29 de abril de 2020. La apuesta por la paz, la defensa del territorio, el ambiente, los derechos humanos, la libertad y autonomía de los pueblos originarios, o cualquier otra causa de índole social o comunitario se canaliza y materializa a través de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Su liderazgo puede provenir de las múltiples fuentes de desigualdad que atraviesa el país – lo que incluye al conflicto armado evidentemente –, bien sea por ser víctima de estas o un alto sentido de compromiso por el cambio; independiente de esto, son personas que trabajan día a día por sus territorios.
Su labor es crucial para hablar de construcción de escenarios de paz, son conocedores de primera mano de las problemáticas locales y llevan desarrollando procesos para su mejora desde hace años e incluso generaciones, sin embargo, esta labor también les ha expuesto hacia múltiples formas de violencia que se han agravado en marco del conflicto armado, como homicidios, estigmatización, violencia física, sexual, psicológica y simbólica, amenazas y desplazamiento. Estas se han configurado como patrones generales de violencia en el territorio que se enfocan particularmente sobre comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, así como también sobre las mujeres y las personas LGBTI.
En vista a lo anterior, el Acuerdo Final suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional estableció la obligación de priorizar las condiciones de seguridad para el ejercicio y defensa de los derechos humanos, considerando la aplicación de los enfoques diferenciales y territoriales que garanticen la vida de estas personas, puesto que históricamente los índices de violencia hacia esta población son bastante elevados. Es por esto que, dentro de la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, trimestralmente se presenta un informe que data las condiciones, avances, preocupaciones y demás observaciones sobre el desarrollo del conflicto y la implementación del acuerdo de paz.
Este informe presentado por el Secretario General de la Misión incluye acápites frente a las condiciones de seguridad tanto de excombatientes como de defensores de derechos humanos y comunidades locales; el más reciente, presentado el pasado 26 de marzo, expone las observaciones frente a la implementación de la Firma del Acuerdo de Paz durante los primeros tres meses del 2020, encontrándose un llamado de alerta hacia el departamento del Cauca debido a la situación de seguridad.
Debido a esta alarmante situación abordaremos los principales signos de preocupación expuestos por el informe en respaldo de lo acontecido durante el mes de abril del año en curso para, finalmente, hacer algunas apreciaciones sobre la trascendencia que ha tenido el departamento en el desarrollo de la movilización social y el conflicto armado.
- La situación de los excombatientes
Comenzando por las personas que alguna vez pertenecieron a la agrupación armada al margen de la ley pero que decidieron apostarle a la paz, los excombatientes son una célula fundamental para la implementación del acuerdo, su seguridad y reincorporación a la vida civil es un elemento de verificación del cumplimiento del mismo, no obstante, más allá de la procedencia de las balas, los homicidios sistemáticos que se suman cada vez más hacia esta población son una preocupación constante para las instancias de verificación.
Al respecto de esto, para este trimestre el informe presentado por el Secretario General señala que el 73% de los asesinatos a excombatientes se producen en zonas rurales con una limitada presencia estatal, pobreza, presencia de economías ilícitas y la proliferación de organizaciones criminales, siendo el Cauca el departamento que encabeza la lista de mayores reportes. También se resalta la solicitud realizada por excombatientes del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Buenos Aires (Cauca) en la que solicitar ser trasladados debido a la grave situación de seguridad del municipio.
- El panorama de las y los Defensores de Derechos Humanos y Líderes/as Sociales:
Para el caso de las/os Defensores y Líderes/as sociales el contexto de riesgo no varía mucho, pues la ocurrencia de sucesos predomina en zonas rurales con una baja presencia estatal, territorios que históricamente han sido disputados por economías ilícitas o con presencia de organizaciones criminales. Las agresiones parecen ir en aumento: de los 84 reportes de asesinatos a líderes/as sociales y defensores de derechos humanos registrados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz – INDEPAZ (fecha de corte: 24 de abril de 2020), 26 de estas víctimas son del Cauca. La última reportada fue Floro Samboní Gómez, un hombre de 56 años, agricultor de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo, corregimiento de Llacuanas en el municipio de Almaguer. Como muchas otras, el lamentable suceso ocurrió en sus hogares durante este periodo de aislamiento preventivo obligatorio.
Asimismo, la Revista Semana expone que el 19 de abril del año en curso, ocho líderes sociales del Tambo (Cauca) fueron evacuados en helicóptero por la Defensoría y el ejército al recibir amenazas del disidente de las FARC Carlos Patiño, puesto que en días anteriores a la fecha, este grupo armado causó muerte a dos miembros de la organización Afro Renacer, todo a raíz de tachar a la organización afro de colaborar con el ELN.
