10 de diciembre de 2020. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se abre un espacio para realizar un dialogo abierto sobre los compromisos adquiridos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la anterior fecha presente, desde Caribe Afirmativo hemos considerar necesario hablar sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas LGBT en el 2020, sus afectaciones tras el COVID-19 y como existe un panorama de violación de DD. HH nacido de los prejuicios por su nacionalidad, su sexualidad y altos índices de discriminación.
Como parte de la estrategia de visibilización de experiencias de diversidad sexual en el proceso de movilidad humana venezolana se ha llegado vincular a más de 100 personas venezolanas asentadas o que transitan por diferentes territorios de Colombia. El Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo a realizado un proceso de subregistro de violencias a personas migrantes y/o refugiadas en territorios del Caribe Colombiano y en ciudades o municipio tales como Ipiales en Nariño, y Cúcuta.
Para el año 2020 el observatorio ha registrado 50 casos de violencias a personas LGBT en los territorios objetos de análisis. En el Caribe Colombiano, los territorios de Atlántico y Magdalena son los que llevan la cabecera en el subregistro de violencias. El análisis por identidades sexuales, indica que los hombres gais de origen extranjero, en este caso, nacionalidad venezolana son quienes más son afectados, estrechamente relacionado con su orientación sexual y visibilidad en la expresión de género. Seguido a ellos, las que son más afectadas son las mujeres trans, de los cuales se registran 2 casos de posibles feminicidios (en el departamento del Atlántico en Soledad y en el departamento de Magdalena en Santa Marta); esta cifra aumenta teniendo en cuenta el homicidio de un hombre gay en Valledupar, César, para un total de 3 personas migrantes con muerte violentas.
Por otro lado, los continuum de violencias se expresan en conductas tipificadas en el ordenamiento jurídico: actos de discriminación, hostigamientos y amenazas. Tres conductas que viven continuamente personas migrantes LGBT, asociadas al prejuicio que se tiene sobre la orientación sexual e identidades de género diversas, el nacido de la nacionalidad y el imaginario de sus cuerpos son imaginarios de violencias. Desde luego, estos tipos penales son una muestra clara de la presencia de prejuicio jerarquizante en el cual el agresor busca mostrar dominio sobre su víctima, en ese sentido, busca silenciar su disidencia sexual y obstaculizar sus derechos.
A la fecha, el exceso de fuerza y el abuso de autoridad es una violencia que se centra específicamente sobre las mujeres trans, bajo ese sentido, el Observatorio de DD. HH ha registrado 2 casos de esta forma de violencia, en las que se han visto afectadas 5 mujeres trans migrantes quienes han sido objetos de amenazas y en los peores casos han tenido que desplazarse de los territorios en lo que se encontraba por temor a represalias.
Este contexto mencionado, se evidencia con la persistencia de trato diferenciado injustificado por parte de la institucionalidad a las trabajadoras sexuales genera a que se diseñen estrategias que recriminan y revictimizan a las mujeres trans, tales como: carnetización en el que se manifieste no tener VIH para ejercer trabajo sexual, limitación o negación de acceso al espacio público e irrespeto de las zonas de tolerancias.
La situación genera una enorme preocupación por la presencia del prejuicio que permea todo el entorno en el que se despliega los derechos de las mujeres trans en Valledupar, lo cual sigue aumentando el imaginario de ser cuerpos depositarios de violencias y de jerarquización de sus derechos. Más aún, cuando el prejuicio no solo es sexual, puesto que se funde con tendencias xenofóbicas, centrándose en el ejercicio de violencias sobre las mujeres trans migrantes venezolanas. Estos actos son realizados tanto por la ciudadanía quienes lo ejercen de manera directa e indirecta por la institucionalidad, al existir una omisión de estrategias verdaderas y con la aplicación de un enfoque diferencial.
En los otros territorios donde se ha realizado acompañamiento se conocen casos de violencias a personas migrantes venezolanas se han realizado subregistro de múltiples formas de violencias a personas migrantes y/o refugiadas LGBT, empero, en estos territorios fronterizos, muchas de las acciones no son llevadas a diligencias judiciales por lo que las víctimas no conocen rutas de atención y mantienen una desconfianza hacia la institucionalidad. Nuevamente, los hechos más reportados siguen siendo actos de discriminación y amenazas que aumentan por la visibilidad de la expresión de género o la transgresión al sistema sexo-género impuesto por la sociedad.
Un panorama general en país se ratifica con las múltiples maneras de negar y obstaculizar el ejercicio de los derechos de las personas migrantes y/o refugiadas, en especial, derechos como la salud y libre circulación, puesto que abre la puerta a una escalada de violencias sistemática. En territorios fronterizos como Maicao (Guajira) e Ipiales (Nariño) la presencia de bandas criminales agudiza estas formas violentas generando barreras imaginarias que pone en jaque los derechos de personas LGBTI migrantes y/o refugiadas, con un mayor énfasis en las mujeres trans, tal es el caso, de un grupo mujeres que desaparecieron en la frontera con Ecuador.
“Llegué y me dijeron que ellos me daban todo, donde vivir, computador y cámara y me dijeron cuanto tenía que hacer diario, es normal, uno lo puede hacer, te quitan un porcentaje, pero me va mejor que muchos que trabajan por ahí y yo no considero que sea prostitución porque nadie me toca”. (Testimonio de mujer trans venezolana).
Por último, una situación preocupante a nivel país son las puertas abiertas tras el COVID-19 a formas de explotación y dinámicas de trata personas, en atención a la Ley 800 de 2003 el ordenamiento jurídico colombiano ratifico el “Protocolo de Palermo” que definió la Trata de Personas y dentro de la cual contempla el engaño y el abuso de poder en condiciones de vulnerabilidad como componentes claves de este, testimonios como el citado es la muestra fehaciente de “sobrevivir para vivir”, lo cual expone a muchas personas migrantes a estar sometido por quienes desconocen sus derechos y estar entornos altamente coercitivos.
Los hechos de violencias como los relatados y descritos, no son casos aislados. Los casos de violencias se convierten en herramientas que utilizan las personas LGBTfóbicas para invisibilizar las experiencias de diversidad sexual en el proceso de movilidad humana. Caribe Afirmativo persiste en el compromiso por visibilizar estos casos de violencias ocurridos en varios territorios del país, donde hemos llevado nuestras acciones para construir paz desde hace más de 4 años. De esta forma, en trabajo conjunto con las comunidades, como es el caso de Ipiales y Tumaco crearemos herramientas para el acceso a derechos fundamentales y el respeto a la vida de todas las personas con orientación sexual, identidad y expresiones de género diversas, nacionales o que estén en situación de movilidad humana. No obstante, hacemos un llamado a la institucionalidad a garantizar los derechos de las personas en condición de movilidad humana.