Ante el peligroso y creciente discurso enarbolado por promotores del odio como política y de la negación de derechos como práctica social, que tiene lugar en las personas que cuestionan y rechazan la imposición del género sus principales víctimas, nos toca levantar la voz y pedir garantías de vida digna para las personas con experiencia de vida trans.
La situación de precariedad y ausencia de garantía de derechos es una realidad cotidiana de todas las personas LGBTIQ+ en general. Si bien hay demandas que nos llevan a concentrar las solicitudes desde lo particular, como el caso del penoso incendio en Argentina que cobró la vida de tres mujeres lesbianas y nos llevó a poner la discusión sobre los lesbofeminicidios, o la constante violencia contra hombres gay en espacios de divertimento que en los últimos meses ha agudizado las campañas en plataformas de ligue como Grindr para proponer políticas de autocuidado, no podemos olvidar que la violencia estructural y sistemática hacia el movimiento de la diversidad sexual y de género se ha agudizado hacia las expresiones de género que rechaza el patriarcado y el machismo opresor o que resisten los roles de feminidad impuestos por la sociedad.
Allí, las personas con experiencia de vida trans terminan siendo las más vulnerables y víctimas de la violencia. Por eso, en fechas como la de este fin de semana, que abogan por poner fin a las prácticas de LGBTIQ+fobia, llamadas como las que hace Caribe Afirmativo, de poner el foco de atención en las prácticas de transfobia para superarlas, son una necesidad apremiante. Sin llevarnos a los esencialismos de qué violencia es más grave que otra (todas son importantes) o qué identidad amerita mayor atención que otra (todas las identidades suman y se articulan en la lucha por el reconocimiento de derechos, pues el reconocimiento es colectivo y comunitario), como acción afirmativa y pedagógica, vale la pena poner énfasis particulares que transformen realidades generales.
Enunciemos cuatro situaciones que, lastimosamente, son cotidianas en Colombia y que este año 2024 se han agudizado: a) los feminicidios contra las personas trans. En los primeros cuatro meses del año, el observatorio de Caribe Afirmativo, de 18 homicidios registrados, indicaba que ocho correspondían a mujeres trans: cuatro en Cali, dos en Bogotá, uno en Tolima y otro más en Pasto; la mayoría ocurrieron la semana del 15 al 25 de abril (seis de ellos). Cinco de sus víctimas eran trabajadoras sexuales y fueron asesinadas en el marco de su ejercicio laboral; b) el año anterior, el observatorio documentó un incremento del 49% de casos de violencia policial, siendo las personas trans las más afectadas por estas expresiones de abuso de poder de parte de la Fuerza Pública. El pasado mes de abril, en la ciudad de Cartagena, en la estación de Policía de San Pedro, miembros de esta institución agredieron, desnudaron y golpearon a una mujer trans migrante, dejándola gravemente herida; c) normas y reglas consolidan la transfobia.
Así como en la pandemia la Alcaldía de Bogotá creó una normatividad de pico y placa para la circulación binaria, poniendo en riesgo a las personas trans, en días pasados, se conoció una decisión de la liga de Voleibol de Antioquia que expulsó de un campeonato de instituciones educativas a una deportista trans por “no haber nacido biológicamente mujer”; y d) las agresiones verbales y los insultos por redes sociales que Charlotte Sneider, mujer trans y alta funcionaria del gobierno nacional, ha recibido, liderados por otros políticos, ridiculizándola por su expresión de género, lo cual ha dado paso a una violencia verbal y simbólica de forma sistemática.
Esta violencia sistemática y transfóbica no es solo una realidad de Colombia. México ha reportado más de 30 feminicidios contra mujeres trans en lo que va del año; el gobierno de Perú recién emitió un decreto en su departamento de salud pública, patologizando a las personas trans y enunciando las vidas trans como vidas enfermizas; el gobierno de Argentina, al no avanzar en la implementación del cupo laboral trans, está dejando a muchas mujeres y hombres trans que estaban vinculados laboralmente sin empleo y amenaza con limitar el trabajo del bachillerato travesti/trans, que es ejemplo en el mundo; y en los Estados Unidos, pese a las seguridades del gobierno federal de proteger las vidas de las personas trans, los Estados, particularmente del sur, siguen echando atrás avances como “los baños sin género”, las acciones afirmativas con cupos educativos para personas trans y limitando su acceso a los sistemas de salud.
Todo este panorama cuestiona hoy el nivel y la calidad de los avances y compromisos en materia de derechos LGBTIQ+. Por un lado, algunos gobiernos que se jactan de ser liberales y pro derechos han concentrado todo su accionar en igualdad legislativa y en la enunciación de las agendas de diversidad sexual y de género, que con decisiones como el matrimonio igualitario, leyes antidiscriminación y apoyo a expresiones sociales, como las marchas del orgullo, tienen un mayor beneficio hacia la agenda gay y son más de orden cosificante y capitalista, que no cuestionan el patriarcado ni el sistema binario y sus prácticas misóginas. Por otro lado, gobiernos que, por prácticas conservadoras, han empezado a desmontar derechos, afectando de manera más estructural a las personas trans y precarizando más sus proyectos de vida.
Esa demanda de una menor expectativa de vida de las personas trans, que en Colombia ronda los 35 años, la situación de pobreza y de precariedad, que hace que la mayoría de ellas vivan en niveles de pobreza y miseria, la ausencia de espacios laborales y escenarios de educación adecuados que les permitan hacer del trabajo un derecho, reduciéndolas a prácticas de subempleo, empleo por supervivencia o explotación laboral, la ausencia de compromiso en materia de salud pública para acceder a servicios, lanzándolas a prácticas irregulares y artesanales que ponen en riesgo su vida y la naturalización de acciones de violencia verbal, física y simbólica de desprecio hacia las experiencias de vida trans, ha hecho de sus vidas un permanente riesgo. Esto deja constancia de que, por más cercanos a las agendas sexo-género diversas que se muestren los gobiernos y las sociedades estos días que se acercan a junio, mes del orgullo, son acciones fallidas, pues no están siendo traducidas en condiciones de vida digna para las personas trans.
Muchas instituciones, empezando por las gubernamentales, han abierto espacios de participación y laborales para personas trans, y se extrañan de que no llegan allí. No se han dado cuenta de que, para cumplir esa meta, toca mirar hacia atrás y devolverles la confianza, que conozcan y accedan a sus derechos, mejorar sus condiciones de vida, garantizar vivienda, promover espacios seguros para que puedan estudiar, promover formación para el trabajo, seguridad alimentaria, uso y disfrute del espacio público, y en cada paso transformar el entorno para que no las ponga en riesgo con su indiferencia, complicidad o violencia.
Esta situación debe dejar de ser un diagnóstico y ser el punto de partida para una transformación estructural, que no da espera en nuestro país. Nuestra región debe entender que avanzar en materia de derechos LGBTIQ+ no es un asunto cosmético o meramente normativo; requiere cambios estructurales que eliminen de raíz el desprecio como modo de vida y garanticen la libertad, la dignidad y los medios para construir proyectos de vida digna. Y para ello, hacer que las vidas de las personas trans, las más vulnerables de todo el espectro del movimiento de la diversidad sexual y de género, puedan ser vidas bien vividas. Podríamos pensar que dicha acción en nuestro caso particular se puede consolidar con cinco pasos que deberíamos dar en los próximos días en esa dirección: a) exigir que se investiguen los feminicidios, dando cuenta no solo de los responsables, sino de las causas, para que, conociéndolas, pueda el Estado prevenir acciones violentas futuras; b) promover una gran acción de cultura ciudadana y de pedagogía comunicativa para que se respeten y se reconozcan las vidas de las personas trans; c) rodear y acompañar el proyecto de ley de identidad integral trans que entrará en discusión en la próxima legislatura, para que, sin partidismos y por consenso, saldemos esta deuda histórica, creando unos servicios adecuados para sus derechos; d) que la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales que se discuten por estos días prioricen, programen, ejecuten y den resultados con indicadores de transformación en lo que compete a acceso a derechos para personas trans; y e) que como sociedad, nos sacudamos de la transfobia naturalizada y de la indiferencia frente a las realidades que afrontan diariamente las personas trans y promovamos espacios de reconocimiento, acogida y transformación para que se eliminen los riesgos y en cualquier espacio de nuestro país, las vidas trans puedan ser vidas vividas.
Nos urge un gran cambio social que ponga fin a la violencia y desprecio que emana cotidianamente hacia las personas trans y que sus vidas puedan ser plenamente vividas. Todo esto convoca un gran movimiento de transformación ciudadana y debe estar conducido bajo el liderazgo, la autonomía y los términos propuestos por las mismas personas trans. Por años, los hombres gais y, en menor medida, las mujeres lesbianas y las personas bisexuales hemos liderado las agendas, y ello las ha conducido a intereses más prioritarios para nosotros, contando siempre con la solidaridad y sororidad de las personas trans. Llegó la hora de invertir las acciones, que sean ellas las que lideren los procesos, pongan sus demandas en las líneas rectoras del movimiento y permeen el activismo de transfeminismo, y que nosotros rodeemos, nos interpelemos y asumamos como primeros los cambios que debe dar la sociedad, empezando por el movimiento social. Para ello, hoy cobra vigencia más que nunca la expresión de Ioana Berkis, que podríamos parafrasear así: “Si una persona trans construye un proyecto de vida digno, se transforma la vida de esa persona trans; si muchas personas trans logran acceder a la vida con dignidad, se transforma toda la sociedad.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo