Instamos a los gobiernos de las Américas a brindar medidas de regularización y protección internacional a personas LGBTIQ+ que se encuentran en proceso de tránsito migratorio.
26 de octubre de 2023. Como medida para frenar la migración irregular de personas hacia Estados Unidos, se inició la deportación de todas las personas venezolanas que crucen a este país o permanezcan en él sin fundamentos legales. Este 18 de octubre se realizó el primer vuelo que transportó a 130 personas venezolanas expulsadas del estado de Texas, conocido por sus posturas antiderechos para el trato con las personas migrantes.
A pesar de los esfuerzos por parte de agencias internacionales como la ACNUR y Amnistía Internacional para que no se realicen deportaciones ilegales de personas refugiadas, Estados Unidos espera seguir realizándolas con mayor frecuencia[1]; a pesar de que este tipo de acciones ignoran el principio de no devolución, lo cual constituye una violación al derecho internacional.
La convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 en el artículo 33 establece que ningún estado parte deberá enviar personas refugiadas a países o fronteras donde su vida corra riesgo por motivos de persecución causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas[2]. En este orden de ideas, la Declaración de Cartagena de 1984 establece que este principio es: “piedra angular de la protección angular de los refugiados”, a lo que se debe agregar que debe ser aplicado sin importar si es reconocida formalmente o no como una persona refugiada[3].
Las alertas de estas organizaciones están fundamentadas en los múltiples informes de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos en este país, que desde 2019 presenta informes sobre las violaciones realizadas por parte del Estado y su aparato represivo. También, en una notificación del 3 de octubre en el registro federal del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde se afirma que: “Venezuela se sigue enfrentando a una emergencia humanitaria debido a la crisis política y económica, así como a las violaciones a los Derechos Humanos, abusos y altos índices de crimen y violencia”[4][5]. Esta notificación se presentó en el marco de la renovación del Estatuto Temporal de Protección (TPS) que amplió la medida a las personas que hayan ingresado antes del 31 de julio del 2023.
Para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la política de deportación es una medida peligrosa y contradictoria a la ampliación del TPS son, ya que: “según las leyes tanto internacionales como estadounidenses, cualquier persona que tema por su vida, su integridad personal o su libertad, tiene derecho a solicitar asilo y al debido proceso”[6]. Dadas las condiciones de vulnerabilidad en la que la mayoría de personas venezolanas realizan sus tránsito migratorio hacia Estados Unidos y la precariedad en los sitios de detención migratoria en las fronteras con México, algunas personas pueden optar voluntariamente aplicar a estos vuelos de retorno; sin embargo, para aquellas que no, se les debe garantizar el acceso a la información sobre protección internacional y medidas de regularización, así como el respeto al debido proceso. Especialmente a personas que pertenecen a grupos vulnerables e históricamente discriminados, como las personas LGBTIQ+.
Y es que, en Venezuela, los actos de discriminación basadas en prejuicios sobre la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa se acrecentan a medida que se quebranta el estado de derecho y se agravan las medidas coercitivas hacia las manifestaciones de desacuerdo con el Estado. En los informes de la Misión del 2020, 2021 y 2022, se recopilaron evidencias y testimonios de cómo opera el aparato represivo del estado y las violencias que estas ejercen contra personas LGBTIQ+. Ante esto la Misión reportó que: “el control social del estado ha estado acompañado por la comisión de delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y otras formas de tratos crueles e inhumanos contra personas que son percibidos como amenazas para el gobierno de Nicolas Maduro. Las víctimas principales han sido activistas políticos percibidos como opositores, a los que se incluyen líderes y lideresas de organizaciones sociales LGBTIQ+”[7].
En el informe del 2023, la Misión estableció que personas trans han sido víctimas de violencia sexual, detención arbitraria y hostigamiento por parte de servidores públicos. Asimismo, ha habido un incremento de los discursos discriminatorios y estigmatizantes hacia las mujeres e identidades diversas en los medios de comunicación partidarios del gobierno. Y, se ha podido identificar que se ha ejercido violencia política que ha limitado la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.
A nivel local, la organización País Plural ha realizado un informe sobre la situación de Derechos Humanos de personas LGBTIQ+ en el país. De las 555 personas encuestadas, más del 28% manifestaron haberse sentido discriminadas por las fuerzas de seguridad por su orientación sexual y/o identidad de género[8] y alrededor del 12% haber sido extorsionada por estos mismos. Esta discirminación permea otros espacios como la salud, donde el 20,27% de las personas reportaron haber sido discriminadas y el trabajo donde manifiestan que deben ocultar su identidad y expresión de género para no ser víctimas de violencia.
Este tipo de cifras refleja que existe una desprotección de derechos para las personas LGBTIQ+ materializándose en una persecución de sus libertades individuales y colectivas. Reflejo de esto es el caso de los 33 hombres que se encontraban en una fiesta sexual y fueron detenidos y judicializado sin sustento jurídico, y a los cuales durante su proceso se les violó el derecho a la intimidad, exponiendo sus datos públicamente[9]. Sumado a esto, un funcionario de la universidad de Carabobo realizó una quema de la bandera LGBTIQ+ de forma pública y luego público en sus redes sociales que este colectivo es perverso y lo asoció con la pedofilia[10].
La amplificación de discursos de odio y la criminalización de las identidades diversas contribuyen al aumento de la discriminación hacia personas de sexo-género no hegemónico. La estigmatización lleva a que se excluya de espacios de acceso a derechos y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Estas formas de violencia hacen parte de un proceso sistemático que busca excluir a las personas LGBTIQ+ para mantener el control social y privilegiar las formas de vida que van acorde al sistema social opresor. Todo esto deberán enfrentar las personas LGBTIQ+ que regresan a Venezuela.
Desde Caribe Afirmativo, instamos a los gobiernos de las Américas a brindar medidas de regularización y protección internacional a personas LGBTIQ+ que se encuentran en proceso de tránsito migratorio. Igualmente, a que se respete el derecho internacional de las personas refugiadas que huyen de sus países por motivos de persecución en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Por ende, consideramos que se debe tomar en cuenta en todos los casos de personas LGBTIQ+ refugiadas, la directriz sobre protección internacional número 9[11] y lo dispuesto en la declaración de Cartagena.
[1] EEUU reanuda vuelos de deportación a Venezuela con más de 100 migrantes a bordo – Los Angeles Times (latimes.com)
[2] Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951 (acnur.org)
[3] Microsoft Word – CG. conclusion 9 al 10 julio.doc (acnur.org)
[4] Federal Register :: Extension and Redesignation of Venezuela for Temporary Protected Status
[5] Traducción no oficial.
[6] Anuncio del DHS sobre deportaciones a Venezuela es contradictorio y peligroso – WOLA
[7] Violaciones a DDHH en la frontera colombo venezolana: ¿Cuál es la situación para las personas LGBTIQ+? – Corporación Caribe Afirmativo
[8] Nuestra Comunidad presentó datos preliminares sobre las personas LGBTIQ+ en Venezuela (nomasdiscriminacion.org)
[9] ‘Los 33’: hombres gays y bisexuales fueron detenidos por tener sexo en un establecimiento privado en Valencia, Venezuela. – Corporación Caribe Afirmativo
[10] https://x.com/ovlgbtiq/status/1708985025251721557?s=20
[11] Directrices sobre protección internacional No. 9: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967 (refworld.org)