07 de mayo de 2020. La historia reciente de Antioquía se ha demarcado por procesos de movilidad humana a nivel interno del departamento, al igual que desde otros como Córdoba. Debido al conflicto armado estos procesos se caracterizaban, principalmente, por personas desplazadas de sus tierras que se veían obligadas a dejar sus viviendas para escapar del flagelo de la guerra.
En este proceso de huida, las personas en condición de desplazamiento se asentaron, en mayor medida, en el área metropolitana del Valle de Aburrá comprendida por los municipios de: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, entre otros. A raíz de esto en el 2017, la Universidad de Antioquía identifico a la vereda de Granizal como uno de los lugares donde mayor número de personas en situación de desplazamiento se asentaron. Se calcula que hay alrededor de unas 25.000 personas, siendo así el segundo asentamiento más grande de Colombia.
Esta situación sumada a las dinámicas sociales y económicas de la ciudad de Medellín (principal centro urbano del área metropolitana) se convirtieron en una fórmula seductora para que las personas migrantes venezolanas escogieran Medellín y sus alrededores para establecerse. Esto se ve reflejado en cifras arrojadas por Migración Colombia en su reporte con corte al 31 de diciembre de 2019. En este reporte se puede ver que Medellín es el quinto municipio de Colombia con mayor población venezolana asentada con 85.062 personas, superando a ciudades como Riohacha y Maicao.
Sin embargo, estas dinámicas sociales y económicas que llegaron a ser atractivas para un gran porcentaje de migrantes venezolanos y venezolanas, no se han visto reflejadas en su proceso de integración social. Al igual que en todo el territorio colombiano, la falta de programas sociales integrales por parte de los gobiernos locales que ayuden a este proceso ha decantado en que las personas venezolanas migrantes vivan en contextos donde se ejerce violaciones a sus derechos fundamentales.
Estas violencias afectan de manera más acentuada a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como la población LGBTI. Los problemas que aquejan a la población LGBTI migrante que llega desde Venezuela no se ven solucionadas y las respuestas por parte del gobierno son escasas. Muchas de estas personas no cuentan con el estatus migratorio regularizado que les permita acceder a los servicios de salud, educación y empleo.
Desde algunas organizaciones sociales y agencias de cooperación internacional, se llevan a cabo acciones que ayudan a la población en general. Sin embargo no hay mayor claridad en cuanto a cómo brindar una atención diferencial a personas con orientación sexual, identidad y expresión de genera diversas. Sumándole a esto, las situaciones de dificultad en el autorreconocimiento han llevado a una invisibilización de las distintas problemáticas vividas por personas LGBTI venezolanas.
Por esto, en el marco del proyecto “Fronteras y Diversidad” llevado a cabo por Caribe Afirmativo en conjunto con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), se han adelantado reuniones con organizaciones de base, entidades gubernamentales y agencias de cooperación internacional con el fin de conocer las principales barreras para la intervención de población migrante venezolana LGBTI. A través de esto se espera llegar a un entendimiento amplio de como las actividades realizadas responden a las necesidades de las personas con orientación sexual, identidad y expresión de genero diversas que viven en contexto de alta vulnerabilidad.
Además, se tendrá acercamiento con la población venezolana LGBTI, para conocer de primera mano cuales han sido las violencias particulares que han tenido en su proceso de tránsito migratorio y las dificultades que se han presentado al intentar integrarse a la sociedad antioqueña. Al conocer estas situaciones nos va a permitir entender como se ha vulnerado los derechos fundamentales de la población LGBTI venezolana de manera diferenciada.
Con esto, a finales de mayo se logrará un diagnóstico situacional de la población migrante venezolana LGBTI que abarcará, además de Medellín, los territorios de Riohacha, Barranquilla, Cúcuta e Ipiales. A través de este diagnóstico esperamos lograr la visibilización de la realidad de las personas migrantes venezolanas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa y, así, poder construir herramientas que en un futuro cercano permitan a todos los actores de este fenómeno atender a las distintas necesidades y cumplir los retos que la migración venezolana plantea para todos y todas.