Mediante el decreto 1874 de 2022, el presidente Gustavo Petro confió a la vicepresidenta la misión de coordinar interinstitucional e intersectorialmente el desarrollo de la política pública dirigida a poblaciones diversas LGBTIQ+.
14 de septiembre del 2022. El 09 de septiembre del 2022 fue sancionado el Decreto 1874 de 2022, por el cual el Presidente Gustavo Petro le asigna misiones o encargos a la Vicepresidenta Francia Márquez. El Decreto cuenta con 17 artículos y le confía la coordinación interinstitucional e intersectorial para el cumplimiento de las políticas públicas adoptadas por el gobierno colombiano. Entre estas políticas se encuentran las de discapacidad, de cuidado y las de personas LGBTIQ+.
Otros asuntos, como el seguimiento a la implementación al capitulo étnico del Acuerdo de paz y al Comité del Paro Cívico de Buenaventura, el relacionamiento con el movimiento afrodescendiente y los programas para brindar soluciones frente a las problemáticas de agua potable y saneamiento público de la población ubicación Litoral Pacifico y Norte del Departamento de Cauca, están incluidos en este mismo decreto. Por último, Francia Márquez se encargará de presidir el diseño, implementación y seguimiento a planes, proyectos y programas para la equidad de género y un entorno de respeto de los DD.HH, así como, el cumplimiento del auto 620 de 2017 que rige el Decreto 850 de 2018.
Desde Caribe Afirmativo celebramos esta medida que está orientada al cumplimiento y la garantía de diversas poblaciones, entre ellas, las personas LGBTIQ+. Sobre el cumplimiento de la Política Pública LGBTIQ+, el trabajo iniciará prácticamente de cero, pues los avances en el gobierno de Duque fueron muy pocos. El gobierno diseñó el plan de acción para un periodo de 2 años tras ser ordenado por un juez constitucional, luego de la acción de tutela presentada por organizaciones sociales que defienden los derechos de personas con orientaciones sexuales, identidades de género y/o expresiones de género diversas. En ese sentido, los tres ejes del Decreto 762 de 2018: Fortalecimiento de capacidades y competencias institucionales, Promoción del reconocimiento e inclusión de personas LGBTIQ+ y garantía y acceso a derechos están en incumplimiento sostenible no tienen un desarrollo significativo.
Así mismo, las instancias creadas con la Política Pública, como la mesa temática de casos urgentes que vulneren los derechos a la vida, la seguridad y la integridad, la mesa sobre derechos civiles políticos y participación, y la mesa de derechos económicos, sociales y culturales han sido olvidadas y pasadas por alto. Solo en ocasiones se han constituido una mesa de casos urgentes frente a situaciones de violencia contra personas LGBTIQ+, cuyo funcionamiento es provisionalmente y surgen por la solicitud de las organizaciones sociales. El incumplimiento más fuerte es el proceso de territorialización de la política, pues implica una incorporación del enfoque de diversidad sexual y de género en sus procesos de planeación estratégica de los municipios y departamentos, así como promover que en las entidades territoriales se adopten políticas públicas LGBTIQ+.
Esta misión de Francia Márquez debe abordar las problemáticas de carácter urgente que afectan los derechos de personas LGBTIQ+, entre las cuales se encuentran el alto índice de homicidios y feminicidios registrados en Colombia, la desprotección jurídica que viven personas con experiencias de vida trans, las ausencias de garantías de seguridad que tienes las lideresas, lideres y defensores humanos LGBTIQ+, la falta de reglamentación sobre el trabajo sexual y el modelaje webcam, y las prácticas consideradas torturas, tratamientos inhumanos y/o degradantes como las mal llamadas “terapias de conversión”.
Sin lugar a dudas, la implementación de la Política Pública inicia con en la construcción de un plan de acción, el cual debe formularse y construirse de manera participativa, permitiendo espacios de discusión que reúna a líderes, lideresas, defensores y defensoras, organizaciones de la sociedad civil y de la veeduría de la Política Pública LGBTIQ+, con una prelación por personas con experiencias de vida trans, de tal manera que todas, todos y todes tenga la posibilidad de alzar las voces, realizar propuestas y fijar indicadores.
El asunto de la participación jugará un papel fundamental, pues se espera del gobierno de la justicia social que entienda y atienda las realidades en los territorios periféricos en donde la violencia por actores armados ha tomado fuerza, por lo cual construirse como un sujeto sexualmente diverso difiere de lo que ocurre en las grandes ciudades. Es necesario entonces garantizar la participación de los y las ciudadanas, pues su omisión sistemática ha hecho que el diseño de estrategias o acciones pase por alto la dinámica social en el país, convirtiéndose así en acciones con daño en los territorios.
El deber de este gobierno, a nombres propios de Gustavo Petro y Francia Márquez, hacia las personas LGBTIQ+ no puede reducirse a la construcción del plan de acción, sino también su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Esto contempla permitir la participación de personas LGBTIQ+ en los encuentros regionales que se están organizando, respetar los lineamientos fijados en el Programa de Gobierno, asignar recursos en el Plan Plurianual de Inversiones, designar competencias a servidores para el seguimiento a los derechos de personas LGBTIQ+ y diseñar acciones para garantizar el derecho a la educación, salud, trabajo, etc.
El compromiso de este gobierno debe ser recíproco con al apoyo que en elecciones el movimiento social LGBTIQ+ demostró a quienes hoy ostentan el poder, por lo cual debe presionar ante el Congreso de la República para la no exclusión de personas LGBTIQ+ y la aprobación de iniciativas legislativas como la ley integral trans. Desde Caribe Afirmativo consideramos que una de las formas en las que cambio se ve es desde el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, elemento fundamental para la consolidación de la paz territorial y la reconstrucción del tejido social que tanto necesitamos en Colombia.