18 de octubre de 2022. En los últimos fines de semana se han evidenciado en Colombia diversas afectaciones a la vida y seguridad de personas LGBTIQ+. Entre el 8 y 9 de octubre fueron noticia los asesinatos de Juan Esteban Alzate, un joven que viajaba con su pareja en transporte público en Bogotá, y Mayte Mejía, una mujer trans migrante venezolana en Calarcá, Quindío. El 15 de octubre se encontró el cuerpo de Thalía Díaz Vergel, quien llevaba varios días desaparecida, en la zona boscosa de la vereda Las Marías de Aguachica, Cesar.
La situación de violencias de personas LGBTIQ+, y en especial de personas con experiencias de vida trans, deberían encender todas las alarmas estatales de vulneraciones a los derechos humanos. El Observatorio de DD.HH. de Caribe Afirmativo ha registrado 20 casos de mujeres trans asesinadas en Colombia en 2022, lo cual demuestra la necesidad de acciones concretas para la garantía de derechos de personas trans y genera un interrogante fundamental: ¿Cómo hablar de paz total si a las personas trans las siguen asesinando?
Sin embargo, los asesinatos no son la única forma de violencia que amenazan las vidas de las personas con experiencias trans en su cotidianidad. La violencia estructural, reconocida como aquella violencia que impide a las personas satisfacer sus necesidades básicas, las cuales deberían estar garantizadas por el Estado, es propiciada por el abandono estatal en forma de la ausencia de garantías y medidas efectivas para proteger a personas en condiciones de vulnerabilidad, convirtiéndose en otra violencia que acaba con las personas y las identidades trans.
Por ejemplo, durante la cuarentena estricta dada por la pandemia de COVID-19 murieron al menos tres personas trans en condiciones de profunda negligencia y abandono estatal: Alejandra Monocuco, mujer trans trabajadora sexual del barrio Santafé en Bogotá; Estefany “Chispita”, mujer trans habitante de calle en Cartagena; y Vicky, mujer trans en situación de movilidad humana, trabajadora sexual y habitante de calle en Barranquilla. Estas muertes pudieron ser fácilmente evitables con una atención médica oportuna e integral, al servicio de todas las personas.
Sólo este mes fallecieron además Skarleth Exmeiro Negrett en Santa Marta, y Chokis Medina en Medellín, en condiciones de profunda negligencia y abandono estatal. Todas estas muertes son un claro ejemplo de la negligencia estatal y de una violencia institucional sistemática e histórica hacia las mujeres trans en la región Caribe y el país, que considera de segunda categoría sus demandas, negándole derechos fundamentales como la vivienda y la salud.
Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado urgente a que el Estado asuma sus responsabilidades y tome acciones frente al sistema cis-normativo que considera a las personas trans como sujetos de menos derechos. Los enfoques diferenciales para personas trans, personas en situación de calle y personas seropositivas son necesarios para que el sistema de salud responda a las necesidades reales de las personas cuyas vidas debería estar salvando cada día.