El desprecio, persecución y criminalización que los cuerpos de seguridad de los Estados han generado contra las personas LGBTIQ+, ponen sistemáticamente en riesgo sus proyectos de vida, con prácticas de violencia que incluso replican los actores ilegales.
La persecución a las expresiones de afecto entre personas del mismo sexo ha sido una constante de los Estados contra las personas LGBTIQ+ en todos los tiempos. La histórica historia del baile de los 41 en México en 1901, las revueltas de San Francisco y Stonewall en los 60, las redadas policiales del franquismo en los años 70 en España y las corriendillas de la Policía en bares de la séptima en Bogotá, en Carabobo y en Medellín en los años 80 dan cuenta de esta práctica institucional. En esta ocasión, la noticia de la captura y posterior judicialización de 33 jóvenes en un espacio de homosocialización en Valencia, Venezuela, conocida hace algunos días, dejó constancia que, en la actualidad, los Estados siguen persiguiendo y criminalizando a las personas LGBTIQ+ y que los cuerpos judiciales —lejos de esclarecer la sistemática violencia que afecta a las personas sexo-género diversas, que suele estar en la impunidad— prefieren poner su aparato en función de hostigar la vida de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, queer y no binarias. Esto lo hacen como si, efectivamente, en su doctrina y sus funciones, los prejuicios hacia la orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversas, es razón suficiente para impedir el desarrollo de sus proyectos de vida.
Lo que hemos escuchado y visto en las decenas de videos y publicaciones de organizaciones LGBTIQ+ de Venezuela es que estas personas, además, fueron sometidas a trato crueles, inhumanos y degradantes en medio de su detención. No solo las abordaron sin una justificación clara, sino que lo hicieron en medio de amplias humillaciones e insultos por ser hombres en espacios de encuentro con otros hombres. Del mismo modo, al sacarlos del bar en presencia de los transeúntes, fueron ridiculizados por su diversidad sexual, sometidos al escarnio público, dejando constancia de la homofobia que asistía a los funcionarios de la Policía Bolivariana de Carabobo, quienes hicieron la captura. Ellos, fuertemente armados, irrumpieron en una propiedad privada sin orden de allanamiento y se los llevaron detenidos de forma arbitraria, sin que hubiesen cometido un delito o haber sido encontrados en flagrancia. Las horas que siguieron, les sometieron en el tránsito y lugar de detención al escarnio público, haciendo visible su orientación sexual en un lugar de alto riesgo, exponiéndolos a que dicha información se ponga en vulnerabilidad sus proyectos de vida. Además de ello, para tratar de legalizar su captura, les sometieron a un juicio sin base legal ni un argumento jurídico que valide semejante persecución contra la diversidad sexual.
En Venezuela estuvo vigente una ley de vagos y maleantes, como en España, hasta que la declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en 1996. Sin embargo, para esa fecha ya se habían reducido los casos de persecución por esa ley. Un informe de Amnistía Internacional en 1998 dio cuenta de que pocas personas fueron sometidas a ser enviadas a campos de educación por esta ley; se aplicó más contra disidentes políticos. Cuando Chávez llegó al poder, se creó la Policía Nacional Bolivariana, a parte de las policías locales, quienes se dedicaron a la extorsión de ciertos grupos, entre ellos personas LGBTIQ+, amenazando a quienes veían en expresiones amorosas o de afecto con el mismo sexo, o con expresiones de genero diversas. Desde 2021, se han conocido más de cinco casos similares al que ocurrió en Valencia; en todos hay retención de documentos, retirada de celulares, amenazas de llevar a la gente a la cárcel y detenciones irregulares que, pasados los días, son liberadas bajo la mediación de dinero.
Lo novedoso en este caso es que sí hay imputación por el hecho de ser personas lGBTIQ+. Es un sauna en un sector comercial sin vecinos, se alega que había contaminación auditiva, cuando no había música. En esa situación, la policía les toma fotografías a cada uno y difunde dichas fotografías con sus caras; se dice que tenían VIH —como su fuese ese el delito— con difusión amarillista. Se imputan con ello tres cargos: 1. Ultraje al honor, que tiene que ser en vía publica; 2. Agavillamiento, que es entendida como unión para delinquir y se entiende solo con dolosidad penal; y 3. Contaminación auditiva, sin que medie un concepto del Ministerio de Ambiente, que es quien está facultado para ello (de este delito solo se imputaron a 3 de los 33, que tenían relación comercial con el establecimiento). Esto no pudo haber ocurrido sin una autorización del fiscal general o del tribunal supremo, incluso de Miraflores. Ahora, desde enero de este año, la presidencia de Venezuela creó un sistema que le entrega el 4% del presupuesto a un programa que administra su hijo, que se llama “Mi iglesia bien equipada”. Este ha afianzado la relación entre la presidencia y las iglesias evangélicas y es un programa que, públicamente, ha mostrado su molestia con los espacios de homosocialización y con las libertades sexuales que gozan las personas LGBTIQ+ en el país, pidiendo que se deben reprimir dichos espacios.
