6 de agosto de 2020. Las medidas de aislamiento social como el “pico y cédula” se han generado desde los gobiernos locales como una herramienta para controlar la propagación del COVID-19. A través de esta se ha logrado restringir la circulación de las personas en los territorios, permitiendo disminuir el ratio de contagio del virus. No obstante, estas medidas han implicado la vulneración de derechos a personas LGBTI y migrantes que buscan acceder a servicios básicos como las ayudas humanitarias y el acceso a la justicia.
Una mujer lesbiana que reside en Barranquilla fue beneficiaria de una ayuda humanitaria por medio de una agencia de cooperación internacional. Al recibir el mensaje le especificaron que debía ser reclamado en una cadena de supermercados y que debía llevar su cédula venezolana para poder retirarlo. Para esto debió esperar hasta su día de salida para ir reclamar el subsidio, sin embargo, al intentar acceder al supermercado el guardia de seguridad le impidió la entrada.
En un primer momento el guardia de seguridad le dijo que las personas venezolanas no podía entrar al supermercado. A esto, ella respondió mencionando sus derechos a lo que el guardia contestó que sólo con pasaporte sellado o documento de Migración Colombia podía ingresar. Al acudir agentes policiales al lugar, la respuesta dado por estos fue mencionar actos de violencia perpetrados por personas venezolanas en Colombia y que no podía hacer nada por no tener un documento que verificara su estatus migratorio regular.
Como este caso se han presentado varios que han podido ser identificados por Caribe Afirmativo a través de encuentros con ciudadanía venezolana. Uno de estos encuentros se realizó la semana pasada en el marco del proyecto INTEGRA y dónde la ciudadanía venezolana participante comentaron los casos de vulneración de derechos y negación de acceso a servicios que se han presentado en el marco del aislamiento social.
Estas historias compartían puntos en común: xenofobia por parte de funcionarios de supermercados y centros comerciales, prejuicio sexual hacia personas migrantes venezolanas LGBTI que buscaban acceso a justicia para el restablecimiento de sus derechos y atribuciones por parte de funcionarios públicos y privados para impedir el acceso a derechos de estas personas. Estas situaciones están propiciadas por el vacío técnico que medidas como el “pico y cédula” tienen al momento de aplicarse en los territorios. Y esto es principalmente porque no tienen en cuenta a la diversidad poblacional como personas trans y migrantes venezolanos en situación irregular.
Es preocupante en la medida de que se sigue instrumentalizando la situación migratoria irregular para denegar el acceso a derechos a personas venezolanas migrantes, al tiempo que se torna imposible el restablecimiento del derecho por LGBTIfobia en las instituciones públicas. Y resulta aún mas preocupante la complicidad de las instituciones públicas llamadas a proteger los derechos, quienes violan los entendimientos a los que se llegan entre estas y la sociedad civil y agencias de cooperación internacional; referentes a las prerrogativas para las personas migrantes y aquellas OSIGEG diversa.
Con el fin de dar respuestas a estas situaciones expuestas por la ciudadanía venezolana en el quinto encuentro del proyecto INTEGRA, se crearon rutas de atención para casos de discriminación, negación de derechos y violencias. Esta creación de rutas esta enmarcada en el modulo de “Enfoque de Derechos Humanos para personas migrantes” y que hace parte de la iniciativa INTEGRA que vienen trabajando Caribe Afirmativo con el apoyo de la Fundación Interamericana desde el 2019.
Este encuentro permitió conocer más a fondo las situaciones de vulnerabilidad de derechos de las personas migrantes venezolanas y darles a conocer las formas de hacer exigibilidad para el restablecimiento de los mismos. Como resultado se generaron estas rutas de atención para los territorios de La Guajira, Atlántico, Magdalena y Bolívar; los cuales permitirán una respuesta rápida a las vulneraciones y el trabajo articulado con las organizaciones sociales y agencias de cooperación internacional que trabajan a favor de la integración social de personas venezolanas migrantes LGBTI.