Este fue un espacio de control político.
8 de mayo de 2024. El día de ayer marcó el décimo aniversario de la implementación de la Política Pública LGBTI Nacional en Colombia. Para conmemorar esta fecha y reflexionar sobre los desafíos, logros y lecciones aprendidas, la Comisión Accidental LGBTIQ+ del Congreso ha convocado un espacio de control político para el día de hoy, 8 de mayo de 2024.
Desde su instauración en 2014, la Política Pública LGBTI ha representado un hito en la lucha por la igualdad y la inclusión de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Sin embargo, estos 10 años también han presenciado la inoperancia de la herramienta y las frustraciones del movimiento social. A lo largo de estos años, se han enfrentado numerosos desafíos, se han alcanzado avances significativos y se han aprendido importantes lecciones.
Uno de los aspectos destacados de esta jornada es el reconocimiento de las dificultades, fragilidades y errores que han surgido en el camino, como la manifiesta el Ministerio del Interior. Es fundamental reflexionar sobre estos aspectos para fortalecer aún más la política pública y garantizar su eficacia en el futuro. Desde este ministerio, se ha reconocido que, si bien se han logrado avances importantes, aún persisten grandes rezagos en otros aspectos. Es por ello que se enfatiza la necesidad de que todas las políticas públicas tengan un enfoque de género para abordar de manera integral las problemáticas que enfrenta los sectores sociales LGBTIQ+ en el país.
En este sentido, el Ministerio del Interior está acompañando la elaboración del documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), con el fin de actualizar el plan de acción de esta Política Pública, garantizando que se incorporen las perspectivas y necesidades de este grupo poblacional en este documento de vital importancia para la planificación y el desarrollo del país.
Desde la sociedad civil, se ha expresado la necesidad urgente de actualizar la Política Pública LGBTI Nacional en lugar de centrarse únicamente en el COMPES, para lo cual el gobierno asegura que se tendrán en cuenta los insumos recogidos en los encuentros temáticos y regionales, así como en otros espacios de participación de las personas LGBTIQ+ convocados y auspiciados por el gobierno.
Entre los logros alcanzados durante estos diez años se encuentran la creación de la Convención LGBTIQ+ anual, así como el establecimiento de medidas de seguridad con enfoque de género por primera vez, como parte del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).
En el ámbito de la justicia, se ha trabajado en mejorar el acceso a la justicia en condiciones dignas y equitativas para las personas LGBTIQ+, aunque aún persisten desafíos como la revictimización dentro de las instituciones y la falta de medidas urgentes de protección. El Ministerio de Trabajo ha destacado importantes avances en materia de derechos laborales para las personas LGBTIQ+, incluyendo la creación del Grupo Especializado en Empleo con Enfoque de Género (GEEG) y la implementación de la estrategia “Trabajo incluyente es trabajo decente”.
Con el Departamento Nacional de Planeación, se está avanzando en la actualización de los documentos COMPES con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se espera tener la actualización completa para finales de este año; sin dejar de lado las presiones sociales por parte la ciudadanía para la actualización y ejecución del plan de acción.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha destacado la importancia de herramientas como la aplicación móvil “Contigo”, que permite denunciar vulneraciones de derechos en tiempo real, así como la Alerta 019 de 2023 para la prevención y atención de violencias contra líderes, lideresas y lidereses sociales.
Desde Caribe Afirmativo, celebramos el impacto simbólico que tiene el que exista una política pública LGBTI desde hace 10 años; sin embargo, el hecho de que se cumplan 10 años y que aún no exista un plan de acción claro con presupuesto asignado solo deja entrever la baja priorización que ha tenido la agenda de diversidad sexual para el gobierno central. Exhortamos a que este gobierno, habiéndose mostrado como garante de derechos, pueda no solo consolidar el documento CONPES para este año desde Min Interior, Igualdad y DNP, sino que también pueda responder a las exigencias de la sociedad civil frente a lo urgente de consolidar un plan de acción ya.