Estas son unas de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad para que en Colombia, en la construcción de paz, se trabaje por la reparación estructural de las personas LGBTIQ+.
El objetivo de la declaración 085 de los diálogos de paz del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en la mesa de negociación en la Habana, que presenta el enfoque de género del Acuerdo de Paz —entendido como la tarea que tendrá en adelante el sistema de dar cuenta de los efectos diferenciadores y desproporcionados de la guerra contra las mujeres y las personas sexo-género diversas— era conocer las causas directas de afectación de la guerra hacia estos grupos poblacionales y garantizar que este empeño de vivir en paz sea sinónimo de que superar el conflicto signifique su reconocimiento de derechos. Con ese propósito, la Comisión de la Verdad (CEV) en sus tres años y medio de funcionamiento, desde su grupo de género y con la participación de la sociedad civil, lideró espacios de escucha, recogió testimonios, recibió informes y revisó en los sistemas de información las formas de esta violencia de género y prejuiciosa que dio como resultado el volumen ‘Mi cuerpo es la verdad’, que da cuenta de los hechos victimizantes sobre las mujeres y las personas LGBTIQ+.
Entregó también la CEV un grupo de recomendaciones recogido, tanto en ese capítulo, como en el volumen de ‘Hallazgos y recomendaciones’, que tienen como propósito —ante ese reconocimiento de la violencia en el marco de los años de conflicto, que responden a la pregunta sobre cómo el conflicto armado afectó a las mujeres y las personas LGBTIQ+— entregar respuestas respecto a cómo garantizar que estas no se repitan y consolidar así, en el ejercicio de la construcción de paz, un escenario de vida digna para ellas. Dichas recomendaciones, que están sustentadas en una matriz de propuestas diversas recogidas en el mismo periodo de tiempo en el que se recopilaron los hallazgos que responden a las causas estructurales del conflicto, que comprometen al Estado, la comunidad internacional, terceros y la sociedad civil en su conjunto, están puestas en un periodo de tiempo para que sean implementadas en los próximos tres años. Esto implica que hay que activar de inmediato mecanismos de seguimiento que den cuenta que el Informe está siendo acogido en la vida cotidiana del país.
Podríamos decir que, en términos generales, las recomendaciones en materia de mujeres y personas LGBTIQ+, que suman 15 entre el volumen ‘Mi cuerpo es la verdad’ y el volumen de ‘Hallazgos y recomendaciones’, buscan lograr cinco grandes acciones en Colombia, siendo las siguientes: 1. Activar ejercicios de cambio inmediato en la vida social, cultural, política y económica del país, que permitan una transformación estructural de la naturalización de los prejuicios que hace muy difícil sus vidas; 2. Garantizar que puedan participar activamente en los procesos que se emprendan para encontrar medidas de reparación y que estas sean efectivamente sanadoras de las heridas que la violencia ha dejado en sus cuerpos; 3. Promover instrumentos claros y precisos para tener instituciones y espacios garantes para un cumplimiento efectivo de cada una de ellas; 4. Garantizar que estas acciones se establezcan tanto desde lo territorial, como de lo contextual que atraviesa la vida de cada persona sexo-genero diversa. Por último, 5. Promover ejercicios que consoliden la seguridad integral y el bienestar como sinónimos de reconocimiento de sus derechos.
En el volumen de mujeres y personas LGBTIQ+ se destacan tres de estas recomendaciones y son competencia directa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se materializan consolidándose el enfoque de género en todas sus acciones, en el macro caso de violencias sexuales y violencias reproductivas y otras violencias motivadas por sexualidad y género y, además, que en la etapa de solicitar actos de reparación a los comparecientes, permita la participación activa de las víctimas en las decisiones. Esto, con el fin de que esta reparación sea, efectivamente, transformativa. Otras en particular, están dirigidas al Estado y demandan, en primer lugar, la urgencia de dar inicio a una transformación estructural para desnaturalizar la violencia, el reconocimiento público que este debe dar de la existencia de las mismas por su acción u omisión y, de otro lado, impulsar las acciones directas encaminadas a crear mecanismos de reparación y no repetición en cada una de sus instituciones y de manera específica.
Ya en el volumen de ‘Hallazgos y Recomendaciones’, se presentan ocho recomendaciones concretas que se proponen materializar de forma específica, las cuales deben activarse para mejorar la vida de las mujeres y las personas LGBTIQ+, siendo estas: 1. La recomendación No. 18 establece la urgencia de crear un estatuto de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales para garantizar su incidencia en asuntos políticos; 2. La recomendación No. 20 indica la creación de un estatuto para la participación de las mujeres y las personas LGBTIQ+; 3. Recomendación No. 25 solicita la implementación de ajustes institucionales para hacer frente a la discriminación en razón de género y garantizar una vida libre de violencias; 4. La recomendación No. 40 solicita al Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia —en asocio con el Congreso y autoridades territoriales— promover transformaciones culturales y normativas para garantizar una seguridad integral; 5. En esta misma recomendación se desprende una específica (.8), que exige el cambio inmediato de los procesos de formación y procedimientos en materia de género de las Fuerzas Militares y la Policía; 6. La recomendación No. 49 solicita al gobierno y al Congreso promover de inmediato un desarrollo con enfoque territorial, en aras de superar el déficit de derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ en la ruralidad; 7. En la recomendación No. 69 se invita a la creación de una instancia para la cultura de paz acorde a contextos y territorios. Por último, 8. En la recomendación 66 se exhorta a las comunidades de fe y las iglesias a promover el respeto a los derechos humanos y transformar percepciones hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+.
En un horizonte de tiempo, este grupo de recomendaciones aspira a implementar el cambio en la doctrina de formación de las FFMM y la Policía de inmediato. Las demás, en el mediano plazo, —que es entendido entre dos y tres años— y, para ello, se espera el concurso del Estado en todos sus niveles, de algunos actores claves de la vida social y política del país, más allá del Estado. También es necesario un ejercicio activo y participativo de las organizaciones, colectivas y procesos de mujeres y personas LGBTIQ+ para que, apropiándose de estas recomendaciones, pueden activar procesos de seguimiento, que puedan dar cuenta en su vida cotidiana que dicha implementación está garantizando su calidad de vida. Por su puesto, el concurso allí del Comité de Seguimiento y Monitoreo, creado con el propósito de velar por que se implementen cada una de ellas, será tener una perspectiva de género con enfoque territorial que le permita, no solo reconocer cuándo y de qué manera se acoge la recomendación, sino también constatar que, en los proyectos de vida de las mujeres y las personas sexo-género diversas, se están dando las garantías necesarias para sus proyectos de vida.
Son recomendaciones específicas en orden a la transformación estructural para superar unas afectaciones que, en los hallazgos, constatan que el conflicto armado hizo más difícil la vida de las mujeres y las personas LGBTIQ+ y que, con sus parámetros morales, sexistas, patriarcales y misóginos, exacerbó su realización personal. Este proceso tan ambicioso y de tan corto plazo es, desde el legado de la Comisión de la verdad, la oportunidad para que esta verdad, que es un bien público, sea terapéutica, sane las heridas que el conflicto dejó en los grupos poblacionales más afectados y haga de la construcción de paz, la posibilidad de que sea sinónimo de igualdad, justicia social y vida bien vivida para las mujeres y las personas LGBTIQ+.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo