Si el Estado nacional y territorial no toma en serio la defensa y protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, nuestras vidas seguirán en riesgo. Muchas banderas arcoíris y muchas publicaciones en redes, pero sigue siendo precaria la existencia. No basta con compromisos y actos públicos, requerimos resultados orientados en dignificar sus vidas.
El pasado miércoles 17 de mayo, con ocasión del Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Defensoría del Pueblo presentó su primer informe defensorial sobre la grave situación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país y el estado de implementación de la política pública, creada en 2018 y que busca garantizar derechos integrales hacia las que se reconocen desde la diversidad sexual, las identidades y expresiones de género. El resultado, como era de esperarse, fue desolador. En materia de derechos humanos, la Defensoría dio cuenta del acompañamiento de 394 hechos de violencia contra personas sexo-género diversas, un aumento considerable de amenazas hacia liderazgos sociales en territorios PDTES, las constantes barreras de acceso a derechos para personas trans y el aumento de condiciones de pobreza, desempleo e inequidad particularmente afectando a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Por otro lado, debido a la implementación de la política pública, no solo se dejó constancia que el gobierno de Duque la desaceleró y puso frente a su implementación a personas que, lejos de garantizar derechos, los pusieron en riesgo. Es decir, invocando objeción por conciencia con base a fundamentos religiosos, bloquearon acciones urgentes. Además, situaciones como la violencia y la emergencia de pobreza e inequidad no fueron recogidas por programas estatales creados al respecto.
A éste panorama contrarrestó la masiva presencia de representantes del Estado, muchos venidos del movimiento social y que hoy, desde el escenario público, buscan asumir este déficit de derechos. La mayoría, llegando por estos días con el nuevo gobierno; otros con resultados ya preliminares de las entidades que representa, fueron dando respuesta a estos hallazgos y asumiendo compromisos que se resumirían en cinco: 1. Promover espacios de articulación entre las diferentes organizaciones del Estado para respuestas rápidas y eficaces; 2. La creación de un sistema de información que permita contar con datos como estado claro y desagregado para programas acciones de políticas públicas; 3. Revisar, mejorar y promover sus protocolos y rutas de atención para garantizar la centralidad de las personas LGBTIQ+ y una actuación en perspectiva de derechos; 4. Revisar con urgencia procesos de formación, selección y designación de funcionariado público para contar con la capacidad requerida y evitar la revictimización y, por último; 5. Generar un mecanismo de monitoreo que le permita a la ciudadanía ver en tiempo real sus acciones y evaluar resultados. Todo esto se estima realizarse en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, recientemente aprobado y que, por primera vez, tiene acciones específicas para la diversidad sexual y de género.
La nota disonante la tuvieron los entes territoriales, que es de quienes esperamos con mayor urgencia respuestas; pues son los escenarios locales donde se materializan las violencias y es la ausencia de capacidad instalada en los territorios lo que deja a las víctimas en un alto estado de indefensión. En este escenario, la invisibilidad que le dan a las agendas LGBTIQ+ es caldo de cultivo para que se produzcan las violencias físicas, verbales y simbólicas. Efectivamente, en el último decenio, gobernaciones y alcaldías han entrado a la práctica de crear políticas públicas que, si bien son herramientas rápidas de los gobiernos para mejorar el tratamiento a situaciones específicas, la precariedad con la que las fabrican, así como la ausencia de respaldo administrativo, presupuestal y político, las han dejado como meros instrumentos de enunciación. Esta audiencia en Barranquilla, capital del Atlántico, respondió de parte de la Defensoría a hacer un llamado de atención de cómo la violencia por prejuicio se ha recrudecido en esta capital. Sin embargo, la gobernadora, por otros compromisos, no llegó. Del mismo modo, el alcalde ni siquiera delegó su asistencia; es decir, la Alcaldía de Barranquilla brilló por su ausencia. Además, ya en el evento, el Secretario del Interior del Atlántico usó su intervención para promocionar las bondades turísticas del departamento. Eso sí, funcionarios de ambos entes asistieron de forma masiva a escuchar la audiencia, esperando que puedan activar lo que sus jefes han sido incapaces, aunque por tiempo y por lo jerárquico del ejercicio político, se les puede dificultar.
