30 de julio de 2020. El pasado 18 de diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió: Alerta Temprana 054- en la que se advierte y exhorta a medidas para hablar de los riesgos que la población civil vive y podría tener en el Sur Córdoba por la comprobación de actores armados ilegales y la progresiva exacerbación de la violencia en el territorio, puesto que por lo menos 26.132 habitantes entre campesinos e indígenas estarían en riesgo. Esta medida expedida fue el anuncio ante las arbitrariedades de los actores armados, y la utilización de medios y métodos prohibidos por la normativa. Posteriormente, en febrero del presente año empezó a circular un panfleto vía WhatsApp firmado por los “Caparros” anunciando la comisión de masacres.
El pasado 28 de julio fue noticia en la región Caribe el lamentable desplazamiento de ancianos, jóvenes niños y niñas, quienes habían pernoctado en las gradas del Polideportivo La Esperanza en el municipio de San José de Uré, tras amenazas de actores armados ilegales y el asesinato de tres personas: Elizabeth Melendres, de 64 años, y Bitaliano Feria Morales, de 66 años, así como su hijo Édison Feria Melendres, de 36 años en la vereda La Cabaña, corregimiento Versalles al Sur de Córdoba. Por lo menos 50 familias decidieron abandonar el sitio antes de la 1:00 pm en respuesta a la advertencia realizada por un actor armado ilegal, quien se autoproclama como los “Caparros”. En menos de 24 horas, nuevamente, se registra una nueva masacre en el corregimiento de Puerto Colombia a 20 minutos de la Zona Urbana y a 15 minutos del Ejercito Nacional donde asesinaron a tres hombres encontrados al borde de la carretera, con los que se suman seis personas.
Aprehender esta situación obliga a recordar las épocas más crudas que rodearon a muchos territorios del país donde sus habitantes salieron huyendo tras masacres, amenazas y presiones que acabaron con las posibilidades de vida, sucumbieron en pobreza y dolor los rincones del país, en el que la impunidad, el olvido y la imposibilidad de reparar el daño causado sigue latente, como se dice: el desplazamiento forzoso se constituyó en casi una arteria en la historia de este país.
Tras casi cuatros años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto con el FARC-EP nació la esperanza por la transformación, la reconciliación y la seguridad, una ilusión de permanencia.
El Sur de Córdoba conformado por cinco municipios: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré es un territorio denominado como PDET, por hacer parte de los 170 municipios que fueron priorizados por ser los más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional en las que se constituyen un entramado de dinámicas sociales. En esta zona existe una apuesta al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
Sin embargo, la confluencia de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel y el Parque Nacional de Natural Nudo de Paramillo crea condiciones geográficas ideales para los actores armados ilegales, pues los conecta a zonas de cultivo y el acopio de clorhidrato de cocaína con rutas de transporte y puntos de exportación, siendo un “puerto” para enriquecerse en un negocio ilícito, ejercer su ley, salvo con el obstáculo de tener una vigilancia permanente, puesto en un territorio de disputas.
Esta zona rural de San José de Uré en el pasado fue asentamiento de palenqueros, hoy es habitado de personas autoreconocidas como campesinas, pero al mismo tiempo confluyen indígenas y algunos afrodescendientes. Al mismo tiempo, fue la zona de confluencia histórica de EPL y las FARC-EP, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las AUC y grupos pos-AUC como Los Rastrojos, AGC y Los Caparros, quienes han dejado huellas profundas y cicatrices que apenas estaban cerrándose. Claramente luego de la desmovilización de las FARC-EP, el control territorial pasó a los “Caparros”, una fusión entra disidencia del grupo armado FARC-EP y neoparamilitares, los cuales lentamente quiere retomar un negocio lucrativo, pero destructivo con un oscuro rastro de sangre.
En los últimos meses la competencia criminal por la construcción de un imperio delictivo ha llevado a enfrentamiento Clan del golfo, los Caparros y los mexicanos quienes se pelean por el Nudo de Paramillo, ya que en esta zona la cocaína se siembra, se procesa y se envía; por otra parte, en esta zona la víctima es la población civil que se instrumentaliza.
El 16 de julio de 2020 fue de conocimiento el enfrentamiento entre los miembros de la Fuerza Pública en el corregimiento Puerto López donde fue neutralizado unas de las cabecillas del Clan del Golfo más buscado en el Sur de Córdoba, una oportunidad que pudo ser tomada por sus enemigos.
Este desplazamiento masivo de las familias campesinas asentadas en este territorio genera preocupación, puesto que no es un hecho aislado sino la concomitancia de factores que vienen perpetuándose desde agosto del 2019, escalando progresivamente hasta actos de violencia como el ocurrido, así como extorsiones a ciudadanos, cerramientos de espacios públicos y carreteras, atentados a los líderes y lideresas del territorio. Así tal cual, con el paso de pocos meses nuevamente se ha instaurado un monopolio basado en la coacción de las personas y la administración de justicia desde la óptica de un inquisidor-verdugo, sin lugar a dudas, la disputa de control territorial es un fin estratégico y sistemático escudado en una lucha incesante de relaciones entre los grupos armados. Ese adjetivo “sistemático” significa que estos actos de violencia no ocurren de manera aleatoria, por el contrario, son patrones de una expresión común.
La evidentemente preocupación que embiste a esta zona del Sur de Córdoba y a todas las personas que han apoyado la construcción de paz en Colombia es cada vez mayor, de tal manera que en lo que va de este año se han reportado el asesinato de 14 personas en el marco del cruce de estas violencias y es evidente las dificultades e incumplimiento del punto 4 del Acuerdo Final puesto que PNIS se ve truncado por la voluntad de actores armados ilegales quienes destruyen la vida de sus habitantes y los territorios. En ese sentido, se pone en jaque la implementación del PDET subregional y los pactos municipales, puesto que el temor se ciñe lentamente en los habitantes y las esperanzas de transformación se desdibujan.
Ni siquiera en medio del COVID-19 la violencia es estática, por el contrario, parece seguir aumentando, llevándose todo lo que esta de por medio, por ello, lamentamos con profundo dolor la muerte de estas personas. Exhortamos al Gobierno Nacional a hacerle frente a esta situación, teniendo en cuenta la vulneración de los derechos humanos y la obligación que tiene el Estado Colombiano establecido en sus fines: garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
En esta subregión, Caribe Afirmativo tiene una casa de paz asentada en el municipio de Montelíbano y desde allí en asocio con lideres, lideresas y plataformas de derechos humanos, nos unimos al rechazo de las expresiones de violencia que afectan a al población, exigimos compromiso estatal tanto del orden nacional como territorial, con superar los problemas estructurales en pobreza, inequidad y ausencia de bienestar y que se garantice la presnecia del estado de manera integral, no solo blindando la seguridad que es necesaria, sino resolviendo la deuda histórica con el territorio, garantizando la seguridad de los grupos indígenas, de mujeres, de personas LGBTI y. afros, consolidando finalmente su vocación de estado de derecho.
¡NUESTROS DERECHOS NO ESTÁN CUARENTENA!