10 de agosto de 2020. El pasado domingo 26 de julio, y en circunstancias confusas que son materia de investigación[1], murió Juan Luis Guzmán González al interior de la Estación de Policía del municipio de Arboletes (Antioquia). Juan era un joven gay, bullerenguero hasta los huesos, estudiante de Ingeniería Agrónoma en la Universidad de Córdoba, y deja un profundo dolor en su familia, amigues, compañeres y quienes reconocían en él una persona amable, emprendedora y siempre dispuesta a ayudar. Juan apoyaba la construcción colectiva en torno a la música y la danza de la tradición de los pueblos negros, como “formas únicas de ser y actuar como agentes sociales y de cambio en el territorio”.
Esta muerte violenta ocurre cuando el Estado era responsable de velar por la vida y seguridad de Juan, y se convierte en un hecho lamentable que enluta y preocupa a las personas LGBT del Urabá. No es la primera vez que muere una persona LGBT mientras está detenida en un lugar, al cuidado de la Policía, y en otros casos se ha encontrado responsabilidad por parte del Estado. Asimismo, esta institución ha violado históricamente los derechos de las personas LGBT en diferentes territorios del país, con cifras alarmantes que exigen que esta muerte violenta sea investigada con la mayor profundidad y celeridad posible.
En todo este escenario, es necesario volver a exigirle a la Policía Nacional el cumplimiento de los protocolos de atención a poblaciones vulnerables, asumir un compromiso eficaz en erradicar la violencia y llevar procesos internos mediante los cuales se juzgue y sancione a los agentes que atenten contra las personas LGBT, llamado al que ya se ha sumado la Defensoría del Pueblo en su informe “Cuando autoridad es discriminación. Violencia Policial contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas en espacios públicos”. Adicionalmente, la institución debe estar presta a colaborar ante las demás autoridades que investigan este tipo de hechos.
Con todo esto, desde Caribe Afirmativo invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier vulneración de derechos, violencias o negación de nuestras vivencias o existencia ante las autoridades, organizaciones sociales y lideresas y líderes territoriales. Igualmente, le advertimos al Estado que en este 2020 ha habido numerosos casos de violencia contra personas LGBTI en Urabá, con ataques incluso contra lideresas y líderes sociales LGBTI, lo que obliga al Estado a implementar estrategias para garantizar los derechos de todas las personas.
Finalmente, esperamos que la pandemia no sea excusa para que no se investigue la muerte violenta de Juan Guzmán González. La Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal tienen el compromiso de asegurarse si Juan fue víctima de un delito, y, en caso que así lo sea, actuar con la mayor diligencia posible para que no quede en la impunidad. A su vez, en ese caso le corresponderá a la Fiscalía analizar si se trata de un caso motivado por prejuicio no, teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean estos hechos.
[1] Al momento de publicar esta información, no hay detalles concluyentes por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.