27 de julio de 2023. El 23 de julio, 33 hombres gays y bisexuales fueron detenidos de manera injusta y arbitraria cuando se encontraban en un club privado en Valencia, en el estado de Carabobo en Venezuela. Los hombres, todos ellos mayores de edad, participaban de una fiesta sexual en el establecimiento cuando la Policía Nacional Bolivariana allanó el lugar por una denuncia anónima.
Después de llevar a los hombres a la comisaría de Los Guayos, la autoriedad emitió una boleta judicial que fue ampliamente difundida por medios de comunicación locales y nacionales, donde se hallaban los nombres, cédulas y rostros de los detenidos, quienes han sido criminalizados y expuestos al escarnio público por parte de la autoridad que debía garantizar, como mínimo, su derecho a un debido proceso.
Posteriormente, un tribunal de Valencia les acusó de tres delitos que organizaciones de derechos humanos, activistas y familiares de las víctimas de este montaje judicial han demostrado que no son pertinentes: “ultraje al pudor”, que sólo aplicaría si los implicados hubieran mantenido relaciones sexuales en sitios públicos; “agavillamiento”, que consiste en la reunión de varias personas para la comisión de otros delitos, lo cual no sucedió en este caso; y “contaminación sónica”, que aplicaría sólo a los dueños del lugar, el cual lleva funcionando varios años sin quejas. Así, este caso se configura como una evidente muestra de homofobia institucional. Familiares de los detenidos reportaron además que estaban siendo víctima de extorsión por parte de los funcionarios que adelantan el proceso judicial.
“La detención fue arbitraria e ilegal porque no contaban con una orden judicial, simplemente fue una denuncia de una vecina y eso fue suficiente para irrumpir en el lugar cuando a nivel legal y jurídico no está penalizada la homosexualidad, ni está penalizada la práctica de hombres con otros hombres dentro de un establecimiento privado” – afirmó Lenin Castellano, Presidente de la Asociación Nunca Dejes de Soñar y Secretario Nacional de Asuntos LGBTIQ del partido Un Nuevo Tiempo en Venezuela.
Durante la detención y allanamiento se evidenció que las autoridades faltaron al principio de legalidad, ya que no contaban con una orden de captura ni allanamiento, lo que resalta esta presunta persecución basada en prejuicio. La jueza Marialba Villareal dictó régimen de presentación a treinta de los imputados, es decir, que deberán presentarse periódicamente frente a un tribunal. Los otros tres, el dueño del lugar y dos empleados, deberán presentar fiadores para ser liberados. A pesar de que ninguno de los delitos tiene un sustento jurídico, los implicados han recibido una medida que limita su libertad y seguirán en proceso de investigación.
Resulta irónico pensar que treinta y dos días antes Emilio Barroeta, Representante de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmaba que la Contitución venezolana prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género, “mandato que ha sido materializado por el gobierno venezolano en favor de las personas LGBTIQ+”. Simultáneamente, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ reportó entre enero y abril de 2023 60 casos de violencia basada en prejuicio.
Este caso evidencia que los derechos de las personas LGBTIQ+ y las mujeres están siendo vulnerados en el país, en parte porque sectores políticos y religiosos promueven su agenda junto al Gobierno. Esto representa un retroceso en los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país y una desprotección por parte del estado hacia las mujeres y personas diversas.
Desde Caribe Afirmativo exigimos la libertad inmediata y absoluta de todas las personas involucradas en este caso, quienes están siendo víctimas de un proceso de montaje judicial. Nos unimos al llamado de organizaciones y activistas para que este caso siente un precedente en el que nunca se vuelvan a criminalizar las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo/género.