrategias de protección, monitoreo y respuesta oportuna ante violaciones de derechos contra personas LGBTIQ+.
Desde Caribe Afirmativo consideramos que es vital que la Procuraduría General de la Nación asuma un papel activo y ejemplar en la implementación de mecanismos efectivos para la prevención, atención y sanción de actos de discriminación y violencia, articulando esfuerzos con otras entidades del Estado y con organizaciones de la sociedad civil.
Desde Caribe Afirmativo, reiteramos nuestro compromiso para apoyar y acompañar este proceso. Confiamos en que estas recomendaciones sean un insumo valioso para orientar las acciones de la Procuraduría en esta nueva etapa, y hacemos un llamado a que se priorice la creación de alianzas estratégicas, el fortalecimiento de capacidades institucionales y el seguimiento riguroso a la implementación de políticas inclusivas. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo será posible garantizar que los derechos de las personas LGBTIQ+ sean una realidad en todos los territorios, contribuyendo así a la construcción de un país donde todas las personas puedan vivir con dignidad, respeto y seguridad.