5501 episodios de violencia ocurridos durante el año 2022 en el país y documentados por Caribe Afirmativo dan cuenta de que es urgente garantizar condiciones de vida digna para que las personas LGBTIQ+ gocen de ciudadanía plena en la vida cotidiana.
Como es costumbre, Caribe Afirmativo, con motivo de un aniversario más del asesinato de Rolando —crimen que está aún en la impunidad— presentó en Cartagena, la misma ciudad donde le asesinaron, el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Estos datos recogen el esfuerzo cotidiano del equipo de derechos humanos por documentar diariamente aquellos hechos que cuestan la vida y hacen más difícil la existencia a miles de personas en el país. Esta documentación se da ante la ausencia de compromiso por parte del Estado, que no solo no previene estas violencias, sino que investiga poco, no documenta, ni registra, ni analiza efectivamente, como si las vidas de las personas sexo-genero diversas no merecieran ser vividas.
El informe solo habla de restricción al derecho a la vida y a la libertad y no se acerca aún a otros análisis necesarios como derechos económicos, sociales y culturales, o disfrute de espacio público, acceso con equidad a un sistema de salud garante de derechos, educación con calidad y trabajo decente, bajo la máxima de que, primero, tenemos que garantizar que las vidas puedan ser vividas. En esa línea, es posible afirmar que Colombia sigue estando en los primeros lugares en la región —junto con Brasil, México y Honduras— por ser uno de los países más violentos para las personas LGBTIQ+. Esta situación es impresentable y contradictoria, pues en estos mismos países, avanzan sentencias judiciales, leyes y decisiones de políticas públicas que reconocen a las personas sexo-género diversas. No obstante, parece que se quedan en el papel pues, pese a que se presentan como estados garantes de la diversidad sexual y de género, a su ciudadanía LGBTIQ+ la siguen matando, golpeando, desplazando y violando porque, al parecer, no hay derecho a vivir una vida sin violencias.
En total, y contrastando con fuentes oficiales, el informe da cuenta de 5501 casos de violencia contra las personas LGBTIQ+ en esta anualidad. Es decir, en promedio, cada día se presentan en el territorio nacional entre 15 o 16 hechos violentos que ponen en riesgo la vida de las personas sexo-género diversas. Entre las cifras, registramos 145 asesinatos (homicidios y feminicidios), 3527 amenazas, 104 casos de violencia policial y 1725 casos de actos de discriminación y hostigamiento. En el mismo periodo se presentaron 110 tentativas de homicidio contra esta población que si bien por fortuna no cumplieron su objetivo que era aniquilar a las víctimas, pusieron su vida en peligro. Estas cifras y, por tanto, tendencia diaria, podría llegar a ser mayor, de acuerdo con los indicadores del informe.
A manera de detalle, de las 145 víctimas de homicidios y feminicidios, 49 fueron personas con experiencias de vida trans (17,24% equivalente a 25 hombres trans y 16,55% equivalente a 24 mujeres trans), 47 hombres gais (32%), 14 mujeres lesbianas (9,6%), 10 hombres bisexuales (6,8%), 4 mujeres bisexuales (2,75%), 15 personas con otras identidades (11%) y 6 en casos en las categorías “sin especificar” (4,13%). Respecto a las amenazas, se registraron 3527 víctimas, donde 1469 fueron hombres gais (42%), 679 mujeres lesbianas (19%), 384 hombres bisexuales (11%), 372 mujeres bisexuales (11%), 280 personas con experiencia de vida trans (8%), 290 personas con otras identidades (8%) y 53 personas en las categorías “sin especificar” (1%). Sobre violencia policial, fuentes oficiales registraron 104 víctimas. De esta cifra, 36 son hombres gais víctimas, 21 mujeres lesbianas, 15 hombres bisexuales, 15 mujeres bisexuales, 12 personas con experiencias de vida trans 12 y 8 personas en la categoría “sin especificar”. En cuanto a actos de discriminación, se reportaron 1.314 víctimas, de las cuales 694 se efectuaron en contra de hombres gais, 358 contra mujeres lesbianas, 114 contra personas con experiencias de vida trans, 63 contra hombres bisexuales, 37 a mujeres bisexuales, 3 personas con otras orientaciones sexuales y 19 víctimas en la categoría “sin especificar”. Frente a la conducta de hostigamiento, se reportaron 411 víctimas totales, de las cuales 198 fueron hombres gais, 135 mujeres lesbianas, 16 hombres bisexuales, 15 mujeres bisexuales, 34 personas con experiencias de vida trans, 10 con otras orientaciones sexuales y en 3 personas en la categoría “sin especificar”.
