30 meses después de conocerse en el país el informe de la Comisión de la Verdad, y sus recomendaciones —en las cuales 47 están destinadas a mejorar los proyectos de vida de las personas sexo-género diversas como propuesta de una hoja de ruta para que la violencia no se repita—, sigue siendo urgente el llamado de incorporarlas en la vida del país para poder garantizar que la paz sea el escenario para la vida digna de las personas LGBTIQ+.
La Comisión de la Verdad de Colombia, aprendiendo de lecciones de otras comisiones de la Verdad, no solo se dio a la tarea de presentarnos un informe voluminoso que responde a dar cuenta de las causas estructurales del conflicto armado, sino que también se puso en la tarea de proponernos acciones para que estas situaciones no se repitan y le entregó al país un grupo de recomendaciones, 220 en total, resultado de hallazgos estructurales causantes de la violencia y con un plan de 647 acciones claves para su implementación. De ellas, luego del fallido intento de incluir todas las recomendaciones al Plan de Desarrollo, para superar la falencia de no ser normativamente vinculantes, el gobierno actual, cumpliendo con su expresión “a rajatabla”, incorporó primero 47 de ellas y luego, por una acción de los pueblos originarios, se incluyeron otras más del volumen étnico: “resistir no es aguantar”, haciendo que en la actualidad 104 estén hoy en cabeza de los organismos del Estado para implementar. Sin embargo, en esta situación, como ocurre con la implementación del acuerdo de paz, las recomendaciones referidas al enfoque de género, correspondientes a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, son las que menos avanzan y donde no existe compromiso del Estado ni la sociedad.
En el informe final se reconocen 47 recomendaciones relacionadas para las personas sexo-género diversas: 1 relacionada con la mayor tarea que tenemos los colombianos, que es concretar nuestra vocación de paz con el proyecto político de la paz grande; 8 en el volumen de hallazgos y recomendaciones, que son las generales para la articulación de la convivencia de todos los grupos poblacionales; 37 específicas con lo que significa el proyecto de vida de las personas LGBTIQ+, en el volumen “Mi cuerpo es la verdad”; 14 relacionadas con la paz territorial para que la diversidad sexual y de género haga parte de esa tarea pendiente de Colombia de consolidar la paz territorial, mayores afectados por la violencia; y 1 recomendación en el capítulo étnico, que asume una tarea urgente de reconocer la interseccionalidad en los proyectos de vida de las personas. Además, su agrupamiento en diferentes ejes deja trazado el horizonte de posibilidad de qué contextos hay que transformar para garantizar que la paz sea sinónimo de diversidad en el país: 17 de ellas en el eje de democracia, que le devuelve su mayor misionalidad, que es garantizar la igualdad; 9 tanto en cultura de paz, que asume la transformación de imaginarios, como en la atención integral a las víctimas, que nos recuerda la centralidad de la justicia, reparación y garantías de no repetición; 5 en el eje de seguridad, que plantea la urgencia de superar los asesinatos y las amenazas a las personas sexo-género diversas; 4 en justicia, para superar la impunidad estructural; y 3 en paz territorial, que busca medir en la vida de los territorios cuánto avanzan las acciones de vida posible en realidades como la ruralidad y en diversos entornos sociales y culturales.
Esta posibilidad de hoja de ruta, para una vida digna de las personas LGBTIQ+, no está siendo aprovechada por el Estado ni por la sociedad. El olvido del informe final de la Comisión de la Verdad, el aumento de discursos de odio y las políticas anti-derechos que se han posesionado en el país no solo no han asumido un compromiso con las recomendaciones, sino que las han negado bajo sofismas como que son privilegios, que son asuntos ideológicos y situaciones de menor cuantía. Pero se equivocan, porque las recomendaciones son derechos que son fruto de violaciones o restricciones a los proyectos de vida y que no asumirlas es poner en riesgo la vida de las personas sexo-género diversas, pues los hallazgos que las motivaron son la persistencia en el país de graves violaciones a los derechos humanos y las acciones están en el orden de indicadores de satisfacción. Veamos repasando las recomendaciones específicas que la Comisión entrega para superar la violencia que afecta a las personas sexo-género diversas.
Primero, prevenir la violencia: Investigación de violencias de género y delitos sexuales contra mujeres, hombres y personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado. Además, entrega al gobierno promover entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de géneros no normativas; promover el desarrollo continuo de procesos de investigación sobre violencias contra personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado; y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado. Reconocer en los procesos de memorialización y museos a nivel territorial, con apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, a las víctimas LGBTIQ+, las violencias diferenciadas que sufrieron y sus resistencias.
Segundo, promover la búsqueda de personas LGBTIQ+ y brindar apoyo integral a sus familias: Fortalecer la implementación del enfoque diferencial y de género en el marco de los procesos adelantados por la Jurisdicción Especial para la Paz y acabar la impunidad en articulación con la Fuerza Pública, las organizaciones LGBTIQ+, la justicia y la ciudadanía. Articular rutas de protección individual y colectiva de líderes y colectivos LGBTIQ+. Construir lineamientos de un trato garante de derechos a las personas LGBTIQ+ por parte de las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada. Facilitar en los programas regionales el acceso a vivienda y agua a personas LGBTIQ+, aplicar enfoque diferencial en las políticas, también en los grupos étnicos.
