En momentos en los que, como sociedad, demandamos que las redes sociales y las personas que lideran acciones desde estas plataformas con miles de seguidores sean espacios éticamente responsables, es imperativo que cumplan con protocolos que respeten y reconozcan los derechos humanos, evitando cualquier situación que ponga en riesgo la vida de las personas.
Una sociedad tan violenta como la colombiana, donde año tras año contamos asesinatos, masacres, amenazas, desplazamientos forzados, etc., parece ser –de forma errónea– que la violencia verbal y simbólica, o aquella física que no pone en riesgo el bienestar corporal de forma directa, puede ser tolerada, menos investigada y en ocasiones, asumida como menos nociva para la sociedad. El afán de resolver la violencia fática nos lleva a olvidarnos de otros tipos de violencia; pero en los últimos años, el incremento numérico de la violencia no física, en estudios sobre todo de salud mental y análisis de situaciones como los casos de incremento de suicidios, ha dejado constancia de lo grave de estas violencias en el país y lo urgente que la sociedad las mire con atención, prevenga su existencia y atienda sus consecuencias, que son múltiples y catastróficas.
En lo que se refiere a la violencia verbal y simbólica, preocupa el incremento que, en medios de comunicación orales y escritos, ha tenido el manejo de los asuntos LGBTIQ+. Primero, un uso desacertado de titulares revictimizando a las personas sexo-género diversas. Segundo, una práctica de incriminación, haciéndoles responsables de la violencia que reciben a diario. Tercero, un uso cosificante de sus vidas, dejando sus exigencias en un escenario de mera frivolidad. Cuarto, un trato despectivo, burlándose todo el tiempo de sus apuestas, creyendo que su vida es un chiste. Y quinto, una pormenorización de las violencias que viven a diario, como si las merecieran, o por su diversidad sexual y de género, su vida importara menos.
Es recurrente encontrar en emisoras personajes que imitan a personas LGBTIQ+, haciendo mofa de ellos en horarios de esparcimiento, donde entre risas y risas ridiculizan a una persona trans, vulgarizan el amor entre personas del mismo sexo o vacían de contenido apuestas sociales y políticas propias del movimiento. También, en la prensa escrita, es común ver titulares llamando “alias” a los nombres de las personas trans, percibiéndolas como responsables de violencia cuando son las víctimas e incriminándolas en prácticas delictivas como la orientación sexual, identidad o expresión de género, conduciéndose a ello. En la televisión, la reificación de los cuerpos diversos hace una apuesta por exaltar un cierto tipo de cuerpos y reducir las apuestas del movimiento a la exhibición, el consumo y las apuestas de divertimento, invisibilizando las luchas por la vida digna y la búsqueda del bien común.
Y son, en los últimos años, las redes sociales, en cada una de sus plataformas, y la ausencia de mecanismos de control y protocolos de respeto, las que vienen concentrando los mayores y más violentos ataques a las personas LGBTIQ+: amenazas directas, exposición de situaciones que les ponen en riesgos, insultos sistemáticos, burlas que no encuentran límite entre la ofensa y la diversión y una invasión de la vida privada, ha hecho que con preocupación. Se conocen cada día más casos de personas sexo-género diversas que por estos medios son amenazadas, extorsionadas y agredidas, destruyendo vidas y poniendo en jaque tanto el bienestar individual como colectivo.
En días pasados, la Corte Constitucional profirió sentencia condenando a por el uso de su tarea de influencer para poner en riesgo la vida de las personas LGBTIQ+, particularmente las personas trans. En su decisión, el tribunal recordó lo siguiente: a. En un país como Colombia, están en alto riesgo los derechos de las personas sexo-género diversas y, por ello, se deben promover todas las acciones necesarias para no permitir acciones de discriminación que ponen su vida en mayor riesgo; b. Por ello, advirtió que en este país ese mismo tribunal reconoció que las personas LGBTIQ+, particularmente las personas trans son sujetas de especial protección constitucional y se debe velar por su dignidad; c. Recordó que el derecho a la libertad de expresión, si bien está consagrado, tiene sus límites y nada justifica que por hacer uso de la libertad se atente contra los derechos de otra persona; y d. Poner su vida en riesgo es un acto grave que no solo amerita una disculpa pública, sino promover acciones de transformación social.
Estos argumentos fueron el soporte de su decisión de condena la influencer Wescol (Luís Villa), dejando claro que se evidencia la discriminación y la promoción del odio contra las personas LGBTIQ+ y que, el haber dicho luego de forma baladí y no con la misma fuerza vinculante de su burla, “perdón”, era insuficiente y debía activarse todo un proceso de reparación y de transformación de imaginarios. La clasificación que la corte hace de la discriminación en este particular es de “sospechosa” y enunciarla de esta manera es recononocer que el acto discriminatorio tiene todo un potencial de ser detonante de otras y más graves violencias y que, solo una burla, puede ser el inicio de una acción sistemática de afectación a la vida de las personas sexo-género diversas. Esto se ha logrado constatar en otros escenarios sociales y culturales, donde una expresión verbal, un acto físico o un ejercicio simbólico es el detonante de múltiples y rápidas prácticas de exclusión y violencia, pues allí la discriminación opera como un dispositivo de violencia que se enraiza en prácticas naturalizadas y se expresa en diversas formas de prejuicios.
El influencer en esta ocasión, como otros generadores de opinión que permanentemente activan este tipo de “burlas” en sus libretos, alegan a su favor libertad de expresión, no intención de violencia y un contexto mediático que no transita a lo efectivo. Frente al primer argumento en esta sentencia, como en una rica jurisprudencia que la antecede, se deja claro que la libertad de expresión tiene sus límites en los derechos y la vida digna de las personas. Es decir, por muy sutil y efímera que sea la afirmación, por tratarse de un espacio comunicativo y por el poder que tiene quien la emite, no sólo detona violencia, sino que la agrava y, por más mediático, frívolo o jocoso que sea el espacio, la vida de las personas históricamente excluidas no es excusa para hacer chistes con ellas. Estas son realidades que en el mundo de las redes sociales estamos en mora de reglamentar, prevenir y sancionar —y en ello la virtud de esta sentencia—. Es cada día más fuerte y con mayor efecto destructivo los escenarios como las redes sociales y el impacto que genera en la formación de la sociedad.
Dice la corte que la libertad de expresión en redes sociales tiene los mismos límites que en otros medios de comunicación, por ende, los discursos de odio, las burlas, las expresiones ofensivas contra las personas LGBTIQ+, ni son libertarios, ni son inofensivos, ni mucho menos pasajeros. Son activadores de violencia.
El informe de la Comisión de la Verdad, sobre el conflicto armado en Colombia, en uno de sus hallazgos más contundentes advierte que, de las motivaciones más contundes en la sociedad que ha permitido perpetuar la violencia hacia las personas LGBTIQ+ es la complicidad social, alimentada por la información manipulada que ha hecho de las personas sexo-género diversas el enemigo interno al que hay que combatir y no reconociendo que la diversidad es uno de los mayores valores del país. Es precisamente esta complicidad social, que se alimenta con expresiones sensacionalistas y las falsas noticias, como las producidas por las redes sociales y que no solo es indiferente frente a la violencia, sino que, por el influjo mediático de estos contenidos, termina avalándolos, justificando su existencia y pormenorizando sus causas.
Por ello, en este caso en particular, el proceso de sensibilización y formación que debe hacer el influencer responsable de la conducta discriminatorio puede ser una buena oportunidad de apostar todo el potencial y poder que tienen personas como él en las redes sociales para transformar realidades. Pero, para ello, se requiere: primero, que se convenza a sí mismo de lo grave de sus señalamientos; segundo, que ese poder e convocatoria y de convicción lo use para transformar la naturalización del prejuicio y que, de inmediato, estos contenidos y programas y por extensión la prensa escrita, la radio y la televisión, asuman protocolos y procesos claros que garanticen que todas sus acciones sean garantes de derechos, respetuosas de la diversidad y promotoras de una cultura ciudadana que reconoce la vida digna de las personas LGBTIQ+.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo