En los últimos años se han visibilizado casos en que las instituciones educativas, a través de sus profesores y cuerpos directivos, han realizado acciones discriminatorias contra sus estudiantes a causa de su orientación sexual o identidad de género. Muchas de estas conductas han sido legitimadas en sus manuales de convivencia, los cuales, a pesar de la existencia de una Constitución Política que reconoce la igualdad para todos y todas, siguen reproduciendo normas de conducta donde se castiga la diversidad; por otro lado, también se encuentra que las instituciones, más allá inclusive de sus manuales y el ordenamiento jurídico, reproducen prejuicios y la discriminación, poniendo en riesgo el ejercicio de derechos de sus estudiantes.
Estas situaciones en Colombia se pusieron en mayor evidencia después de los hechos ocurridos en 2015, cuando Sergio Urrego Reyes, un joven gay que estudiaba en un colegio en Bogotá, se quitó la vida luego de padecer y hostigamiento que realizaron miembros del cuerpo directivo de la institución educativa donde estudiaba, quienes lo acusaron de acoso sexual y de cometer una falta al Manual de Convivencia del colegio – se prohibía la homosexualidad – por el hecho de haberse dado un beso con un compañero, con quien sostenía una relación afectiva. Con su muerte, personas LGBTI y organizaciones defensoras de derechos humanos iniciaron una batalla jurídica y social para acabar la discriminación de los niños, niñas y adolescentes con orientación sexual e identidad de género diversa en las instituciones educativas.
En consecuencia, para atender al caso de Sergio se presentaron acciones de tutela contra el plantel educativo por la discriminación y hostigación que sufrió, con el propósito que se reconociera que se vulneraron sus derechos sus derechos a la intimidad y buen nombre, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, la prevalencia de los derechos de los menores de edad y el derecho al debido. Estos derechos finalmente fueron tutelados por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-478 de 2015, que reconoce que casos como el de Sergio no pueden seguir ocurriendo bajo la legitimación de manuales de convivencia que no son coherentes con el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que ordenó al Ministerio de Educación Nacional que en un plazo no mayor a un año realizara una revisión extensiva de los manuales de convivencia de los planteles educativos en Colombia, con el fin de verificar y realizar las acciones pertinentes para que estén en concordancia con Constitución Política y los principios de Colombia como un Estado democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana (Art. 1), la igualdad y prohibición de la discriminación (Art. 13).
No obstante el fallo de la Corte Constitucional, aún persisten escenarios de violencia en los colegios e instituciones educativas contra los jóvenes con orientaciones sexuales e identidad de género diversa, donde se presentan casos de bullying cuando son atacados por sus compañeros y casos de discriminación por parte de directivos y profesores, como en el caso de Sergio, quienes legitiman su actuar con base a manuales de convivencia que desconocen los postulados de nuestra Constitución Política. A modo de ejemplo, Caribe Afirmativo denunció a finales de 2015 a dos colegios cuyos manuales de convivencia no eran acordes con el reconocimiento de los derechos de todos y todas en la ciudad de Barranquilla; asimismo, asesoró y acompañó dos casos donde se coartaba el derecho a la libertad de expresión de dos personas trans, quienes tenían prohibido ingresar a las instituciones educativas con uniformes y formas de vestir acordes con su identidad de género, si esta difería del sexo que aparecía en su cédula o papeles de ingreso. Incluso actualmente, Caribe Afirmativo está asesorando a un estudiante de un colegio de Barranquilla, a quien sus derechos como joven gay le han sido vulnerados en la institución (Véase A William lo discriminan por ser gay).
Finalmente, Caribe Afirmativo exige que el ejercicio de revisión de los manuales de convivencia sea realizado de manera inmediata, reconociendo en ellos la importancia de trabajar por el reconocimiento de derechos de todos y todas. Asimismo, es necesario que en todas las instituciones educativas, más en aquellas que trabajan con menores de 18 años, el cuerpo docente y directivo sea sensibilizado y conozca sobre la diversidad sexual y de género, para que ellos sean gestores de una educación más incluyente donde todos y todas puedan ejercer libremente sus derechos. Además, Caribe Afirmativo recuerda a los niños, niñas y adolescentes que sienten que sus derechos están siendo limitados o vulnerados por motivo de su orientación sexual e identidad de género que se pueden tomar acciones para detener esta discriminación, dejando a disposición los servicios jurídicos y psicosociales de la organización para acompañarlos y acompañarlas gratuitamente.