Las víctimas LGBTI del conflicto como eje fundamental para la construcción de paz

6 de abril de 2020. Han sido décadas de conflicto que han marcado al territorio colombiano y a diferentes grupos de la población civil en medio del fuego cruzado, víctimas de una lucha que no estaba dentro de sus planes de vida ni de sus intereses. El belicismo histórico que ha caracterizado a los actores armados de orden insurgente, contrainsurgente o legal, seguido del abandono estatal en las diferentes regiones y subregiones, como Cauca, Caquetá, Chocó, La Guajira o Putumayo, por referir solo a algunos, ha significado el reconocimiento a medias de las responsabilidades que convergen en medio de las afectaciones de las víctimas y sus familiares. Por esto, a partir del día de la memoria y la solidaridad con las víctimas, presentamos una breve reflexión sobre la situación de las víctimas LGBTI que ha dejado el conflicto armado en el país.

Desde una mirada nacional, el Registro Único de Víctimas[1] (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), registra en su base de datos, hasta enero de 2020, un total de 8’553.416 personas víctimas del conflicto armado en todo el país, concentrándose mayoritariamente por el lugar de ocurrencia de los hechos en los departamentos de: Antioquia (1’701.482); Bolívar (650.360); Magdalena (503.499); Nariño (497.104); Chocó (458.493); y Cauca (452,966), por hacer referencia a algunos.

Por otro lado, este registro presenta una variable de análisis denominada “hecho victimizante” que agrupa las principales conductas perpetradas por los actores del conflicto armado en contra de la población civil. A nivel nacional, los hechos victimizantes que más se han documentado son: desplazamiento forzado (7’585.536); homicidio (1’018.860); amenazas (427.585); y, desaparición forzada (178.064).

A partir del artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas, se incorporó el enfoque diferencial como un principio rector para el reconocimiento de las afectaciones particulares que han sufrido determinadas poblaciones a lo largo del desarrollo del conflicto. Por tal motivo, el RUV presenta dentro del filtro de género una variable independiente para el análisis de la población LGBTI[2], señalando la existencia de 3720 víctimas dentro de este segmento. Los departamentos con mayor presencia son: Antioquia (907); Bolívar (262); Chocó (258); Nariño (231); y Cauca (218). Desde una perspectiva regional, el Caribe cuenta con el segundo departamento con mayor registro de víctimas LGBT a nivel nacional, lo cual no significa que en el resto de la región no haya ocurrido nada, porque, por el contrario, se han registrado casos en todos los departamentos continentales, como en Córdoba (185), Magdalena (147) y Cesar (137), y en subregiones como Montes de María y el Magdalena Medio, donde el conflicto armado ha tenido un fuerte impacto, y que han sido punto de tránsito clave para los actores insurgentes, paramilitares y toda clase de grupos armados.

Asimismo, para la misma fecha de corte se han registrado 5.632 hechos victimizantes contra personas LGBTI, siendo los más documentados: el desplazamiento forzado (3.428); las amenazas (1.010); los delitos contra la libertad y la integridad sexual (441); el homicidio (330); entre otros. Lo anterior es  reflejo de las dinámicas de violencia y control poblacional llevadas a cabo por los actores armados en el desarrollo del conflicto, fundamentados en los prejuicios hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades/expresiones de género diversas, que si bien no nacen con los actores armados y su accionar – puesto que son parte del desarrollo sociocultural y las construcciones heteropatriarcales  –, sí aumentaron y se degradaron aún más con sus acciones dirigidas a exterminar la diferencia, las cuales se pueden tipificar, en el marco del Estatuto de Roma, como crimen persecución.  A estas acciones, que analizadas en su conjunto conforman un patrón de macrocriminalidad, les hemos llamado crimen de persecución por prejuicio.

En este sentido, se abordan algunos elementos que configuran este patrón macrocriminal, partiendo de la idea que la visibilidad es un criterio transversal en la selección y ejecución de la conducta, es decir, se elige a una persona fácilmente reconocible – por lo que las personas trans, no binarias, o con expresión de género diferente a lo tradicionalmente aceptado son las más vulnerables –, contra quienes, en frecuentes ocasiones, la violencia se ejerce con fines “ejemplarizantes”, siendo las mujeres LB y hombres trans las mayores víctimas de violencia sexual con fines “correctivos”, y las mujeres trans y hombres gais y bisexuales, especialmente aquellos con expresión de género femenina, las mayores víctimas de violencia sexual con fines de castigo. Finalmente, la disposición del cadáver de la víctima se realiza en un lugar abierto para que, al verla, otras personas LGBTI se atemoricen.

