Se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo dejando por fuera a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que fueron el resultado de la escucha respetuosa de quienes han sido afectados por el conflicto armado.Tomarlas en cuenta era parte del camino hacia el cambio del ruido de la guerra por la armonía de la verdad.
En la semana que termina la aprobación del Plan nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el gobierno del cambio, nuevamente, dejó constancia de la clase política que tenemos y de la altura de sus debates; la tranquilidad de algunos políticos juiciosos que hacen bien su trabajo, argumentan sus propuestas y construyen con vocación democrática, y la de otros, de los cuales no nos libramos, que inventan realidades, atacan de forma irresponsable y solo defiende su interés corporativo. En este escenario, uno de los puntos que fue altamente afectado por la ausencia de compromiso colectivo fue el artículo 8 del proyecto de ley, que entregaba al PND tareas concretas referidas a la implementación de las recomendaciones indicando lo siguiente: “las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la CEV las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades”. Además, entregaba al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) trazar lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades y solicitaba el apoyo a Planeación Nacional para adecuar el sistema integrado de información para el posconflicto como herramienta para el seguimiento a dichas recomendaciones.
La lectura y puesta en debate de este artículo trajo tres tipos de postulados; de un lado, los que, con premisas de desconocimiento y rechazo visceral a todo lo relacionado con el acuerdo de paz, dijeron que estas recomendaciones eran amañadas, una imposición ideológica y que pretendían imponer un modelo de país antidemocrático que se había comprometido en la Habana. En segundo lugar, quienes posan de moderados que, si bien saludaron el trabajo de la Comisión, advirtieron que las recomendaciones no eran necesarias y que su implementación quebraba el orden constitucional y ponía en riesgo las instituciones. Finalmente, otros dejaron constancia de que las recomendaciones del informe eran el canal necesario para reparar a las víctimas y que su implementación era un deber moral de todo el pueblo colombiano con las víctimas. En el Senado se impusieron la primera y segunda versión, lo que los llevó a eliminar el artículo en su debate.
Un día después, la Cámara de Representantes, en el marco de un ambiente de exigibilidad de las organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado y defensoras de la paz que no entendían dicha negativa a implementar las recomendaciones, propusieron recuperar el artículo y hacer una modificación para resolver miedos injustificados que en la siguiente frase al texto ya enunciado: “…de conformidad con las disposiciones y limitaciones establecidas en la constitución política y en las normas vigentes”. Dicha proposición fue aprobada por la mayoría de representantes a la cámara que, a la postre, vienen de regiones afectadas por el conflicto armado y que acompañaron su voto de argumentos contundentes relacionados con la paz territorial, la urgencia de la reparación y las garantías de la no repetición. Mientras esta votación ocurría, en redes sociales crecían firmas, pronunciamientos y campañas recordando tres valores básicos de este informe: a) es la sumatoria de las voces de las víctimas que dieron cuentas de las graves afectaciones del conflicto armado; b) la verdad está aquí como un eje catalizador del dolor, sufrimiento y negación de violencia que tuvieron que afrontar y c) sólo tendremos paz estable y duradera cuando se restituyan sus derechos.
A pesar de que estos valores fueron destacados con insistencia desde diferentes espacios y sectores, en la conciliación entre el Senado y la Cámara de representantes en la madrugada de este viernes, fue eliminado del Plan Nacional de Desarrollo el artículo 8, que le entregaba al actual gobierno una hoja de ruta para consolidar este empeño de construir la paz. Tras lo ocurrido, consideré necesario dejar unas claridades para efectos de reiterar que no había amenazas en las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad, sino que su implementación consolidaba la vida social, política, económica y cultural de Colombia, particularmente de quienes vieron su vida marcada por los estragos del conflicto armado.
Acá menciono algunas. En primer lugar, no es cierto que la Comisión de la Verdad tenía un mandato de hacer un informe sin recomendaciones. No tendría sentido y, de ser así, más que una verdad viva, sería un pedazo de texto de colección el decreto ley 588 que crea la Comisión de la Verdad y le da como tarea “elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo, incluyendo garantías de no repetición”.
En segundo lugar, el artículo 32 del Decreto 588 establece la necesidad de dejar instalado un comité para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe Final —del cual hago parte— el cual entró en vigencia luego de la entrega del informe y tendrá una duración de siete años en los que seremos guardianes y guardianas de la verdad. Este Comité está integrado por siete representantes de distintos sectores de la sociedad y rendirá informes periódicos de seguimiento que incluyan evaluaciones a los avances y gestiones realizadas, así como identificación de dificultades. Además, deberá implementar un enfoque territorial, nacional y del exilio, así como otros enfoques diferenciales. Este Comité también implementará las medidas necesarias para difundir sus informes y unas estrategias de relacionamiento, interlocución e incidencia.
