“Me encuentro horrorizado y consternado por las versiones de líderes que describieron los ataques que ha enfrentado” estas fueron las palabras de Michel Forst.
El pasado lunes 3 diciembre de 2018, Michel Forst, relator especial de la ONU desde 2014, culmino su visita por nuestro país con una rueda de prensa, en la que dio cuenta del informe sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, el cual fue entregado gobierno nacional.
Este informe recoge las experiencias expuestas en entrevistas realizadas por el relator en distintas regiones del país, quien durante 10 días llego a territorios afectados por la violencia en contra defensores de derechos.
Caribe Afirmativo, aporto a este proceso a través de una reunión en la ciudad de Riohacha (La Guajira) en la que expuso la situación de seguridad que afrontan defensores y defensoras de derechos de personas LGBT en el caribe colombiano, como el aumento de las amenazas a líderes y líderes sociales a través de panfletos atribuidos a actores armados, justificándose en que con estos liderazgos se atenta contra la moral y demás imaginarios negativos hacia personas con orientaciones sexuales, identidades expresiones de genero diversas.
Además de lo anterior pusimos en conocimiento del relator lo concerniente al difícil acceso a mecanismos de protección del Estado a través de la Unidad Nacional de Protección, puesto que existen protocolos de seguridad para personas LGBT y que para ser una personas objeto de protección se debe formar parte de una organización defensora de derechos humanos legalmente constituida, desconociendo que en los territorios rurales del caribe, el activismos de personas LGBT no provienen de luchas organizadas sino de las acciones colectivas que ellas y ellos realizan en los territorios, sin dejar de lado los costos de dicho registro.
Así las cosas, luego de esta y otras reuniones y entrevistas con defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de líderes y lideresas desaparecidos en ejercicio de la defensa de derechos humanos, el relator especial de la ONU socializo un informe detallado de la situación conoció y sobre todo compartió el temor que sintió en estas reuniones y exclamo que se siente “horrorizado y consternado por las versiones de líderes campesinos, afrocolombianos e indígenas, que describieron los ataques que ha enfrentado sin poder los decir nombres”, pero que a pesar de ello reconocen que los homicidios vienen siendo perpetrados en su mayoría por “sicarios”.
Manifiesto que siento necesidad de las víctimas de saber la verdad y obtener justicia y reparación, sobre todo los familiares de defensores y defensoras de derechos humanos desaparecidos, quienes con foto en mano conmovieron al relator especial de la ONU, haciendo que esta fuera una sus experiencias más impactantes como relator especial visitante, dado que como lo expreso “la situación de Colombia en este aspecto es realmente dramática”.
Seguidamente comunicó que el informe busca describir la tipología de los ataques, quienes son las víctimas que se encuentran en mayor riesgo y las realidades a las que se enfrentan, quienes son los victimarios y la diversidad de los defensoras y defensores que encontró en Colombia como indígenas, afrocolombianos, mujeres y defensores que trabajan en temas complejos como derechos de personas LGBT y accesos a derechos sexuales y reproductivos.
Para ello se tomó el registro de datos, nombres direcciones y lugares, ya que el fin de esta visita no es solo informar y mostrar la realidad del país, sino también hacerle un seguimiento tanto a algunos casos emblemáticos, como a la aplicabilidad que le del gobierno nacional a las recomendaciones entregadas.
Anudado a ello el informe en segunda fase será presentado en marzo de 2020 al consejo de la Organización de las Naciones Unidas y además contendrá capítulos dedicados a 1)los casos en lo que se vean involucrado compañías internacionales, para el apoyo y consentimiento para la realización de actos de violencias contra defensores y defensoras de derechos humanos; 2) los casos de criminalización y prohibición del ejercicio de actividades de liderazgo por la justicia, limitando el derecho a la libre expresión, el derecho a realizar protestas pacíficas y el uso excesivo de la fuerza de seguridad en estas protestas; y 3) elementos para la implementación de políticas públicas direccionadas a la protección de defensores y defensoras, y la prevención de los riesgos, advirtiendo que para ello se es necesario que exista un estrecha consulta y colaboración con los defensores y defensoras de todo el país, no solo con los que tiene acceso al nivel central.
En relación a este último punto, afirmó que percibió voluntad política del gobierno para la prevención los actos de violencia hacia defensores y defensoras de derechos, pero que lo importante es que esta voluntad se concretice en la puesta en marcha de los compromisos adquiridos a pro de este grupo poblacional.
En ese sentido, fue muy incisivo en afirmar que su misión no es “complacer a un gobierno”, sino que por el contrario se encargará de decir la verdad, y que ello se evidenciará en un proceso de monitoreo al gobierno en la implementación de las recomendaciones y compromisos adquiridos.
En esta primera fase, se encuentra un reporte de percepción de la institucionalidad en las regiones, encontrando tanto actores aliados como opositores para los defensores y defensoras de derechos humanos. Los aliados principales son la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Defensoría del Pueblo, mientras que instituciones como el Ministerio de Defensa y al Gobernación de Antioquia, son reconocidas como opositores y detractores, dado que han adelantado grandes campañas de difamación en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, actos que para el relator “son inaceptables y he hecho un llamado de atención al presidente, para a través de su gabinete, evitar ataques públicos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos”, de igual manera extendió la solicitud a la Procuraduría General de la Nación para dar seguimiento y disciplinar a los funcionarios responsables de “difamación del maravilloso trabajo que hacen los defensores y defensoras de derechos humanos en este país”
En la rueda de prensa, el relator trato el tema sobre las cifras y tasa de impunidad suministrada por la Fiscalía General de la Nación, tasa que además de alta, no refleja la realidad encontrada en las regiones del territorio colombiano y que se relaciona con la preocupante realidad, de disminución de los homicidios en el país en general, pero un aumento significativo de los homicidios a personas defensoras de derechos humanos.
Finalmente menciono que una de las principales recomendaciones hechas al Estado colombiano, estuvo encaminada a “hacer presencia en aquellos lugares donde el estado ha estado ausente para proporcionar accesos a servicios básicos”, para lo que propone adoptar el concepto de Seguridad Humanitaria en el desarrollo de políticas públicas para asegurar el bienestar de las personas en las regiones afectadas por la violencia.