- El Cauca como zona de interés para los actores armados ilegales.
Cauca, Valle, Nariño y Chocó fueron los departamentos que le dijeron sí al proceso de paz de manera unánime. Hicimos una apuesta grandísima porque son nuestros territorios los que, desproporcionalmente, han sido los más afectados por el conflicto armado (Francia Márquez para Verdad Abierta, Abril de 2020).
Tal como señala Francia Márquez, lideresa afro medioambiental oriunda del municipio de Suárez (Cauca), las diversas comunidades que conforman el territorio han alzado su voz al unísono por la construcción de paz, desde mucho antes del proceso de negociación y acuerdo con las FARC. Su trabajo comunitario y la defensa de los derechos humanos a través de la movilización social ha generado la consolidación de una resistencia ejemplar para todos y todas en el país. Resistencia que lamentablemente se ha forjado en medio del fuego cruzado al cual se ha sometido la población civil y que en algunos casos las ha obligado a buscar formas de defenderse, de la sangre de las víctimas que ha dejado una guerra que se ha grabado en sus cuerpos y sus memorias, frente a un Estado que ha omitido sus deberes para con su gente, que los ha estigmatizado y ha tachado en múltiples ocasiones con el fin de justificar la militarización de sus tierras, como si esa fuera la respuesta al problema de fondo.
A grandes rasgos – puesto que no es el objetivo de este apartado desmenuzar cada uno de los múltiples elementos que han configurado estos factores de interés – las condiciones geográficas y territoriales del departamento, al margen de la baja presencia institucional del Estado para satisfacer y garantizar las necesidades básicas de sus habitantes, particularmente de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que han enfrentado el despojo y desplazamiento forzado desde décadas previas al emerger del conflicto armado (como por ejemplo en los años 50 cuando grandes hacendados expulsaron a las comunidades de sus territorios para incrementar la producción agroindustrial de caña de azúcar), lo cual también impulsó la concentración de poder y la complicidad de las autoridades locales en contra de la población más vulnerable.
Debido a todo esto, sumado al carácter de corredor estratégico para el negocio del narcotráfico, el Cauca ha mantenido, a lo largo de su historia, luchas por los diversos actores armados para el control territorial y poblacional. Las comunidades, a pesar de ejercer resistencia ante la expansión de los cultivos de uso ilícito, el acceso al agua y la protección medio-ambiental termina siendo estigmatizada, coercida e instrumentalizada para la guerra, lo cual ha llevado a poblaciones indígenas a rechazar toda forma de presencia armada en el territorio, incluyendo la estatal (Véase más: Autoridades indígenas rechazan militarización en Cauca, El Espectador, 2019).
Adicionalmente, era evidente que con la firma del acuerdo de paz las dinámicas de control territorial de los actores armados se alteraron profundamente, en el entendido que las FARC era la agrupación armada predominante en el territorio. Luego, los demás actores narcoparamilitares se propondrían abarcar dichos municipios, por lo tanto, dentro de los puntos fundamentales de lo pactado, se encontraba el aumento y cobertura del Estado integral de los municipios en mayor situación de riesgo y sus comunidades.
En muchas regiones donde las Farc ejercían formas de autoridad violenta, no había mayores niveles de actividad criminal porque otras organizaciones no podían entrar a disputarlas. Pero al desaparecer ese autoritarismo violento o el poder que ejercía, hay una especie de boom o bonanza criminal. (Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto – CERAC, para Verdad Abierta, 2020)
No obstante, desde la firma del acuerdo, debido a las múltiples variables que han concurrido se ha generado que este proceso de implementación se dé a medias, cojeando, y con las dificultades de todo tipo, el intento o voluntad de las diferentes áreas que conforman el Estado no han sido suficientes para garantizar la seguridad mínima de la población de mayor riesgo, la/os líderes/as, defensores y excombatientes que se ubican en primera línea para la construcción de paz, y que ahora en este periodo de aislamiento obligatorio aumenta gravemente el riesgo para ellos al estar aislados en sus viviendas, las dificultades para trasladarse – lamentablemente obligados – por motivos de seguridad, los constituye en un blanco aún más vulnerable.
Por todo esto, desde Caribe Afirmativo nos mostramos preocupada/os por la situación de seguridad y la escalada de violencia que están sufriendo las personas que día a día han decidido hacer frente a las desigualdades multidimensionales y conflictos que atraviesa este país; así, instamos al Estado para que cumpla no solo con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz y los decretos expedidos para la protección prioritaria de las/os líderes/as sociales y defensores de derechos humanos, sino también el mandato constitucional que establece la obligación de protección a las personas de su vida e integridad ante situaciones de vulnerabilidad.