En tercer lugar, las recomendaciones no rompían con el ordenamiento jurídico; se debían incorporar todas y no de forma progresiva. Tampoco asumen ejercicio de automaticidad, como pensar que sus propuestas de repensar la justicia era sacar de inmediato al fiscal general de la nación, o que la urgencia de cambiar la vocación de la Policía, de un cuerpo de ataque a una institución más cívica, fuera dar orden de inmediato a sacarla del Ministerio de Defensa.
En cuarto lugar, estas recomendaciones refuerzan la garantía de derechos y la paz como vocación de Estado. No dejar las recomendaciones en el Plan de Desarrollo es no tener en cuenta la voz de las víctimas y de los procesos de construcción de paz en materia de cambio, igualdad y justicia social.
En quinto lugar, la cosificación y particularización que los enemigos de la paz quieren darle a las recomendaciones desconocen los siguientes puntos: 1. La grandeza de su composición, ya que es un mandato de más de trescientas víctimas que rindieron su información a la Comisión y de decenas de organizaciones de víctimas y de derechos humanos; 2. Son instrumentos de reconciliación, no son herramientas para atacar las instituciones, sino para proponer su reestructuración de cara a ser garantes de derechos y su progresividad: 3. No son recomendaciones para implementar de un tajo, sino para ir avanzando y ser una mejor sociedad.
Efectivamente, las recomendaciones no son vinculantes en términos legales, pero su construcción territorial y poblacional —y el fervor que los acompañó— es todo un mandato popular para pensar nuevas formas de país, el de la paz y la justicia social. Desconocer la gravedad de los hechos de la violencia hacia la ciudadanía, que no tenía que ver nada con el conflicto armado, las responsabilidad de los diferentes actores del conflicto armado y las afectaciones a los proyectos de vida, el medio ambiente y a las libertades ciudadanas exigen una clase política que, lejos de quererse apropiar de la verdad, asuman un compromiso con garantizar la ciudadanía y los derechos integrales de millones de colombianas y colombianos para quienes la guerra destruyó sus proyectos de vida.
Tengamos claro que la verdad no es un relato del pasado; son narraciones en vidas, en plural que, de forma dinámica, buscan construir rutas seguras para que todas las vidas puedan ser posibles, y ello implica reparar el pasado de ausencia de derechos con un futuro de ciudadanía plena, proponer acciones colectivas para que todas las personas puedan vivir donde su diversidad no sea objeto de exclusión, sino de reconocimiento, siendo estos aspectos claves para poder conseguir una sociedad en paz. Así como no hay una sola verdad, ni una verdad final, tampoco hay un solo grupo de recomendaciones, ni son las únicas; pero empezar a implementar estas —que fueron fruto de un trabajo de alta participación de la ciudadana en los territorios y grupos poblacionales históricamente excluidos— nos permitirá salir del atolladero de la violencia cíclica que hoy seguimos padeciendo y hacer posible una vida digna en cada rincón del territorio colombiano.
No podemos olvidar que la Comisión que redactó el informe no es su creador; solo fue instrumento de la ciudadanía que dio cuenta de cómo les afectó el conflicto armado. El Comité que hoy vigila por su implementación no es autoridad ética; es mecanismo de verificación de que se pueda ver que las personas que en su vida cotidiana experimentan que es posible vivir en paz. Las recomendaciones no fueron fruto de la escritura de los equipos técnicos de la Comisión, ni las tesis que responden a la pregunta problematizadora, “¿por qué y cómo se dio el conflicto armado?” de un ejercicio académico. Estas recomendaciones son el resultado de un ejercicio que en Colombia hemos omitido en décadas de violencia; la escucha atenta, respetuosa, participativa y reparadora de quienes han sido afectados por el conflicto armado, que exigen transformar el ruido de la guerra por la armonía de la verdad, una verdad que sea sanadora y creadora de ambientes de paz y justicia social.
67 recomendaciones del Informe de la Comisión de la verdad que buscan la paz completa, al incluirlas en el PND daba la oportunidad histórica al pueblo colombiano, luego de leer el Informe de la Comisión de la Verdad, de seguir trabajando para que esas atrocidades no se repitan. También permitían que las víctimas y sobrevivientes tuvieran más certeza de poder transitar a un ejercicio de ciudadanía plena y que los grupos poblaciones que vieron negados sus derechos por prácticas prejuiciosas que entendieron la diversidad como problema y buscaron aniquilarla, vieran con mayor firmeza este empeño del posconflicto en seguir trabajando arduamente por una oportunidad para vivir la libertad y diversidad con derechos.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo