Se vislumbran tres grandes retos: en primer lugar, es fundamental abordar la falta de conocimiento en temas de género y diversidad sexual por parte de los fiscales y la policía judicial. Segundo, es crucial que los investigadores conozcan y se formen en estos temas para poder aplicar el enfoque. Y tercero, llevar a cabo una investigación con buenos resultados.
13 de marzo de 2024. El día de ayer, 12 de marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la nación. Camargo es abogada con especialización en derecho criminal y cuenta con una destacada trayectoria profesional de más de 35 años. Durante este tiempo, ha ocupado diversos cargos, incluyendo el de Juez de instrucción criminal, abogada de la Dirección Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá, y funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, donde desempeñó roles como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito, fiscal auxiliar y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Además, trabajó como magistrada auxiliar de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Su amplia experiencia le otorga un profundo conocimiento y una sólida capacidad para abordar los diversos desafíos que enfrenta el sistema penal oral acusatorio en la actualidad sobre todo, en lo relacionado con las investigaciones donde las víctimas son personas LGBTIQ+. Por un lado, la elevada carga de los procesos en los despachos debido a la escasez de investigadores para llevar a cabo actos de investigación y acelerar la toma de decisiones representa un desafío significativo. Los procesos suelen demorarse considerablemente en la etapa de indagación preliminar, lo que alimenta una sensación de impunidad, y por otro lado, en cuanto a la incapacidad de la Fiscalía para documentar los casos de violencia LGBTIQ+, muchos funcionarios aún carecen de conocimientos sobre temas de género y diversidad, lo que dificulta, en primer lugar, la obtención de registros claros de las víctimas y, en segundo lugar, la implementación de adaptaciones normativas adecuadas para abordar eficazmente estos casos con enfoque de género.
En este sentido, se vislumbran tres grandes retos. En primer lugar, es fundamental abordar la falta de conocimiento en temas de género y diversidad sexual por parte de los fiscales y la policía judicial. Es crucial que los investigadores conozcan y se formen en estos temas para poder aplicar el enfoque y llevar a cabo una investigación con buenos resultados.
En segundo lugar, es crucial aplicar la Directiva 006 de 2023, la cual establece la obligatoriedad de implementar la guía para la investigación y judicialización de violencias basadas en la orientación sexual y/o identidad de género (real o percibida) de la víctima. Esta guía establece que los casos de violencia contra personas con Orientaciones Sexuales, Identidades de Género y Expresiones de Género (OSIG) diversas deben ser tratados considerando que la OSIG es una categoría sospechosa de violencia.
En tercer lugar, resulta crucial abordar la necesidad de incrementar el número de funcionarios de la policía judicial asignados a los despachos de la fiscalía. Esta medida es fundamental para agilizar las investigaciones y, por consiguiente, contribuir a la adopción oportuna de decisiones significativas sobre los casos de violencia denunciados. Al aumentar el personal especializado en la investigación de delitos, se puede mejorar la eficiencia de la entidad para garantizar una atención más rápida y efectiva a las denuncias de violencia dirigidas a personas LGBTIQ+.
Desde Caribe Afirmativo, confiamos en que este nuevo nombramiento afronte los desafíos descritos anteriormente, asegurando que los procesos se lleven a cabo con celeridad para garantizar una justicia real y efectiva, con un enfoque diferencial que atienda las necesidades específicas de las víctimas. Esperamos que se priorice la atención y protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ y que se promueva la igualdad y la no discriminación en el sistema judicial.