El auditorio, además, contó con la presencia de más de trescientas personas LGBTIQ+, venidas en su mayoría de territorios periféricos, donde es más ausente la respuesta del Estado a la demanda de sus derechos. Su participación masiva estaba motivada por la rabia y el dolor que han generado los últimos hechos de violencia por prejuicio en el país, que ha afectado a las personas más vulnerables de la población en los territorios más apartados. Por ello, la apertura con el homenaje a La Pola —que días recientes fue víctima de feminicidio en los Montes de María— dejó claro el mensaje de la ciudadanía que se pone como telón de fondo de esta audiencia: detrás de las cifras, hay vidas que fueron aniquiladas. Ellas y ellos, con demandas contundentes de interseccionalidad, superación de la pobreza y garantías de proyectos de vida sostenibles, fueron claras en indicar que solo cuando se tengan condiciones de dignidad se dirá que una política es efectiva. De parte de nosotros como sociedad civil —si bien esta respuesta de la Defensoría es oportuna y responde a una necesidad presentada por las organizaciones sociales durante décadas que han terminado haciendo el trabajo del Estado— será el resultado de esta audiencia en la acogida de los recomendaciones que presentó detalladamente el vicedefensor del pueblo y los resultados en la materialización de la calidad de vida de las personas LGBTIQ+ la que nos permitirá evaluar si, efectivamente, el Estado colombiano está considerando en serio la vida y la garantía de derechos de las personas LGBTIQ+ con enfoque territorial y promoviendo acciones coordinadas.
La audiencia terminó con una proclama feminista que deja establecido que la memoria y la reparación son las vías que debemos transitar para conseguir este propósito; memoria que, para la sociedad, significa ver cómo se rompe con la impunidad y se logra en los procesos de investigación dejar constancia no solo quien comete los crímenes sino por qué los comete, para prevenirlos desde escenarios de cultura ciudadana que nos lleven de la indiferencia social al reconocimiento pleno de derechos. Del mismo modo, para ello nos permita contar con un Estado que ofrezca rutas claras, acciones concretas y resultados específicos, dejando clara en cada una de sus acciones que nuestras vidas importan. Por otro lado, también es fundamental contar con una reparación que traiga bienestar a las personas LGBTIQ+ para superar el estado de pobreza e inequidad, acceder con plenas garantías a derechos sociales y ser partícipes con todas las garantías de la transformación de este país. Ello demanda Instituciones sólidas que asuman con responsabilidad tareas como la atención a los sujetos de reparación colectiva, acompañar a los liderazgos LGBTIQ+ en territorios de mayor afectación del conflicto armado, tomarse en serio las victimas sexo-género diversas en la justicia transicional y promover la creación de espacios seguros en los lugares de mayor riesgo.
Se acerca el mes del orgullo y seguro esas mismas autoridades que brillaron por su ausencia en la audiencia, enarbolarán las banderas arcoíris y publicarán trinos sobre lo importante que son las vidas LGBTIQ+, pero ellos y ellas tuvieron la oportunidad en los cargos territoriales de demostrar con hechos esta máxima y, con contadas excepciones, la mayoría entregarán el poder con saldo rojo en lo que significa la protección de la vida de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intesex, queer y no binarias. Esperemos que este llamado defensorial los lleve a entender la trascendencia del asunto y, en los meses que quedan, tomen acciones. A su vez, quienes ya materializan, proponer un programa para ser gobierno en el próximo periodo en los territorios, los cuales pongan en el centro la vida de las personas LGBTIQ+ ante esta radiografía del prejuicio.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo