Cuando el poder político que tienen las personas en cargos de elección popular se usa para mejorar la vida de la gente, se hace realidad el bien común, que es la esencia de la democracia y es la razón por la que les eligieron.
A pesar de que, para los países hispanohablantes, España es un referente de derechos LGBTIQ+ con su despenelización de la homosexualidad hace 44 años y la aprobación del matrimonio igualitario hace 18 —que pasó a la historia con el famoso discurso de Zapatero: “un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en la vida de miles de compatriotas”— todavía no se evidencian condiciones de vida digna en su cotidianidad. En ese país, la precariedad da cuenta de una desigualdad real que se puede evidenciar en estas cifras: 80% de personas LGBTIQ+ sin acceso al trabajo; 70% denunciaron en el último año violencia física, verbal y simbólica; el 44% en el espacio de trabajo ocultan su identidad de género y las autoridades reportan en los últimos años un aumento del 70% delitos de odio. Esta situación se agudiza en las personas migrantes, que han crecido en los últimos años en este país, donde muchos de ellos llegan huyendo de países homofóbicos y transfóbicos. Por eso, los colectivos y organizaciones sociales, en un ejercicio ejemplar de juntanza, empezaron a construir —hace casi una década— una agenda de incidencia social y política, buscando condiciones reales e integrales de vida digna, poniendo especial atención en los proyectos de vida de las personas trans, que les significó muchas discusiones colectivas, movilizaciones sociales, acciones de incidencia y procesos de acuerdos para ofrecerle al país un frente común de demandas para el reconocimiento de la vida digna de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex, queer y personas no binarias.
Luego de ocho años de incidencia y resistencia con los partidos en el Congreso, se aprobó en plenaria de revisión de enmiendas esta ley, que avanza en materia integral de derechos LGBTIQ+ con énfasis en personas trans. Este es un proyecto de ley que sumó dos iniciativas —siendo esta la ley integral trans y la ley no discriminatoria LGBTIQ+— que estuvo viciado por un sistemático ataque transfóbico, liderado por los partidos de derecha, Popular, y de ultraderecha, Vox, pero que permitió que dicho parlamento, a pesar de presiones, honrara su compromiso con la democracia y legislara en favor de un grupo poblacional históricamente excluido por la naturalización de la violencia que ha tenido en las personas trans sus mayores depositarias. En un debate de cierre que duró más de dos horas, los partidos de coalición, con presencia de la ministra de Igualdad, lograron mayoritariamente dejar constancia de que “la Ley Trans es ley” y que sus derechos no son negociables. Si bien no faltaron los argumentos prejuiciosos y las amenazas que buscaban derogar la ley una vez sea pública —por parte de quienes, desde la política, reproducen el odio y buscan echar atrás derechos— finalmente se impuso la sensatez democrática y, en memoria de muchas personas trans que han sido asesinadas, están empobrecidas y sobreviven en la precariedad de la vida a la que la sociedad les condenó a vivir, hoy en el país ibérico hay alegría y esperanza de que otra vida trans puede ser posible.
Esta ley que saca adelante el gobierno de Coalición entre el Partido Socialista Español y Unidas Podemos, es la muestra de cómo una reivindicación social se convierte en una causa legislativa, donde el congreso recoge el mandato popular, en esta ocasión, expresado en la ciudadanía LGBTIQ+ qué, si bien hoy celebra, es conscientes que pudo ser mejor y que, en aras de esa práctica política —que es propia de los cuerpos colegiados que negocian intereses y sacrifican derechos— toca seguir luchando por la igualdad real.
La ley aprobada consta de dos partes, un cuerpo de artículos que previene la violencia contra personas LGBTIQ+ y fortalece las políticas públicas y otro cuerpo, que es el más conocido y donde se presentó más resistencia sobre personas trans. Este último enlista los siguientes puntos: a. Reconocimiento de la autodeterminación de género de las personas; b. La eliminación del requisito del diagnóstico médico para acceder al cambio documental; c. La promoción de educación en la cultura ciudadana para prevenir la transfobia; d. La prevención de las conductas violentas y, por último, d. La promoción de espacios laborales garantes de sus derechos. Sin embargo, tres grandes asuntos de los propuestos por la sociedad civil y algunos sectores políticos fueron sacrificados en la negociación; estos fueron la no vinculación en este ejercicio de protección de derechos de las personas no binarias, la exclusión de personas trans migrantes y el tratamiento a las infancias trans, en relación con autodeterminación. Este último mencionado quedó expuesto de esta manera: a. Se reconoce en la autonomía de la persona si son mayores de 16 años; De 14 a 16 años con acompañamiento de los padres, y c. De 12 a 14 solamente en proceso judicial.
Si bien la ley ya había sido aprobada semanas pasadas, a lo que asistimos en esta ocasión fue a la incorporación de enmiendas, que no recibió reparos en el Senado, solo la solicitud de una corrección normativa para cambiar el término “procedimiento” por “proceso” y eliminar el derecho del funcionariado a recibir una baja por violencia intragénero. Ya estaba claro que la ley pasaría, pero este nuevo debate dio pie a ver en vivo y en directo en la Cámara baja española que, en la práctica democrática, perviven discursos que promueven el odio, versus los discursos que reinvindican derechos, ambos propuestos como forma de hacer política que, en esta ocasión, por fortuna, se impusieron los segundos a los primeros. Es decir, mientras los primeros invocaban estudios falsos y fatalidades —como indicar que esta ley aumentaría la homosexualidad y, en consecuencia, el suicidio y la depresión— los sectores progresistas, sobre todo bajo el liderazgo de las mujeres, dejaban constancia de cómo se estaba marcando un hito histórico y lo único que se está haciendo es retirar un obstáculo que, históricamente, se ponen a quienes se salen del marco normativo de las sexualidades en nuestros países. De esta manera, legisladores fueron dejando claro que se avanzan derechos, pero nadie pierde los suyos y que asistíamos más a un acto de justicia que de innovación, donde el feminismo como teoría política enseña que es urgente en las democracias permitir la autonomía del cuerpo y vivir la sexualidad, el deseo y la identidad desde la diversidad y la libertad. Solo de esa manera, se podrá dar el salto de la tolerancia política que proponen los políticos liberales —que no es otra cosa más que conservar la jerarquía de pedir permiso para vivir la sexualidad— a la política del reconocimiento, que usa la democracia para dar a la sociedad las herramientas necesarias que permitan vivir en libertad.
En esta ocasión, el movimiento social entendió que era el espacio y la lucha presidida por las personas trans lo que estaba en el centro de la discusión, y es que las personas trans en España pasaron del maltrato por la dictadura, transitaron a ser olvidadas por la democracia y hoy son negadas por los defensores de las libertades. Por ello, estos años de reividicación, que se han destacado y que se tradujeron en beneficios para parejas del mismo sexo y derechos para hombres gais, dejaron constancia de la falta de seguridad jurídica de las personas trans, las escasas garantías que tienen en lo sanitario, la limitación a sus libertades que les impide acceder a derechos, el sometimiento sistemático de la autodeterminación por parte de la autoridad, violando así el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, que un legislativo como el Español hoy logre cerrar este debate poniendo en primera línea a las personas trans —que no significa que la tarea está terminada— recuerda a los sistemas democráticos las deudas históricas con los grupos poblacionales más olvidados para reparar las injusticias, blindar derechos y extenderlos. Es por esto que diputados y diputadas, como la señora Fernández, llamaron a la plenaria a “quitarse las gafas del prejuicio y la mirada transpositiva hacia vida de las personas sexo-género disidentes”, enfatizando en que es necesario “reciclar la relación con las personas trans en la vida cotidiana, y entender de una vez las identidades trans como parte de la diversidad humana porque solo de esa forma ellos, como demócratas, podrán dar el paso al frente, lo cual es el verdadero orgullo de contribuir como políticos que, después de la tormenta de la exclusión y el desprecio, salda el arcoíris del reconocimiento”.
Esta ley es un gran hito para despatologizar la realidad trans, es muestra de una acción política estructurada en el feminismo, que como decía Steiman, “es memoria para hacer justicia a las personas más marginadas y olvidadas” y hoy demuestra que es posible que las reivindicaciones sean convertidas en leyes, que sirven para hacer más libres y felices a la ciudadanía. Como cerró en su discurso la Ministra Irene Montero, debemos “celebrar con todo orgullo y felicidad porque España nunca más será el país sin persona trans”. Hoy en este país, culturalmente aliado a nosotras, la Ley Trans es ley, y lo único que pretende borrar con esto, como decía el diputado Voldoni, es “la transfobia que se afianzó en la vida de los españoles” y que, hoy gracias al coraje trans y a la sociedad organizada, se siente orgullosa de legislar para decir no al odio y erradicar el miedo como política de Estado. Ojalá legisladores de otros países aprendan la lección y usen la representación democrática para garantizar la vida digna de la gente.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo