1° de julio 2021. El incremento de la trata de personas en América Latina y el Caribe ha sido consecuencia de diferentes factores. En particular, se ha evidenciado el aprovechamiento irracional de la crisis humanitaria generada por los procesos de movilidad humana y la pobreza agudizada por la pandemia del COVID-19. Estas circunstancias tienen desproporcionado en las mujeres, dejándolas más expuestas a este delito. Por lo cual, algunos Estados, agencias de cooperación y atención humanitaria han levantado alertas por el aumento y la falta de un enfoque de prevención de la trata de personas. En este sentido, bajo la consigna de poner en primer lugar a las víctimas, se lanzó una campaña llamada “las voces marcan el camino”, que quiere construir alternativas con las personas que la sufren y promover espacios efectivos y seguros para superar su invisibilidad. Estos espacios buscan evidenciar las violencias, garantizar que las denuncias sean escuchadas y sobre todo, resaltar las necesidades de protección de las víctimas. De esta manera, se espera superar el déficit histórico de inequidad al que se ven sometidas las mujeres víctimas en la estructura patriarcal de la sociedad que les hace más vulnerables a ser victimas de esta práctica delictiva.
La trata de personas es la expresión de degradación humana más evidente en la actualidad. Esta demuestra los niveles límites del desprecio, viendo en las más vulnerables un objeto utilizable y activando relaciones de explotación aprovechando su estado de indefensión. La trata de personas genera impactos diferenciados y profundos debido a la múltiple vulneración de derechos humanos que implica. Se trata de una forma de violencia que genera la ausencia de posibilidades para la construcción y el mantenimiento de los proyectos de vida de sus víctimas. Así, se ven abocadas a buscar modos de sobrevivencia, en una sociedad desprovista de derechos, situación que se enmarca sobre todo en la vida de las mujeres que en esta cultura patriarcal, machista y sexista, buscan espacios laborales o sociales, que les dé autonomía sobre sus cuerpos, garantías para su ciudadanía y recursos para salir adelante.
En esta situación, se encuentran muchas mujeres trans que están en procesos de trabajo sexual o de movilidad humana que son captadas para venir a Colombia o ir a otros países, para ser sometidas, bajo falsas promesas de trabajo a diferentes formas de explotación. En el caso de las mujeres trans en trabajo sexual, el riesgo inicia, cuando se busca controlar su espacio de trabajo a través de cobros por uso de espacio, de control de su oficio por actores ilegales o de sobornos y amenazas contra su vida. En el caso de las migrantes, la captación con falsas ofertas de empleo desde sus lugares de origen y la vinculación a rutas ilegales de movilización por varios países, las ha expuesto a este delito, particularmente en circuitos turísticos naciones e internaciones en negocios relacionados con tráfico de drogas y prácticas criminales. En ambos casos la negación de derechos y el desprecio a su identidad o expresión de género, actúan como mecanismos de una mayor invisibilización que son aprovechados por el tratante, así como una motivación para su instrumentalización.
En términos generales, para las mujeres en la sociedad actual, la ausencia de garantía de derechos, la limitación a la autonomía de sus cuerpos, el empobrecimiento de la vida y la precarización de sus condiciones laborales han hecho que el delito utilice la seducción como forma de fraudo, engaño, abuso de poder o de condiciones de vulnerabilidad. Específicamente se trata de una estrategia que juega con sus expectativas, a la oferta de ingresos, ante necesidades apremiantes de resolver en materia de acceso a bienes y servicios. Según reporte de la UNESCO en Colombia, el enganche por medio de la oferta falsa de empleo se consolidó como el principal medio utilizado por los tratantes de personas en 2020; antes incluso que el enamoramiento, que era el más socorrido por los delincuentes, registrándose un total de 887 reportes en el primer semestre del año, 13 por ciento menos respecto de igual periodo del 2020, aunque existe un subregistro de entre 98 y 99 por ciento.