Detrás de estos números y porcentajes, hay vidas que fueron víctimas de prejuicio y sigue preocupando el alto estado de exposición y de vulnerabilidad que tienen tanto hombres como mujeres trans, quienes, por su expresión de género y su cuestionamiento a las imposiciones de sociales, se ven cotidianamente amenazadas por prácticas violentas, sumándose la desatención estatal y la indiferencia ciudadana, que hace que su existencia sea una odisea y sobrevivir casi una proeza. En segundo lugar, destaca el alto índice de homicidios contra hombres gais, que son asesinados, amenazados y golpeados por desafiar al patriarcado opresor, o porque tienen un proyecto de sexualidad lejos de los parámetros hetero patriarcales. También se deben resaltar el aumento de afectación a personas bisexuales, que es proporcional a su apuesta de visibilización, y los pocos datos de mujeres lesbianas, que no es otra cosa que el reflejo de una sociedad misógina, que hasta relativiza la violencia cuando quien la recibe es una mujer y mucho más cuando proponen un proyecto de vida desde las disidencias sexuales.
En término de ocurrencia de los hechos, desafortunadamente, se tiñe de sangre todo el país. Si bien el valle del Cauca, Antioquia y Bogotá (como ciudad capital) siguen recogiendo los mayores índices de violencia —como conclusión determinante, no se puede señalar que es donde más ocurran, sino también donde hay más dinámica de denuncia y de acompañamiento organizacional— sigue siendo una incógnita frustrante de cuánto se habla y se compromete en estos tres territorios en materia de personas LGBTIQ+. Con estas cifras, no se puede concentrar la discusión sólo allí, pues no hay un ente territorial que escape a esta situación de violencia e los 33 que tenemos aún hay gobiernos —como en el caso de San Andrés, en el Caribe, o de Guainía, en el Amazonas, y Arauca, en los Llanos— donde las autoridades ni se preguntan en sus acciones cotidianas qué pasa con la vida de las personas LGBTIQ+.
En relación con la impunidad —que es, junto al estado de indefensión, las dos mayores realidades que debemos transformar para que estas conductas no sigan reproduciéndose— si bien justo en el año 2022 la Fiscalía consolidó su compromiso con la investigación, acogiendo en sus procesos investigativos la guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de género real o percibida de la víctima, aún no se refleja en los procesos investigativos su efecto, por lo que cobra toda vigencia poder pasar a una directiva que en términos operativos le da al ente de investigación órdenes claras y precisas de priorizar, indagar e indicar si hay relación directa entre estos casos de violencia y la orientación sexual, identidad o expresión de género que expresaría la violencia por prejuicio.
Ahora, detrás de estas cifras —que seguramente son más y más agudas, pues es importante dejar claridad que sigue siendo esto un subregistro y que aún estamos a la espera que el Estado, que tiene acceso permanente a la información, tenga un sistema de información actualizada, oportuno y con categorías claras y acertadas que den insumos de política pública— lo importante es la vida de la gente, pues hay nombres, proyectos de vida y sueños que fueron truncados por la violencia; son muchas personas que fueron asesinadas, violentas o desplazadas y no gozan ahora de la misma alegría y libertad para vivir su vida y un sinfín de otras que están con miedo, zozobra y escondidas porque, por más de que el país se empeñe en mandar titulares y sus gobiernos en decir que trabajaran por los derechos de las personas LGBQTI+, estos casos de violencia no dan seguridad y no permiten pensar que este país que piensa la paz es también para vivir plenamente la diversidad sexual y de género.
Para la erradicación de violencias se requiere voluntad política, estrategias diseñadas del Estado con capacidad y recursos de implementación, acciones de los gobiernos departamentales y locales que promuevan los derechos humanos, en especial de las personas LGBTIQ+. Asimismo, políticas públicas con indicadores claros y concretos que permiten la concientización sobre las dinámicas de violencias en todos los escenarios y espacios y brinden programas que reconozcan los mínimos para una vida digna y libre de violencias. Este Informe también es una apuesta de construir memoria y garantizar mecanismos de no repetición y, por ello, de parte de la sociedad civil, es necesario un compromiso ciudadano por comprender que la diferencia y la diversidad es un elemento valioso en la sociedad como elementos de la construcción de paz, porque no se mata lo que no se olvida.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo