Este 8M nos tomamos las calles para exigir nuestro derecho a entornos educativos libres de violencias, donde no tengamos que sentirnos constantemente susceptibles al acoso sexual y hostigamiento.
7 de marzo de 2023. Acceder a formación académica en espacios educativos siendo mujer es un proceso que, históricamente, ha estado permeado por el machismo, sexismo y barreras estructurales —o muros— que se vuelven más altos y robustos cuando se es una mujer lesbiana, bisexual, trans, negra, indígena, discapacitada, empobrecida, migrante, entre otras. Al momento de empezar a habitar esos espacios, como escuelas o universidades, nos encontramos con otros muros, como la continuidad de la sexualización de nuestros cuerpos, el acoso sexual y otro tipo de violencias basadas en género.
Los casos dan cuenta de que estas están presentes en todos los espacios y afectan a mujeres y personas sexo-género diversas donde, con más frecuencia de lo que se piensa, las víctimas son niñas y adolescentes. Por ejemplo, en el caso de la Institución Educativa Politécnico, en Soledad, un docente fue señalado de haber violado, al menos, a dos estudiantes menores de edad. A pesar de que el año pasado se registró el primer caso, las autoridades solo empezaron a tomar medidas en febrero de este año, cuando fue mediático el segundo caso. En cuanto a entornos universitarios, durante los últimos meses han destacado los casos de Víctor de Currea, señalado de acoso sexual mientras fue docente en la Universidad Javeriana y Universidad Nacional entre 2011 y 2015; Porfirio Ruiz, quien fue destituido de la Universidad Nacional por hostigar sexualmente a uno de sus alumnos, entre otros casos que no han contado con fuerte seguimiento mediático.
Ahora bien, además de ser susceptibles al acoso sexual, hostigamiento y manipulación por parte de docentes, algunos compañeros y demás estudiantes de las instituciones —debido al machismo y misoginia— también llegar a sentirse con poder de ejercer violencia sexual sobre nuestros cuerpos, persiguiéndonos hasta baños para tomar fotografías de nuestras partes íntimas, como ocurrió el año pasado en la Universidad Autónoma del Caribe, o masturbarse frente a mujeres que circulan solas por algunas zonas de la universidad, como ocurrió en la Universidad de Antioquia. Respecto a lo mencionado, en la mayoría de estos casos, destaca la impunidad y el silencio por parte de directivas de los planteles.
Según Dejusticia, entre 2019 y 2020, hubo 423 denuncias por acoso en universidades, de las cuales 83 fueron por acoso sexual. Solo en aproximadamente el 10% de los casos por violencia sexual se aplicaron sanciones contra los agresores, esto quiere decir que 75 casos quedaron en total impunidad. Asimismo, el 90 % de las víctimas fueron mujeres y el 98 % de los agresores hombres. El Espectador, 2023.
Ante este panorama, este 8M nos tomamos las calles para exigir nuestro derecho a entornos educativos libres de violencias, donde no tengamos que sentirnos constantemente susceptibles al acoso sexual y hostigamiento. También saldremos a exigir justicia por los casos que continúan sin acciones investigativas y judiciales contundentes contra el acosador, así como el apoyo de las directivas ante cualquier indicio de acoso o violencia sexual en instituciones educativas. Merecemos espacios académicos seguros, donde podamos ir a estudiar sin miedo a ser acosadas o a compartir espacios con nuestro acosador.