Empezando la semana y luego de fuertes presiones, 30 fueron liberados y, terminada la semana, los otros tres. El juicio sigue, con ellos en libertad, pero la medida puede ser revocada en cualquier momento. Además, se les ha prohibido hablar con la prensa y se dictó una medida contra el negocio de prohibición de enajenar y grabar con posibilidad de incautación. Esta situación tiene a los 33 sumidos en una situación de angustia; de un lado, por la exposición y señalamiento público al que fueron sometidos y lo que ello puede significar para sus vidas y, de otro lado porque, en cualquier momento, pueden volver a privarlos de la libertad y, adicional a eso, la afectación psicosocial de pensar que, en adelante, será imposible para ellos en su país tener un espacio seguro para el desarrollo de su esparcimiento y expresiones de afecto.
Esta situación —que parece vista en un documental— deja constancia de cómo los Estados en la actualidad, al mejor estilo de los regímenes dictatoriales, fascistas y criminales, pone en riesgo la vida de las personas LGBTIQ+ por los prejuicios hacia la diversidad sexual y de género, tal como pasó en la República del Weimar, luego de los años 20, y la legendaria historia del lugar de homosocialización ‘El Dorado’, que ha sido recientemente recordada por un documental de Netflix. Allí deja constancia de que, desde 1933, los ideólogos del NSDAP decidieron emprender la persecución contra los homosexuales por no contribuir a la procreación de la raza. Un año después, en 1934, asesinan a uno de los más fieles seguidores de Hitler, Rohm, al descubrir que era homosexual y dejándose llevar por el temor de que su orientación sexual podría debilitar la S.A. Esto llevo a que, además, a crearan en la Gestapo una sesión especial encargada de erradicar la homosexualidad, y así lo hizo, endureciendo las penas y aplicando mayor severidad en el articulo 175 del Código Penal, que prohibía las expresiones homosexuales. En esta de expuso que el hombre que incurriera en actos perversos con otro hombre o permita que éste abuse de él para fines perversos, será castigado con pena de cárcel y si uno de los involucrados era menor de 21 años, en el momento de cometer el acto, el tribunal podrá prescindir de la pena.
En 1935 se crea un destacamento con 20 hombres en las fuerzas policiales, dedicados exclusivamente a las redadas contra homosexuales, llamado ‘Weinmeister Klause’. Para 1936 Himmler creó la central del Reich para el combate a la homosexualidad y, según registros de la Memoria del Holocausto, en cuatro años dicha central registró 4000 hombres sospechosos de homosexualidad, a quienes sometió a tratos de tortura y corrección.
La forma de actuar de esta central era muy similar a la aplicada por la Policía Bolivariana: se detenían preventivamente los sospechosos de homosexualidad —bien sea por intuición o por denuncia—, dicha captura la realizaba la Policía Criminal, que procedía de inmediato ha internarlos en custodia protectora o régimen preventivo en campos de concentración donde se les sometía a trabajos fuertes y tratos violentos “para corregir su desviación” y se les colocaba el distintivo del Triangulo Rosa, para señalar su peligrosidad. Además, en la escala de desprecio que manejaba el nazismo, esta era la posición social mas baja y hummillante, comparada solo el trato que le daban a los judíos. En un testimonio de captura conservado en el museo del horror de Berlín se lee: “Seguimos teniendo homosexualidad en la SS Anualmente, de 8 a 10 casos. Estas personas son degradadas, expulsadas y llevadas a juicio. Una vez cumplen la pena impuesta, se les integra en un campo de concentración y son asesinadas cuando intentan huir. Espero, por este medio, lograr sacar de la SS hasta la última persona de este tipo” (Heinrich Himmler, director de la central para el combate de la homosexualidad, 1937)
Y así, como para los jóvenes de Valencia, la tranquilidad no llego con la libertad condicional, como tampoco lo fue para los homosexuales humillados por el régimen Nazi. En 1939 la Policía Criminal empezó a exigir que los prisioneros homosexuales, que ya hubiesen cumplido su condena y reclusión, fueran sometidos a una evaluación de la necesidad de prolongar el internamiento en régimen preventivo, después de cumplir la pena. Y no fue solo un acto de barbarie de los alemanes, o del régimen bolivariano, ejércitos y cuerpos de seguridad de todo el mundo persiguen de forma sistemática a las personas LGBTIQ+. Incluso, grupos insurgentes, contrainsurgentes y bandas criminales. Prueba de ello son las extorsiones que, en Barranquilla, las bandas criminales aplican contra los espacios de encuentro de las personas sexo-género diversas en una ciudad, donde las autoridades distritales son las principales responsables porque no se han preocupado por proteger sus vidas y su desidia es motivación para esas prácticas criminales.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo