Buscar libertad en medio de la precariedad, ha sido un caldo de cultivo para la explotación sexual y trabajo forzoso en escenarios de ilegalidad, clandestinidad y legalidad.
En la historia de ‘El amo y el esclavo’, compuesta hace más de doscientos años por Hegel —que ha sido la herramienta conceptual para explicar las luchas por el reconocimiento en el mundo moderno—, el filosofo deja claro dos argumentos claros; primero, que la esclavitud es una invención humana para demostrar poder, control y dominio frente a otro, al que le negamos su humanidad y buscamos reducirlo a cosa. En segundo lugar, que el prestigio, éxito del amo, depende del esclavo, pues, finalmente, construye su capacidad de dominación a expensas del sufrimiento del esclavo. Este argumento, fortalecido en la teoría crítica, permite leer hoy la existencia de esclavitudes modernas que, amparadas en el ejercicio capitalista de la cosificación, minimizan a las personas a objetos de uso y consumo. Toda la relación que pueden establecer está basada en la violencia, razón por la cual la modernidad no sólo no ha logrado reducir el sufrimiento humano, sino que ha creado nuevas formas de sufrimiento que son propias del utilitarismo moderno.
En estas experiencias de sufrimiento, que son el resultado de proyectos de vida que no pueden ser vividas, se matricula el peligroso delito de la trata de personas y tiene como mayores víctimas a los grupos poblacionales históricamente excluidos, no para reconocerles, puede ser que tampoco para eliminarles de inmediato, pero sí para someterlos, porque el prejuicio jerárquico deja constancia en sus mentes criminales que pueden vivir, pero en condiciones infrahumanas. Y allí podríamos parafrasear el concepto de la ONU para decir que esta práctica delictiva —que peligrosamente crece en el mundo por las crisis humanitarias y la ausencia de derechos sociales— es entendida como la captación, casi siempre con engaños, el transporte en condiciones inhumanas, el traslado precario, la acogida prejuiciosa o la recepción estigmatizante de personas, recurriendo a la amenaza o la invisibilización y relacionándose con el otro con el uso de la fuerza, violencia u otras formas de coacción. Entre estas se destacan el rapto, el fraude, engaño, entre otras, dejándole constancia de que su vida no les pertenece, imponiendo el abuso de poder por una moral sancionatoria, o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena —u otras formas de explotación sexual—, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos porque, finalmente, en este fracaso capitalista sus vidas son, pero serán despreciadas.
Las democracias, lejos de conquistar su mayor tarea —que está relacionada con la vida digna de la ciudadanía en el acceso integral de derechos—, han dejado que el capitalismo someta los principios de libertad y dignidad y ha sido responsable del incremento del abuso y la usurpación de los cuerpos de otros y del aumento de explotación laboral, control de la sexualidad, dando como resultado la exploración sexual y la precariedad laboral, que hace imposible acceder al trabajo decente. Situaciones como las migraciones han multiplicado este acto delictivo, pues la movilidad de ciudadanía por crisis humanitarias no está siendo asumida por los Estados en perspectiva de derechos. Por ejemplo, ¿cómo se logra que los migrantes tengan el mismo trato laboral que los ciudadanos del país, donde primero la ciudadanía y luego el trabajo? Esto, para evitar la explotación
Las sociedades modernas, que han transitado a la tecnología sin consolidar derechos, han aumentado la vulnerabilidad de ciudadanos y migrantes, pues es un riesgo buscar aumentar los espacios laborales sin una política clara del trabajo como derecho, o diversificar algunos servicios sin una ciudadanía plena. Necesitamos restablecer derechos de las víctimas, reconocer los impactos colectivos de sus efectos, identificar los efectos de la criminalización de algunos proyectos de vida y, por ende, la ausencia de protección legal a la que se ven expuestas. Del mismo modo, se deben reconocer los efectos de las prácticas que imponen leyes de silencio y vergüenza entorno al sexo, la sexualidad y el género y la estigmatización de los sobrevivientes de estas practicas de ausencia de derechos, que son todas una sumatoria para justificar el delito y la ausencia de prevención.
El trafico y la trata de personas esta haciendo de las personas LGBTIQ+ las víctimas directas, pues la ausencia de reconocimiento de su ciudadanía plena les ha mostrado como vulnerables a los delincuentes y, por ello, les eligen como víctimas. Situaciones como: a. La invisibilidad de la diversidad sexual y de género en la vida cotidiana de nuestros países, promueve el delito; b. La moralidad social frente a la sexualidad no hegemónica y la disidencia de género son aprovechadas por los delincuentes para la vulnerabilidad; c. Las disputas por el género en razón con la feminización o el rechazo a la masculinidad hegemónica agudizan los riesgos; d. La crisis humanitaria en la región ha hecho de la movilidad humana un escenario de aumento de la afectación y, por último; e. El cruce de situaciones como pobreza, ausencia de derechos sociales, misoginia y racismo, la agudizan.
Las pocas acciones que se realizan en Colombia para prevenir este delito y atender a las víctimas, aún no abordan a las personas LGBTIQ+, pues no solo la mayoría de funcionarios que llevan estos asuntos tienen prejuicios frente a la diversidad sexual y de género, sino que también, de parte de las personas que son víctimas y cuya victimización está relacionada con la orientación sexual, identidad o expresión de género, hay miedo de denunciar por la revictimización que puedan recibir de las autoridades. Por ello, se requiere que los programas estatales y humanitarios de prevenir y atender el delito de inmediato incorporen un enfoque diferencial que parte de asumir que las personas LGBTIQ+ existen, que puedan hacer lecturas del contexto donde se desarrollan sus proyectos de vida, que se da entre la movilidad, la pobreza y rechazo social. Del mismo modo, se deben identificar allí patrones de la trata para responder a la pregunta de cómo opera el delito contra personas sexualmente diversas. También se deben entender las motivaciones de los actores involucrados —tanto delincuentes, como los rezagos de complicidad social—, profundizar sobre la finalidad de instrumentalización con la que se comete el delito, trabajar como política de prevención la reducción de la exclusión social que será siempre escenario favorable y empezar a activar respuestas concretas del Estado que ponga en el centro el bienestar y rodee a las personas sobrevivientes.
La Trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo forzoso son las dos conductas de este delito que más afectan a las personas LGBTIQ+. Según Free the Slaves, 96% de los sobrevivientes han sido víctimas de trata sexual y otros laboral; sin embargo, en los informes internacionales y nacionales es alta la invisibilidad de las víctimas y escaso la identificación de casos. Además, la poca normatividad para prevenir y perseguir el delito carece de enfoques diferenciales; incluso, las autoridades ignoran que, en contextos como las crisis humanitarias que tenemos hoy en diferentes partes del mundo, el delito está creciendo y agudizando sus efectos en los grupos poblacionales más vulnerables. Extrañamente, después del Covid-19, según los pocos informes que presentan los Estados, las cifras se han reducido en los últimos 25 años, lo que no corresponde a lo que vemos cotidianamente en los lugares más problemáticos de nuestros países y las situaciones nuevas en el mundo.
Los traumas de las personas sobrevivientes son múltiples y producen daños estructurales y, en el caso de las personas LGBTIQ+, activan prácticas como la homofobia internalizada y el rechazo social. Por ello, es urgente poner en el centro la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas sobrevivientes e incluirles en los diseños de los programas. Del mismo modo, se debe revisar en los programas de acogida cómo participan las personas sobrevivientes ante altas tasas de prevalencia, pedir a los Estados responder con acciones concretas a las brechas sociales que aumentan la vulnerabilidad, corregir la falta de colaboración entre lo local y las autoridades nacionales, integrar a las comunidades a los cambios que perpetúen en el tiempo, donde sea clave la prevención y educación y que los Estados se adapten para cambios legislativos.
50 millones de personas están siendo esclavizadas en el mundo, ante la indiferencia de los grandes poderes políticos, económicos y culturales. La deshumanización de servicios hacen que las sociedades ignoren su sufrimiento; las formas rígidas de indagar afectan la identificación adecuada de las víctimas. Es necesario abordar con contundencia las causas de la trata que se dan entre la impunidad y discriminación, promover la justicia económica, tener estado de derecho, trabajar con los entornos para poder desarrollar los proyectos de vida. Se debe poner a los sobrevivientes en el centro de nuestros esfuerzos y recordar la importancia de la humanidad compartida. Pasar de víctima a sobreviviente es iniciar el camino de recuperar derechos integrales para la autonomía y la libertad. La raza y la sexualidad crean vulnerabilidades y la interseccionalidad de ambos temas crea mayor riesgo para la trata. Además, el sistema ignora los casos de las personas LGBTIQ+ o ellas se hacen invisibles por miedo al rechazo de la comunidad. La trata de personas es un problema humano que se agudiza con la restricción de genero, y las cosas que hacen vulnerables a las personas LGBTIQ+ a la trata, entre otras, son las normas sociales, la moralidad social, el dualismo de social de nombrar entre lo normal y anormal, las prácticas de borramiento social, la religión como práctica impuesta de conducta, la ausencia de apoyo familiar y las prácticas de marginación y opresión.
Las esclavitudes modernas tienen muchas capas; económica, social, política, cultural, que conducen todas a la cosificación de las personas y que cuentan con alta complicidad social. Por ello, no sirve que se diga que algo es delito sino se transforma la realidad social pues, de un lado, no se hace nada a quien practica la esclavitud y, culturalmente, sigue existiendo la mentalidad esclavista. ¿Qué lugar ocupa en su trabajo prevenir y/o atender la trata de personas o, en su ejercicio de empoderamiento como sobreviviente, la población LGBTIQ+?, ¿Cómo hacer en nuestro trabajo y activismo para darle voz y espacio a las personas LGBTIQ+ y prevenir que sean víctimas del delito de la trata? Aquí hay un gran trabajo por hacer desde el activismo LGBTIQ+.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo