Queridos y queridas asistentes al foro “fenómenos de las migraciones en América Latina¨,
Durante estos dos días hemos conversado con actores gubernamentales, sociales, políticos y diplomáticos sobre la que sea quizá la agenda en materia humanitaria de mayor atención hoy en la región: el fenómeno de la movilidad humana, concentrado más en la migración forzada que en la migración voluntaria, y por los atisbos de crisis social y política por los que son causados, no nos cabe la menor duda que esta situación debe denominarse una sitaucón de refugio emergente en la región, que como lo advierte la convención de Cartagena e insisite cotidianamente ACNUR, requiere de la respuesta regional tanto de Estados, como de la cooperación internacional y de la sociedad en su conjunto bajo el reto de la protección, ejercicios que en los casos de Nicaragua y Venezuela que son los fenómenos que estamos analizando con mayor detenimiento en éste foro; pero que igual nos llevan a pensar en quienes siguen pasando la frontera con EEUU, quienes llegan a México, los movimientos poblacionales de Haitianos a República Dominicana y al Cono Sur (Chile y Argentina) y los intentos de ciudadanos de llegar a Canadá o salir de la región.
Se nos ha invitado a este foro para responder a una pregunta desde Caribe Afirmativo: ¿cómo garantizar que la migración como derecho no afecte los derechos de las personas LGBT en los procesos de movilidad humana en América Latina? Para ello, haremos un recorrido por los aspectos jurídicos regionales, y las expresiones culturales para identificar oportunidades y retos que tienen las personas LGBT al iniciar un proceso de movilidad humana por la región.
Presentaremos algunas acciones afirmativas, buenas prácticas o lecciones aprendidas, sobre todo en pasos de fronteras, municipios limítrofes o rutas de movilidad en el trato, acompañamiento y reconocimiento de derechos de las personas LGBT; y por supuesto, denunciaremos actos violatorios, de negación de derechos o discriminación, que lastimosamente son mayores que las buenas prácticas y que ameritan una respuesta contundente y pronta del Estado, de la cooperación y de las organizaciones de la sociedad civil.
Nuestro estudio se centra en el trabajo que desde 2017 lleva a cabo Caribe Afirmativo desde sus Casas de Paz, con la atención, orientación y acompañamiento a las personas LGBT provenientes de Venezuela y al proceso actual de empoderamiento que tenemos con un grupo de 24 lideres y lideresas LGBT del vecino país que están hoy refugiados en Colombia y que siguen acompañando procesos binacionales, sobre todo en materia de acceso a derechos y no discriminación de ciudadania venezolana en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género.
No obstante se destacan esfuerzos realizados por Colombia para hacer frente a los flujos migratorios experimentados por el país[1]. Teniendo en cuenta el fenómeno de los refugiados/as provenientes de Venezuela, la complejidad de la situación exige documentar y visibilizar las particularidades y vulnerabilidades específicas de las personas LGBT en el contexto de esta crisis, así como identificar las acciones específicas requeridas para responder a esta situación, toda vez que muchas de las medidas adoptadas dejan de lado a la población LGBT venezolana en situación de movilidad, y en especial, a las mujeres trans venezolanas que se encuentran expuestas a vulnerabilidades específicas.
La discriminación que exacerba la salida de personas LGBT de Venezuela, y que experimentan a lo largo del tránsito entre ese país y Colombia, continua cuando llegan al territorio. En particular, en cuanto al ámbito laboral se identifican grandes riesgos relacionados con la imposibilidad, para la mayoría de las personas LGBT, para conseguir empleos, aunque se encuentren cualificados, enfrentándose a una gran discriminación por parte de la sociedad colombiana, donde las personas les ven como competencia en el ya complejo e inequitativo mercado laboral colombiano, viéndose obligadas y obligados a ocultar orientaciones sexuales e identidades de género ante el temor de que ello pueda significarles las pérdidas de sus puestos de trabajo.
Anudado a las dificultades enfrentadas en el ámbito laboral, la mayoría de las personas LGBT migrantes venezolanas entrevistadas por Caribe Afirmativo y las organizaciones que atienden migrantes LGBT de origen venezolano en los territorios del Caribe Colombiano, manifiestan que les es casi imposible acceder a educación, por cuanto en muchas ocasiones, para ello se requiere acudir a prácticas como los sobornos, además de en muchos casos tener que considerar la repetición de ciclos de formación, ya que las validaciones de estos en territorio Colombiano acarrean una serie de costos económicos que no están en la posibilidad de asumir.
En cuanto a la situación de salud, de acuerdo con el trabajo de las organizaciones que tratan en el tema en territorios de frontera, la mayor emergencia y desafío en el trabajo con las personas LGBT venezolanas en el Caribe Colombiano y Norte de Santander, como principales zonas geográficas de acogida, es la atención en VIH. De hecho, la escasez de medicamentos que afronta Venezuela ha conllevado a que muchas personas hayan pasado pasado incluso un año sin recibir tratamiento retroviral y hayan decidido migrar a Colombia para recibir atención médica.
La situación se complejiza teniendo en cuenta que la mayoría de las LGBT no se encuentran afiliadas al sistema de salud en Colombia, porque como lo expresamos gran parte migra de forma irregular, lo que les acarrea el no contar con los documentos que se necesitan para ello, siendo para estas, únicamente posible acceder a estos tratamientos a partir del trabajo de organizaciones sociales. Este escenario es igualmente complejo para las personas trans teniendo en cuenta que el no poder cambiar su nombre y su género en los registros migratorios les expone a barreras para el ejercicio del derecho a la salud.
La falta de medicamentos retrovirales para las personas LGBT, que es sujeto de especial cuidado en el tratamiento de infecciones de transmisión sexual como el VIH/Sida debido a la prevalencia en esta población, ha tenido desenlaces fatales. Así, se tiene que durante 2018 fallecieron, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 7 hombres gais venezolanos en la Región Caribe de Colombia debido al mal estado de salud en que llegan por la falta de suministros de medicamentos retrovirales que combaten el VIH/Sida. Para el mismo periodo de tiempo Caribe Afirmativo tuvo conocimiento de que 29 ciudadanos LGBT de origen venezolano viviendo con VIH tuvieron que interponer tutelas para acceder a medicamentos.
Por otro lado, existen prácticas que pretenden eliminar a los migrantes LGBT, como las amenazas de muerte y homicidios que se han registrado, donde se les pide que abandonen los territorios por sus nacionalidades y por su diversidad sexual y de género (Caribe Afirmativo, 2018f). En este escenario genera gran preocupación la situación de las mujeres trans trabajadoras sexuales de origen venezolano, quienes en diferentes ciudades de la Región Caribe vienen siendo víctimas de graves modalidades de violencia prejuiciosa, especialmente en el espacio público, sobre el cual ejercen control diferentes actores armados legales e ilegales.
Por un lado, las disputas entre los actores armados que controlan el territorio de manera ilegal creando fronteras imaginarias entre las trabajadoras sexuales cisgénero y trans han exacerbado las acciones de violencia hacia aquellas de origen venezolano, a quienes por causa de su nacionalidad y, en muchos casos, su situación migratoria irregular, se le niega el acceso a la justicia. Por otro lado, se viene documentando una violencia que podría ser sistemática por parte de miembros de la Policía Nacional, la cual no se reduce a casos de abuso de autoridad, sino que incluye violencia verbal, física, simbólica, ya sea por acción u omisión, y todas con un carácter prejuicioso hacia la nacionalidad e identidad de género de las víctimas, principalmente en ciudades como Maicao y Valledupar en la Región Caribe Colombiana.
Frente a dichos escenarios, la no existencia de una normativa en materia de protección complementaria para las personas que no se encuentran en estatus migratorio regular resulta relevante para las personas LGBT, puesto que por arrastrar con discriminaciones históricas, la mayoría de emigrantes de este grupo se ha visto avocada a ejercerla por medios irregulares, teniéndose que los mecanismos disponibles en la actualidad para regularizar el estatus migratorio en Colombia, suponen una serie de requisitos como contratos de laborales y otras formalidades que por la misma segregación que arrastran las personas LGBT y que se exacerba con la migración, les resultan improbables de llenar.
En los casos estudiados, no se tuvo conocimiento de la aplicación de enfoques diferenciales en el acceso efectivo a derechos de personas LGBT migrantes de Venezuela y, por el contrario, se ha tenido conocimiento incluso, de casos en los que, por parte de las autoridades estatales se están adoptando acciones policivas y sancionatorias, que desconocen obligaciones derivadas del principio de no devolución, lo cual aplicado al caso colombiano, ha sido entendido como la prohibición de devolver a las personas venezolanas que están llegando por la zona fronteriza.
El escenario anteriormente expuesto conlleva a la necesidad de formalizar escenarios de protección en el plano de las instituciones nacionales y subnacionales en Colombia que partan de la definición amplia de refugiado de la Declaración de Cartagena, de acuerdo con la cual se consideran también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, como ya se ha documentado, con las personas LGBT.
Estas respuestas resultan de carácter urgente teniendo en cuenta los escenarios de graves violaciones a los derechos de las personas migrantes LGBT de origen venezolano, los cuales deberían ser considerados el Estado colombiano a la hora de diseñar medidas de protección complementaria dirigida a las personas en necesidad de protección internacional, ya que estas “permiten regularizar la permanencia de personas que no son reconocidas como refugiadas pero cuyo retorno sería contrario a obligaciones generales sobre la no devolución, contenidas en diferentes instrumentos de derechos humanos” (CIDH, 2015).
Esperamos entonces que esta iniciativa del gobierno de Costa Rica, de la Fundación para la Paz y la Democracia y la Red latinoamericana para la Democracia; no solo. Den herramientas de análisis a los actores que hoy enfrentan en la región el fenómeno de la movilidad humana; sino que promuevan la activación de rutas y protocolos de atención con enfoque diferencial y perspectiva de derechos que le permita a las personas LGBT, gozar de una ciudadanía plena en el escenario regional.
[1] Como parte de los aspectos positivos, resaltan sobremanera los esfuerzos realizados por la República de Colombia de hacer frente a los flujos migratorios que ha experimentado el país, respecto de la población venezolana que por diversos motivos cruza la frontera y realiza trabajos en Colombia. Colombia ha adoptado medidas tales como la realización de un censo de migrantes que permita brindar datos desagregados sobre la población migrante y sobre las vulnerabilidades específicas, el establecimiento de sistema de quejas frente a casos de abusos de autoridades migratorias, el reconocimiento del derecho de defensa frente a una medida de deportación o expulsión, la protección de la unidad familiar y la prevención de la xenofobia y la trata de personas, así como el acceso a servicios básicos como salud[1] (Circular 25 del 31 de julio de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, Jurisprudencia: SentenciaSU-677 de 2017-Inclusion de controles prenatales y parto entre las atenciones a mujeres extranjeras. Inscripción en régimen subsidiado del hijo, entenciaT-210 de 2018-Protecciónde los venezolanos en extrema condición de vulnerabilidad, Sentencia T178-19: Obligatoriedad de inscripción de NN hijo de padres venezolanos en situación irregular en Colombia y nacido en Colombia al régimen transaccional) y educación[1]. (Circular 16 de 2018)
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo
Ver texto completo de análisis en el siguiente link.