Tercero, constituir políticas, programas y planes de igualdad y equidad: Buscar disminuir las brechas en materia de derechos de la población LGBTIQ+, así como crear secretarías o subsecretarías de igualdad o equidad de género que articulen estas políticas y acciones y se coordinen con el Ministerio de Igualdad. Desarrollar una ley de identidad de género con el fin de que estas personas cuenten con mecanismos reales para hacer efectivos sus derechos. Modificar el Estatuto de la Participación Democrática para incluir la participación desde los escenarios de paz y de los grupos poblacionales, con especial énfasis en personas LGBTIQ+.
Cuarto, adoptar protocolos para el respeto a los derechos humanos y el enfoque de género: Reconocer de manera expresa los derechos de las personas LGBTIQ+. Apoyar la recolección de información sobre violencia contra personas LGBTIQ+ para observatorios y redes regionales y nacionales, así como el registro de las violencias contra personas y colectivos LGBTIQ+ como parte del conflicto armado y su reparación junto con la UARIV y la Unidad de Restitución. Allí también es clave consolidar rutas de protección individual y colectiva basadas en el concepto de seguridad humana integral, cuyo principal objetivo sea dignificar y mejorar la calidad de vida integral de las personas LGBTIQ+.
Quinto, promover el enfoque diferencial en la prestación de atención en salud: Incluir salud mental, salud reproductiva, bienestar de hijos e hijas de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto y campañas de prevención de VIH con enfoque diferencial.
Sexto, fomentar la contratación de personas LGBTIQ+ y combatir la discriminación laboral: Establecer en instituciones educativas una cátedra de paz con enfoques poblacionales, diferenciales y territoriales, y reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Construir lineamientos de un trato garante de derechos a las personas LGBTIQ+ por parte de las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada. Facilitar en los programas regionales el acceso a vivienda y agua para personas LGBTIQ+, aplicar enfoque diferencial en las políticas, también en los grupos étnicos.
Séptimo, invitar a los centros educativos a reconocer el valor de la diversidad: Integrar esta perspectiva en currículos, cátedras y acciones pedagógicas, así como en los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual y de género. Implementar estrategias de comunicación para erradicar los prejuicios y la discriminación contra la población LGBTIQ+, y trabajar con los medios de comunicación para combatir los estereotipos y prejuicios. Esto incluye articular un gran proceso de cultura ciudadana para contribuir a la sensibilización y formación de funcionarios, funcionarias y contratistas del Estado en el reconocimiento y trato garante de derechos a las personas LGBTIQ+.
Octavo, promover espacios de participación con garantías plenas: Fomentar los espacios de toma de decisiones y garantizar que las diferentes entidades públicas aseguren la participación activa y permanente de las personas LGBTIQ+. Reconocer sus fechas conmemorativas y apoyar su celebración pública. Firmar pactos ciudadanos por la convivencia en los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, Consejos Municipales o similares. Es clave fortalecer el estatuto para la participación de las mujeres en sus diversidades.
Noveno, trabajar la cultura ciudadana: Es importante apoyar las manifestaciones artísticas y culturales de las personas LGBTIQ+, propiciando espacios culturales que visibilicen sus derechos y fomenten el respeto a la diversidad. Contribuir a la cultura de paz desde las iglesias, comunidades religiosas y comunidades de fe, con especial énfasis en la transformación de las percepciones y el trato hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+. Esto ayudará a desinstalar las narrativas de odio que legitiman y aceptan la eliminación física de las personas.
Décimo, implementar la Política Pública Nacional LGBTIQ+: Garantizar que cuente con los mecanismos necesarios para su aplicación basada en derechos, en diálogo con otras políticas públicas, activando acciones afirmativas y fortaleciendo la Mesa de Casos Urgentes como espacio no solo de atención, sino de prevención de violencias, con escala territorial y en colaboración con los gobiernos seccionales.
Onceavo, articular estrategias de desarrollo territorial sostenible: Garantizar enfoques diferenciales, transversales e interseccionales que promuevan medidas afirmativas para los pueblos étnicos, el campesinado, las mujeres, las personas LGBTIQ+, las personas en condición de discapacidad o diversidad funcional, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las personas de la tercera edad y los demás grupos y comunidades históricamente violentados.
Doceavo, que la comunidad internacional sea garante y continúe apoyando: Velar por el cumplimiento de las recomendaciones presentadas por la Comisión para las personas LGBTIQ+, apoyando su seguimiento y monitoreo. También se propone que la cooperación internacional condicione su apoyo al Estado colombiano, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los actores privados y cualquier otro actor, a comprometerse con el respeto y la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Son estas doce agrupaciones nada más y nada menos que respuestas concretas: recomendaciones a las graves violaciones y hallazgos que siguen haciendo muy difícil la vida de las personas LGBTIQ+ en los territorios colombianos, y que se agudizan con el conflicto armado. Superar estas violaciones es necesario para garantizar que la paz sea sinónimo de diversidad.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo