Foto tomada del Twitter oficial de Lula da Silva
Brasil es una muestra de que en América Latina existe una profunda división entre un movimiento conservador tradicional y una visión progresista que reconoce la diversidad del país, estando más o menos conectada con los movimientos sociales de su territorio.
2 de noviembre de 2022. El 30 de octubre se celebraron las elecciones para la elección del nuevo presidente de Brasil, entre dos polos opuestos: por un lado, Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército de 67 años, quien buscaba ser reelegido defendiendo los valores tradicionales, la mejora de indicadores económicas y un discurso nacionalista, cuya frase célebre en campaña fue:“¡Brasil encima de todo, Dios encima de todos!”. La otra cara de la moneda fue Luiz Inácio Lula da Silva, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), de 77 años, quien gobernó Brasil de 2003 a 2010 y prometió “arreglar el país”.
En este panorama, en América Latina avanza el posicionamiento de presidencias de centro-izquierda, progresistas y/o de oposición a los gobiernos tradicionales con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia (2022), Gabriel Boric en Chile (2021), Xiomara Castro en Honduras (2021), Pedro Castillo en Perú (2021), Luis Abinader en República Dominicana (2020), Alberto Fernández en Argentina (2019), Andrés Manuel López Obrador en México (2018), y con la excepción de Nayib Bukele en El Salvador (2019), quien se presentó como progresista pero ha tenido acciones que atropellan contundentemente los derechos humanos de los salvadoreños.
Ahora bien, muchos de los triunfos de la llamada izquierda electoral en América Latina han sido reñidos, pues la diferencia de votos entre candidaturas presidenciales ha sido muy reducida. En Perú, Castillo obtuvo el 50,16% de los votos frente al 49,8% de Keiko Fujimori; en Colombia Petro, el líder del Pacto Histórico, obtuvo el 50,44% de los votos frente al 47,3% de su contendiente Rodolfo Hernández. En otros países la diferencia entre candidatos han sido mucho más amplias, como en Chile (11,74%), Honduras (14,19%) o México (30,92%); sin embargo, los retos de mediar con el poder legislativo persisten en todos estos países.
En Brasil la segunda vuelta repitió el patrón de una votación reñida, siendo Lula Da Silva el ganador de las elecciones. Su victoria la confirmó el Tribunal Supremo Electoral: con el 98,86 % de los votos escrutados, el líder izquierdista obtuvo el 50,83 % de los apoyos, mientras que Jair Bolsonaro del partido de derecha perdió la contienda con el 49,17% de los sufragios. Este panorama, al igual que otros en América Latina y el Caribe, no es muy alentador ya que se cimenta en una marcada polarización del país, evidenciando la división entre un movimiento conservador que ejerce la política de forma tradicional y una visión progresista que reconoce la diversidad del país, estando más o menos conectada con los movimientos sociales de su territorio. En consecuencia, la campaña en Brasil estuvo demarcada en la desinformación e insultos; por ejemplo, Bolsonaro asoció a Lula con la “traición de patria”, mientras que Lula asoció a su adversario con temas como la pedofilia y el canibalismo.
¿Qué viene para Lula Da Silva?
El programa de gobierno de Lula Da Silva tiene como meta la reconstrucción del país que deja su contendiente Bolsonaro, quien no ha reconocido explícitamente su derrota a la fecha en las comunicaciones oficiales. Lula propone en sus programas reforzar el papel del Estado y aumentar los impuestos a quienes más pueden aportar, exentar del impuesto sobre la renta a las personas que ganen menos de cinco salarios mínimos (unos 1.130 dólares mensuales), enfatizar en la protección de minorías raciales y de las mujeres, combatir la inflación, garantizar la protección social a nuevas formas de empleo como la de los repartidores por aplicación y subir el salario mínimo, entre otros puntos.
A pesar de su victoria en las urnas, la diferencia contra su adversario solo fue de 1.9 millones de votos. El reto para Lula es complicado desde su elección, pues su gobierno estará bajo la lupa y se enfrenta a varios desafíos, siendo el primero de ellos el posicionamiento de las ideas políticas de extrema derecha en todo Brasil, pues la elección de Bolsonaro en 2018 también trajo políticos con una visión orientada a una política anti-derechos humanos para algunos grupos, dentro de los cuales se encuentran las personas LGBTIQ+ y las personas indígenas.
En segundo lugar, el sector de la derecha toma fuerza, en buena parte por la implicación de los líderes de las iglesias protestantes que se han inmiscuido en las campañas electorales. Por último, será un periodo en donde no se contará con la misma bonanza de la década anterior, pues si bien es cierto que la economía del país da señales de mejoría con crecimiento, puede ser insuficiente para hacer realidad las propuestas de Lula.