A lo descrito, se suman las amenazas, que podían ser de forma directa, indirecta o  por vía de panfletos que señalaban explícitamente el carácter de “indeseable” de las personas LGBTI y que por lo tanto, debían salir del territorio para no ser víctimas de la mal llamada “limpieza social”. Estas situaciones generaban un terror constante sobre las psiquis de las personas con OSIGEGD, que, para evitar las barbaries que podrían llegar a cometer contra ellos, se veían forzados a vivir bajo los roles binarios tradicionales de género, a “tratar de disimular”, siendo esto una afectación constante al derecho a la vida digna, al diseño de un plan de vida, al libre desarrollo de la personalidad, una forma de tortura constante de vivir con temor a “ser descubiertos” y lo que podrían llegar a enfrentar en caso que eso ocurriera.

Estos son solo algunos de los elementos que configuran el modus operandi que se ejercía con cierta complicidad social a raíz de los prejuicios que se encuentran históricamente arraigados en la cultura patriarcal y heteronormada, en este sentido, los diferentes actores armados al margen de la ley – e incluso la fuerza pública a través de dinámicas que respondían a este orden de ideas  –  veían en la violencia y rechazo abierto contra las personas LGBTI dinámicas de obtención de legitimidad social, una oportunidad en sentido político-económico y militar.

Lo anterior ha venido siendo documentado y analizado por Caribe Afirmativo, particularmente, durante el año se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un informe mixto en Apartadó (Antioquia) que continua con lo expuesto en ¡Que nunca más se repita!, presentado días antes en Bogotá y que relata prácticas, patrones y afectaciones producto de la violencia hacia personas LGBTI de Antioquia en el marco del conflicto armado. Asimismo, en este mismo orden de ideas pero en el contexto territorial de la subregión de Montes de María, a través del informe denominado ¡Nos mantenemos en pie!, teniendo como objetivo nuevamente de ser entregado al organismo jurisdiccional del SIVJRNR[3]. Por último, en septiembre del año pasado, Caribe Afirmativo entregó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad el informe ¡Nosotras Resistimos!, el cual – a grandes rasgos – relata cómo se dieron las vulneraciones descritas en párrafos precedentes y su relación con el crimen de lesa humanidad de persecución, las afectaciones diferenciales y horrores que pasaron ellos y ellas, así como sus amigos o amigas, que por años tuvieron que callar debido a la complicidad estatal para reproducir prejuicios contra la ciudadanía que les cohibía de denunciar.

Estas acciones de incidencia buscan aportar al reconocimiento de los patrones de violencia diferenciales que han vivido las víctimas LGBTI en marco del conflicto armado, considerando que permiten acompañar y respaldar colectivos o personas que llevan años trabajando desde sus comunidades para acceder a garantías que desde la institucionalidad estatal no han recibido, también, porque permiten impulsar otros procesos conjuntos de visibilización, lo cual sirve para incentivar a otros a que también cuenten sus historias y vean que es necesario hacerlo para alcanzar la verdad, su verdad, todo eso que se guarda después de atravesar por un suceso tan nefasto como el conflicto armado en este país; así, continuar construyendo paz desde una perspectiva incluyente para todos y todas, esperando lograr contar las historias que aún temen ser contadas y evitar que estas puedan repetirse nuevamente.

En este momento, contamos con ejemplos de medidas de reparación que se han formulado desde una perspectiva comunitaria, desde las víctimas, en consideración a sus necesidades colectivas en marco del reconocimiento de la labor que durante años han venido realizando a pesar de los obstáculos, riesgos y la insuficiente presencia del Estado para garantizar su seguridad y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, como se evidencia con la Comuna 8 de Medellín, primer proceso de reconocimiento y reparación colectiva de personas LGBTI – que hoy se encuentra en grave riesgo debido a los sucesos ocurridos recientemente en contra de Jhon Restrepo, líder social LGBTI y miembro fundador de la Casa Diversa –, o, del Colectivo Crisálida en San Rafael.

Por todo esto, es importante continuar en pie de lucha por la construcción de paz desde el reconocimiento a la labor que han venido realizando las víctimas a través de sus resistencias, la memoria que podemos ayudar a construir para incidir ante los diversos organismos de justicia transicional generados a raíz del proceso de paz, y aquellos prexistentes. Para ello, Desde Caribe Afirmativo, continuaremos durante este 2020 trabajando en el acompañamiento de procesos de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a víctimas LGBTI del conflicto armado en distintos territorios de Colombia como Córdoba, Cesar, Cauca, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Antioquia, entre otros tantos.

[1] Para acceder a la base de datos puedes dar clic aquí.

[2] A la fecha de elaboración presentación del documento, el RUV en su base de datos general presenta una categoría denominada “Intersexual”(número de víctimas: 997), sin embargo, debido a que emplea la sigla LGBTI, y no LGBT  no podemos afirmar que la información presentada en la categoría aparte no esté ya incluida dentro del conteo LGBTI. Asimismo, a través de la búsqueda avanzada en la pestaña de enfoque diferencial, tampoco se emplea la categoría “intersexual” en la presentación de datos pormenorizados por departamentos o municipios.

[3] Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el marco del acuerdo de paz celebrado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.