El pasado martes 29 de Octubre de 2019, la violencia volvió a ensañarse contra el pueblo indígena Nasa, cuando 5 de sus miembros, Cristina Bautista, autoridad Neehwe’sx, y los comuneros José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscue y James Wilfredo Soto fueron masacrados en el resguardo de Tacueyó, en zona rural de Toribio, Cauca, por sujetos que se movilizaban en dos camionetas negras, quienes los atacaron con fusiles, así como a otros integrantes de la guardia indígena que intentaron ayudar a los heridos y perseguirlos. También se registró que los agresores arrojaron explosivos para destruir uno de los carros asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a los indígenas asesinados, y así borrar evidencias sobre el ataque.
En relación con los hechos, miembros de organizaciones y autoridades indígenas han asegurado que podrían ser atribuibles a estructuras criminales al servicio de actores involucrados en las dinámicas del narcotráfico.
Esta masacre se inscribe en un contexto grave de ataques violentos contra el pueblo Nasa. Solo por referirnos a hechos recientes, entre Septiembre y Octubre de 2019, se registraron 4 homicidios de integrantes de este. Y justo en Agosto anterior, los indígenas del Cauca habían alertado sobre una “emergencia humanitaria” por la acción de grupos armados al margen de la ley y organizaciones criminales, destacando que el departamento del Cauca es una región altamente conflictiva debido a fuertes e históricas disputas territoriales[1]. Igualmente han denunciado que estos homicidios no corresponden a hechos aislados si no que por su sistematicidad podrían tratarse de un genocidio.
En Colombia, el genocidio está tipificado como el ocasionar la muerte a miembros de grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos o políticos, por razones de su pertenencia al mismo y con el propósito de destruirlos. Tipificación esta que se encuentra acorde con normas del derecho internacional de los derechos humanos, y del derecho penal internacional que regulan la materia, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio de 1948, y el Estatuto de Roma de 1998 respectivamente.
Considerando los hechos y contexto anterior, desde la Corporación Caribe Afirmativo expresamos nuestra solidaridad y respaldo con el pueblo nasa y hacemos un llamado para que:
Se adopten por parte de la institucionalidad competente las medidas pertinentes de prevención y protección tendientes a salvaguardar la integralidad de los derechos y principalmente del derecho a la vida y la integridad de todas las personas del pueblo nasa, principalmente de aquellas que pueden estar enfrentando mayores riesgos como las que integran las guardias indígenas y autoridades tradicionales”.
Se adelanten las investigaciones para establecer las responsabilidades penales correspondientes en las masacres y homicidios que se han perpetrado contra el pueblo nasa, en consideración de las normas penales nacionales, y los estándares de interpretación que imponen los tratados internacionales de derechos humanos, y derecho penal internacional vinculantes para Colombia.
Se mantengan por parte de las organizaciones de sociedad civil los lazos de solidaridad, acompañamiento, así como los pronunciamientos a favor de la vigencia y garantía de los derechos del pueblo nasa.
Barranquilla, Noviembre 1 de 2019.
Corporación Caribe Afirmativo.
[1] Así lo evidencia la reiteración de este tipo de hechos violentos, como por ejemplo el homicidio de 5 personas en la vereda Santa Elena en zona rural del municipio de Corinto (norte del Cauca), fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas sin vida solo dos días después de la masacre en Toribio.