11 de julio de 2024. Durante el periodo de sesiones 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo la sesión “Protección de derechos de personas refugiadas a 40 años de la Declaración de Cartagena”. En este espacio, diferentes grupos articuladores y organizaciones de las Américas expusieron el estado actual de la construcción del Plan de Acción de Chile para la implementación de la Declaración de Cartagena en los próximos 10 años.
La Declaración de Cartagena es un instrumento político suscrito por varios países de Latinoamérica y el Caribe, que buscaba responder a las necesidades de protección internacional de las personas desplazadas en la región por motivos distintos a los expresados en la Convención de 1951. Por ello, se incorporó una definición ampliada de personas refugiadas, así como principios de cooperación internacional, solidaridad y responsabilidad compartida, con el fin de brindar soluciones duraderas para las personas desplazadas en la región.
No obstante, la respuesta de los estados firmantes frente a los desafíos del desplazamiento forzado en la región ha estado alejada de lo planteado en la Declaración de Cartagena y los documentos complementarios para su implementación, como la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (1994), el Plan de Acción de México (2004) y el Plan de Acción de Brasil (2014). Durante la sesión, las organizaciones participantes expusieron sus preocupaciones sobre el retroceso en la atención a las personas refugiadas y la falta de garantías para la participación de la sociedad civil en la construcción del plan Cartagena +40.
Una de las principales preocupaciones expresadas en la audiencia fue la falta de incorporación de la Declaración de Cartagena y su definición ampliada de persona refugiada en las legislaciones locales. Como resultado, los sistemas de asilo y refugio no reconocen las condiciones necesarias para otorgar la condición de refugiado a quienes huyen de sus países por crisis humanitarias, climáticas, persecución o violencia generalizada. En cambio, muchos países han argumentado que las solicitudes de refugio se utilizan para permanecer en los países de destino, lo que ha llevado a procesos opacos, aumentando las barreras para el acceso al refugio, vulnerando la garantía de un plazo razonable y rechazando solicitudes bajo criterios sospechosos de discriminación.
Asimismo, las medidas discrecionales y poco coordinadas por parte de los estados para atender la creciente crisis de desplazamiento forzado han aumentado. Se ha optado por un enfoque de securitización y militarización de fronteras, violando el principio de no devolución y no rechazo en frontera, que es fundamental en la Declaración de Cartagena. Las organizaciones participantes subrayaron que la respuesta desarticulada empeora las condiciones de vulnerabilidad de las personas desplazadas, afectando su bienestar psicosocial y facilitando la comisión de delitos graves, como la desaparición forzada y la trata de personas.
Transversalmente, se hizo un llamado a la falta de enfoques diferenciales en los sistemas de asilo y refugio, y en el proceso de construcción del Plan de Chile, Cartagena +40. Esto afecta principalmente a personas trans, quienes enfrentan limitaciones para acceder a estos sistemas debido a su construcción basada en lógicas binarias de sexo-género. Además, estas personas son revictimizadas durante el proceso, ya que se desconoce su identidad y se les niegan las prerrogativas dispuestas en la directriz sobre protección internacional número 9.
Caribe Afirmativo ha constatado que las barreras y dilaciones recurrentes para acceder a la protección internacional y medidas de regularización complementarias exacerban las violencias ejercidas sobre personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Debido al desconocimiento por parte de los estados, administradores de justicia y otros actores que trabajan en la respuesta a los desplazamientos forzados, estas personas se ven obligadas a desplazarse en condiciones de desprotección y falta de garantías para la construcción plena de su ciudadanía. A pesar de que la Declaración de Cartagena ofrece herramientas para una respuesta integral, coordinada y con enfoque interseccional a las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad, los estados carecen de voluntad política para erradicar el continuum de violencia que enfrentan desde sus países de origen.-
Desde Caribe Afirmativo, hacemos un llamado a considerar a las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad en la construcción de herramientas de atención y respuesta a la crisis de los refugiados. Instamos a los estados y otros actores a implementar enfoques diferenciales en sus acciones e iniciativas, tomando como eje central la normativa internacional existente y otras fuentes del derecho internacional que evidencian la urgencia en la implementación de estas medidas.