Las comunas como La Candelaria y Villa Hermosa siguen mostrando un alto índice de violencia, y la mayor parte de los casos involucran agresiones en residencias y espacios públicos.
05 de diciembre de 2024. La Personería de Medellín, a través de su Observatorio de Mujeres, Diversidades Sexuales y de Género, denuncia un alarmante aumento de la violencia hacia la población LGBTIQ+ en el Distrito. Las cifras recientes de agresiones físicas, amenazas y homicidios evidencian una crisis de seguridad que pone en peligro la vida e integridad de esta comunidad, particularmente en zonas como las comunas 10, 11 y 12.
Pese a una reducción de los homicidios registrados en 2024 frente al año anterior (de 14 en 2023 a 2 en 2024), los discursos de odio persisten y alimentan un entorno de estigmatización que exacerba los riesgos de violencia. Las mujeres trans y las personas que ejercen actividades sexuales pagas figuran entre los grupos más vulnerables, enfrentando barreras estructurales, exclusión económica y falta de acceso a la justicia.
Las comunas como La Candelaria y Villa Hermosa siguen mostrando un alto índice de violencia, y la mayor parte de los casos involucran agresiones en residencias y espacios públicos, donde la población trans y los hombres cisgénero gay han sido las principales víctimas. Sin embargo, otros sectores de la ciudad han sido registrados como inseguros, por ejemplo, El Velódromo se reportan homicidios y afectaciones contra la integridad, la salud y la vida, han tenido lugar predominantemente en la madrugada y la noche.
La población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIEGD) enfrenta una profunda vulnerabilidad en el ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. A diario, se enfrentan a estigmatización y criminalización que limitan sus libertades fundamentales y refuerzan barreras estructurales que dificultan su integración plena en la sociedad. En particular, las mujeres trans y quienes ejercen actividades sexuales pagas son objeto de prejuicios constantes que los colocan en situaciones de alto riesgo y marginalización.
Las acciones institucionales para proteger y garantizar la seguridad de la población LGBTIQ+ son limitadas y puntuales. Pese a los esfuerzos de algunas entidades, persiste un déficit de intervenciones estructurales que aborden las raíces de la violencia y la exclusión. Las respuestas actuales se concentran en mitigar crisis inmediatas en lugar de implementar estrategias integrales y sostenibles que transformen las condiciones de vida de esta comunidad.
La persistencia de discursos de odio en espacios públicos y redes sociales agrava la exclusión de esta población, generando un entorno hostil que fomenta prejuicios y alimenta la discriminación. Estos discursos no solo perpetúan estereotipos, sino que también aumentan la exposición a agresiones físicas y verbales, minando cualquier esfuerzo por construir una sociedad basada en el respeto y la igualdad.
Además, los operativos de control implementados por la fuerza pública a menudo carecen de una perspectiva de derechos humanos. Estas acciones, orientadas a regular las actividades sexuales pagas, se perciben como represivas y desconsideradas, según la ciudadanía afectada. En lugar de proteger, tales operativos perpetúan la criminalización y la revictimización, aumentando la desconfianza hacia las instituciones.
La confianza legítima de la población LGBTIQ+ en las instituciones se ha visto profundamente afectada. La falta de respuestas efectivas, sumada a la criminalización y la revictimización, refuerzan una percepción de abandono institucional. Esta situación no solo agrava la vulnerabilidad de estas comunidades, sino que también dificulta la construcción de vínculos confiables con las autoridades.
Las intervenciones diseñadas para abordar estas problemáticas suelen ser reactivas y carecen de sostenibilidad. La ausencia de estrategias a largo plazo que enfrenten las causas estructurales de la violencia impide la creación de entornos seguros y de convivencia pacífica para la población LGBTIQ+.
Para superar estos desafíos, es crucial fomentar la pedagogización de instituciones y ciudadanía, promoviendo una comprensión adecuada y respetuosa de la diversidad sexual y de género. La educación constante permitirá combatir prejuicios y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
A pesar de la creciente atención hacia las actividades sexuales pagas, otras problemáticas, como el consumo de sustancias, la habitancia en calle y los conflictos urbanos, permanecen invisibilizadas. Esta falta de enfoque integral limita la capacidad de las intervenciones sociales y perpetúa dinámicas de exclusión.
Asimismo, los programas sociales dirigidos a la población LGBTIQ+ necesitan mayor continuidad, recursos y articulación interinstitucional para ser efectivos. Actualmente, su limitada capacidad para abordar las múltiples dimensiones de la exclusión dificulta una transformación cultural y social duradera.
La falta de coordinación y enfoque integral en las intervenciones amplifica los desafíos, dejando muchas acciones fragmentadas y sin impacto significativo. Por ejemplo, la Mesa de Casos Urgentes, diseñada para responder a situaciones críticas, requiere un fortalecimiento urgente para garantizar la protección de los derechos fundamentales de esta población.
Finalmente, la estigmatización de las actividades sexuales pagas como problema central desvía la atención de las causas profundas de la exclusión y la violencia. En lugar de abordar estas actividades desde una perspectiva moral o punitiva, es necesario enfocarse en sus raíces sociales y económicas, con un enfoque integral en derechos humanos.
La Personería subraya la necesidad de un enfoque integral de derechos humanos que priorice intervenciones articuladas entre la Secretaría de Seguridad, la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género y organizaciones civiles. Se insta a reactivar la Mesa de Casos Urgentes y a fortalecer programas educativos para desarticular narrativas de odio y promover el respeto por la diversidad.
Además, se hace un llamado a las autoridades para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+, combatiendo la discriminación desde las instituciones y reforzando estrategias sostenibles que fomenten una convivencia pacífica y digna.