20 de diciembre de 2021. Con la victoria de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast con el 80% del escrutinio realizado en la contienda presidencial de Chile, se pueden hacer algunas reflexiones sobre lo que implica la victoria de la extrema izquierda en un país donde históricamente había vencido el centro -hacia la izquierda o la derecha- desde el regreso a la democracia con el fin de la dictadura de Pinochet.
Boric es un joven de 35 años que viene representando la mayoría de las demandas del estallido social en Chile en el año 2019, cuyas manifestaciones dejaron, por un lado, una nueva constituyente y, por el otro, un saldo total de una treintena de fallecidos y 460 personas con lesiones oculares[1]. Así, las posibilidades del candidato del partido Comunista para ser elegido como el nuevo presidente, eran considerables; pese a que, durante la primera vuelta, el margen de diferencia con su adversario de la extrema derecha era muy reducido.
Con su victoria, la estabilidad y la tendencia de la región para retornar a la izquierda; sin embargo, enfrentará, por lo menos, dos grandes retos durante su mandato; el primero es su nula experiencia sobre administración pública, puesto que no se ha desempeñado un cargo diferente al de parlamentario en su país; y, en segundo, la materialización de propuestas populistas, como la condonación total de los créditos educativos del país, sin explicar, ni tener claro el cómo y la procedencia de los recursos pese a ello.
Aun con todo y ello, la victoria de Boric también supone una bocanada de aire para la agenda de la diversidad en lo público, ya que su contendiente era abiertamente detractor de los derechos de las mujeres, personas LGBTI, comunidades étnicas y migrantes procedentes -en su mayoría- de Venezuela o Haití. Con su llegada al poder, se garantiza -al menos de manera inicial- la representación social de estas agendas a nivel nacional y la tranquilidad de seguir trabajando por el reconocimiento de sus derechos.
Con respecto a las personas LGBTI, en su plan de gobierno, se menciona de manera explícita que se trabajará por su inclusión desde 5 pilares[2]:
1) Reconocimiento de derechos civiles: impulsar la Ley de Matrimonio Igualitario, con los mismos derechos que el matrimonio regula actualmente, y reconocer derechos de filiación para las parejas del mismo género.
2) Aseguramiento de derechos sociales, económicos y culturales:
- Incorporar en las medidas de recuperación económica a la población LGBTIQ+, especialmente a quienes se ven mayormente afectadxs por un precario vínculo con el mercado laboral y que cuentan con menor protección social.
- Impulsar la ley de educación sexual integral, incorporar transversalmente al currículum la educación inclusiva LGBTIQ+ y convertir a las escuelas en espacios seguros para la diversidad sexual
- Impulsar un plan de discriminación cero en el acceso y la atención integral de salud en atención primaria, secundaria y terciaria. Además, realizar campañas permanentes de prevención de VIH, ITS y promoción de la salud sexual en general.
- Fomentar acciones afirmativas que resguarden el acceso al empleo, con énfasis en el cupo laboral trans, e impulsar un plan contra el acoso laboral hacia les trabajadores LGBTIQ+.
- Garantizar el reconocimiento de redes propias de cuidado de la población LGBTIQ+, fortalecer la protección de las personas mayores LGBTIQ+.
3) Resguardo y protección de los derechos de las personas trans: Impulsar Ley Integral Trans sobre la protección y la promoción de las trans diversidades, abordando las desigualdades estructurales que enfrentan en todo ámbito.
4) Compromisos contra la violencia y los crímenes de odio, a través de un Plan Integral de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que involucre la prevención y erradicación de todas las formas de violencia hacia mujeres y población LGBTIQ+.
5) Nueva institucionalidad gubernamental para las políticas de diversidad. Crear una Subsecretaría de Diversidad dentro de un renovado Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad; que promueva el trabajo interministerial para el resguardo de los derechos de las personas LGBTBIQ+ y que promueva la participación de la ciudadanía y social en la elaboración de las políticas.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde Caribe Afirmativo reiteramos nuestro compromiso con la incidencia de lo LGBTI en los procesos políticos, democráticos y electorales en interés de construir sociedades más cohesionas, justas y equitativas. Así, el gran reto para la ciudadanía chilena, será rodear el proceso de implementación de las propuestas realizadas por el presidente electo y, por último, pero no me menos importante, aunar esfuerzos con la sociedad civil organizada LGBT en aras de hacer control político y seguimiento con el propósito de garantizar que dicha ejecución se realice correcta y transparentemente.
[1] Datos obtenidos de Las cifras que dejó un año de estallido social en Chile – France 24
[2] Datos obtenidos de PROGRAMA-GABRIEL-BORIC.pdf (servel.cl)