Esto confirma la estructura patriarcal y el poder misógino de este delito, siendo el causante de la agudización del peligro de la vida de las personas más vulnerables, sobre todo las mujeres y de las situaciones de precariedad de las mujeres trans. Por ello, si bien como delito se camufla en la invisibilidad que produce el miedo de las víctimas, es claramente reconocible cuando aparece como una alternativa a las personas que están angustiadas por sus condiciones infrahumanas. En este sentido, aumenta los riesgos de violencia y estigmatización social. La trata de personas, como un falso salvavidas a cambio de ingresos, les confina a la explotación en circunstancias de violencia verbal, física, psicológica y sexual, les obligan a consumir sustancias psicoactivas, las sometes a ser parte de prácticas ilegales y a pagar costos de forma constantes e injustificadas, bajo el sofisma que es la contraprestación al trabajo obtenido.
Adicional a ello, la visión conservadora y hermética entorno a la sexualidad, que la niega como un derecho, ha permitido que el delincuente use el sexo como un argumento de consumo en donde su cosificación se de en relación de abuso con prácticas claras como la explotación sexual, el trabajo forzado, el servicio doméstico manipulado, y el matrimonio servil. Que para el caso de las personas trans, en trabajo sexual o migrantes, se dan en un escenario de múltiples expresiones de exclusión, pues sumado a la transfobia naturalizada que les toca vivir y les niega acceso a una ciudadanía digna, el someterse a las prácticas de la esclavitud sexual se convierte en la única opción de vida pero a la vez, la estigmatización a quienes, por optar por ese ejercicio de la sexualidad, merecen ser despreciadas y negadas.
El Reporte Global sobre Trata de Personas reveló que en 2020 en América Latina y el Caribe 3.421 personas fueron víctimas del delito y de ese total el 64% lo fue con fines de explotación sexual y el 35% para trabajos forzados. Si bien son cifras preocupantes, es aún más grave que se trate de datos que siguen estando en subregistro, pues la mayoría de las víctimas por temer a las represarías de los tratantes o estar sometidas a ellos en prácticas de explotación no denuncian. Además, esta información carece de enfoques diferenciales para conocer cuántos de estos delitos son cometidos por prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas en una región donde no hay protección para las personas LGBTI. En este sentido, persiste un alto índice de indefensión y estigmatización de las víctimas LGBTI que les hace más vulnerables a la invisibilidad y a la naturalización de la trata de personas.
Es urgente que se activen acciones conjuntas entre Estado, sociedad y organismos internacionales para cerrar filas en materia de protección de las víctimas y poner freno al delito. Esto adquiere gran relevancia en escenarios de altísima complejidad, como donde se dan procesos de movilidad humana o donde hay riesgos de explotación sexual. Para ello, se requiere garantizar una asistencia integral y una respuesta basada en derechos que empodere a las víctimas a denunciar, les de seguridad y les garantice acceso a la justicia para que recuperen el control de sus vidas. Por lo tanto, es necesario construir rutas y protocolos de atención diferencial que influyan en la prevención, atención y restitución a las personas trans y que en todos sus niveles garantice una perspectiva interseccional. Asimismo, es importante la implementación de una gran campaña social en materia de educación de derechos sexuales para hacer de la sexualidad un derecho que garantice superar el tabú y construir escenarios de vida digna en el ejercicio pleno de libertades.
De esta manera, adoptar medidas en materia de trata de personas desde un enfoque de derechos humanos puede ser una oportunidad para que los Estados avancen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan reducir sustancialmente todas las formas de violencia. En particular, los ODS 5, 8 y 16 que incluyen metas para erradicar la explotación sexual, el trabajo forzoso y la trata de personas y se activen escenarios en materia de acceso a salud pública, garantías laborales y espacios habitacionales y de acogida a personas trans con especial atención a migrantes y trabajadoras sexuales. Solo así, podremos superar la trata de personas y erradicar de la vida social cualquier práctica de utilización del ser humano como medio de ganancia o exponerle a prácticas de esclavitud. Al mismo tiempo, estas medidas permitirán cultivar la libertad sexual y la autonomía de los cuerpos como el valor en torno al cual la sociedad en su conjunto preserva la vida con la polifonía de las voces de las mujeres trans víctimas de la trata, que piden ser reconocidas de forma integral en la sociedad en la plenitud de sus derechos y libertades sexuales, con acceso real y efectivo a sus derechos en un marco de seguridad y garantías de dignidad
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo