Parece que para Estados Unidos no es suficiente ser catalogado el país de la libertad, hoy su gran apuesta es ser el país de la igualdad y los derechos humanos. ¿Por qué?
El anuncio dado el 23 de febrero, en el cual se nombraba a Randy Berry primer enviado global para los derechos de la población LGBT, además de suscitar una cantidad de reacciones contrarias, envía un profundo significado al mundo y en especial, a los defensores de derechos humanos:
En primer lugar, siendo un país con una fuerte tradición protestante y una población LGBT que asciende a los 9 millones de personas (según cifras del Instituto Williams, adscrito a la Universidad de California en Los Ángeles), la decisión del gobierno es unidireccional: la misma libertad que posibilita a millones de americanos ejercer su fe sin padecer persecuciones, es la misma que se debe garantizar para que otros gocen de su sexualidad sin discriminaciones. No se trata de asuntos contradictorios, pues constitucionalmente es un país laico y el principio que lo fundamenta, es el mismo.
En segundo lugar, designar a un experto en diplomacia, un conocedor del mundo árabe y asiático, no es casualidad: la criminalización y los hechos brutales que en esta zona del mundo ocurren y que cada día llegan como cascadas a través de los medios de comunicación, no pueden pasar desapercibidos, no pueden ser ignorados y reducidos al entorno cultural, especialmente, por parte de la potencia mundial. En ese sentido, el comunicado de Berry acerca de priorizar la eliminación de las leyes que criminalizan las preferencias de las personas del mismo sexo en 75 países, es un mensaje contundente y que habla de la necesidad de proteger a seres humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de la preponderancia de los derechos humanos por encima de las nacionalidades y sobre todo, es un esfuerzo por responder proporcionalmente a una problemática que va en ascenso ante la complicidad silenciosa de la comunidad internacional.
En tercer lugar, designar por primera vez un enviado global para los derechos de la población LGBT da cuenta del carácter universal de fenómeno de la discriminación en sus diversas manifestaciones, destacando aquí que si bien en algunos países existe una mayor inclusión hacia las personas LGBT, la consolidación de derechos aún es inacabada y qué decir de aquellos, en donde se penaliza o castiga con la muerte.
Finalmente, incorporar este tema dentro de la categoría de “Seguridad nacional” deja entrever que la discriminación no es un asunto trivial y en cambio, es el principio de hechos victimizantes mayores, pudiendo interpretarse también esta medida, como una acción preventiva y no solo, reactiva. Más allá de la doble moralidad, frecuentemente cuestionada al gobierno americano, el reconocimiento a la diferencia y a la igualdad de derechos, es quizás el paso más contundente a destacar de esta decisión, invitando a todos los gobiernos, incluyendo el territorio colombiano – especialmente en el caribe, que es uno de los territorios con mayores violaciones de derechos humanos por orientación sexual e identidad de género-, a considerar el enfoque diferencial por razones de género, no como un requisito por cumplir, sino como una responsabilidad social y política, hacia ciudadanos y ante todo, seres humanos con derechos.