El nuevo gobierno tampoco encuentra una situación fácil en el Congreso, pues en las pasadas elecciones al legislativo el Gobierno de Bolsonaro mostró su fuerza y dio un salto al poder, con 96 escaños en la bancada de la Cámara de Diputados y con 14 de 81 participantes en el Senado, logrando colocar a ocho senadores más para el gobierno entrante de los que tenía en la actualidad. Es posible identificar entre los mayores opositores dentro del Senado el ex vicepresidente Antonio Hamilton Mourão, la exministra de la Familia Damares Alves (una pastora evangélica recordada por la frase “los niños visten de azul, las niñas de rosa”), la exministra de Agricultura Tereza Cristina da Costa, una de las caras más célebres del poderoso lobby ruralista, el exministro de Ciencia Marcos Pontes, y el exjuez que condenó a Lula y después fue ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro.
Por último, el mayor reto de Lula Da Silva será llevar su plan de gobierno en medio de una inminente recesión económica a nivel mundial, la cual puede limitar la inversión social producto del crecimiento de la deuda externa de Brasil, la cual cerró diciembre pasado en 7 billones de reales (1,3 billones de dólares), equivalentes al 80,3 % del PIB, frente al 88,6 % del PIB del último mes de 2020[1].
Personas LGBTIQ+ en Brasil
Brasil se configura como una de los países con más violencia en Latinoamérica, durante el 2022 ha habido 20.100 asesinatos en los primeros seis meses, lo que representa una caída del 5 % con respecto al mismo período del año pasado. No obstante, la cifra sigue siendo alta, pues en promedio, más de 111 brasileños y brasileñas fueron asesinados por día en el primer semestre de 2022.
Frente a las personas LGBTIQ+, Brasil siempre se ha encontrado entre segundo y tercer lugar en el ranking de países en Latinoamérica más violentos en los últimos cincos años. Lula propone dar un tratamiento especial a los feminicidios y a los crímenes contra personas LGBTIQ+, lo cual significa un avance importante frente a su antecesor que negaba categóricamente estas realidades. Este avance debe ser apoyado por las instituciones gubernamentales del país para ser realidad.
El auge de discursos antiderechos en el mundo
Ahora bien, lo que ocurre en Brasil sobre el avance de movimiento de extrema derecha no es exclusivo, pues es una constante que se esta dando a nivel mundial hacia personas LGBTIQ+. Por ejemplo, en países de Asia existe un posicionamiento de ideas que refuerza los estereotipos de género; por ejemplo, en China se ha prohibido a los artistas y cantantes considerados “demasiados afeminados” en televisión, al considerar el gobierno que ser gay, bisexual, trans o no binario es un concepto “importado”, debido a que muchas embajadas occidentales en Beijing promueven los derechos de las personas LGBT+.
En Europa la situación es alarmante, pues los discursos antiderechos en Rusia han sido promovidos por el gobierno de Vladimir Putin resultando en acciones directas que penalizan la visibilidad de la población LGBTIQ+. En Italia, Georgia Meloni fue elegida recientemente como primera ministra, proviniendo de un partido posfascista y utilizando como una de sus banderas de campaña el freno al avance de los derechos de las personas LGBTIQ+. En Polonia desde el 2018 se han instaurado “zonas libres de LGTB” en las cuales se prohíbe cualquier nombramiento público sobre las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, así como las demostraciones de afecto por parte de personas del mismo género. En Hungría los gobiernos oficiales han arremetido en varias ocasiones contra las personas LGBTIQ+, acusándoles de promover una ideología de género. En Turquía, la policía arremetió violentamente contra la marcha LGBTI de 2022 en Estambul, la cual había sido oficialmente prohibida, arrestando a más de 200 personas.
En todos estos casos, igual que en Latinoamérica, los discursos dominantes promueven el mensaje de que los derechos LGBTIQ+ son una “ideología de género” que busca dominar las esferas políticas y sociales. El centro del debate ya no son las personas LGBTIQ+, pues gobiernos y ciudadanos afirman que están en contra de la violencia hacia ellas, sino las políticas que garantizan sus derechos y la visibilidad que ganan en medios a medida que la diversidad se convierte en un valor fundamental de los mismos. Esto resulta absolutamente contraproducente en tanto los prejuicios generalizados soportan y justifican los actos de violencia hacia las personas LGBTIQ+.
En conclusión, el mundo entero sufre un nuevo auge de los discursos conservadores y de ultra derecha que persiguen los derechos conquistados por poblaciones vulnerables, entre las que se encuentra la LGBTIQ+. Esto puede deberse a los discursos mediáticos, a las crisis económicas y a los prejuicios hacia personas migrantes en medio de procesos masivos de migración. Desde Caribe Afirmativo entendemos la importancia de resistir como movimientos sociales a dichos discursos y emprender la lucha en el campo de las ideas, haciendo entender a la población que los derechos LGBTIQ+ son derechos humanos y deben tener las mismas garantías.
[1] Para profundizar, léase: https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-deuda_brasil-reduce-su-deuda-al-80—en-2021-y-registra-su-menor-d%C3%A9ficit-desde-2013/47308050