26 de octubre 2020. La organización Caribe Afirmativo reconoce la importancia de la reciente resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y le solicita al Gobierno Nacional de Colombia que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de estas disposiciones con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.
El pasado 21 de octubre, durante el quincuagésimo periodo de sesiones, la asamblea general de este organismo internacional hizo un llamado a otras instancias y a los Estados miembros para que tomen medidas efectivas que permitan promover la garantía de los derechos fundamentales en la región durante la pandemia por Covid-19. A continuación, se destacan las consideraciones más relevantes en materia de salvaguarda de derechos a poblaciones que requieren especial protección y las medidas que deben adoptar los Estados para contribuir a la lucha contra toda forma de discriminación:
- Proteger los derechos de todas las personas a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, creencia y de libertad de expresión; considerando la importancia que tienen estas garantías fundamentales para luchar contra todas las formas de intolerancia, violencia y discriminación.
- Condenar las violencias y abusos de los derechos humanos que contienen actos discriminatorios, discursos y manifestaciones de odio, incitación y actos de violencia motivados por prejuicios en contra de personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género o sus características sexuales. Lo anterior se debe aplicar de conformidad con el derecho internacional y cuando sea aplicable la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Fortalecer sus instituciones y sus políticas públicas para eliminar las barreras que enfrentan las personas LGBTI para la garantía de sus derechos humanos y libertades fundamentales y el de sus familias. Adicionalmente, la OEA exhorta a los Estados a adoptar medidas para la prevención, investigación y sanción de actos de violencia y discriminación por razón de la orientación sexual, su identidad y expresión de género o sus características sexuales y asegurar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
- Adoptar medidas, políticas y procedimientos para la protección de las personas interesex y la garantía de prácticas médicas que respeten sus derechos humanos. Sobre esto último, la OEA le solicita a la CIDH un reporte de seguimiento al informe “Violencia contra las personas LGBTI”, publicado en 2015, y que en colaboración con otras instancias y organizaciones se informe sobre las prácticas médicas degradantes, en especial las que han sufrido las personas intersex.
- Apoyar la labor de la Comisión Interamericana de Mujeres en el cumplimiento de sus objetivos y funciones descritos en su Plan Estratégico y Programa Trienal de Trabajo, a través de la prevención, la asistencia y la erradicación de las violencias de las mujeres, niñas y adolescentes por motivos de género. Así mismo, la OEA recomienda la promoción de mayor representación de las mujeres en toda su diversidad.
- Promover y proteger los derechos humanos y el derecho a la salud de las personas con Covid-19, de manera consistente con los principios de igualdad y no discriminación. Para tal fin, la OEA considera indispensable que los Estados brinden atención diferenciada a personas de poblaciones que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad o que han sido históricamente discriminadas. Adicionalmente, el organismo internacional sugiere que se realicen intercambios técnicos y de cooperación regional entre los países para procurar la accesibilidad y asequibilidad a los servicios de salud de forma participativa, transparente, sin discriminación y con la más amplia cobertura a nivel geográfico, de medicamentos, tratamientos y servicios para la rehabilitación de personas con Covid-19.
- Reafirmar su compromiso con la prevención y la erradicación de la apatridia en América y que ratifiquen o se adhieran a las convenciones internacionales en esta materia con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y en condición de refugiados. Asimismo, la OEA exhorta a los Estados miembros a que eliminen la discriminación basada en género del régimen jurídico relativo a la nacionalidad y a desarrollar salvaguardas para prevenir casos de apatridia -en especial de grupos en situación de vulnerabilidad- y solucionar los casos de apatridia ya existentes.
- Encomendar a la Secretaría General el fortalecimiento de los sistemas de registro civil en los Estados para promover la protección y garantía del derecho a la identidad, del registro universal de nacimientos, defunciones y demás actos del estado civil para asegurar la identidad legal para todos y fortalecer la protección integral de derechos. La OEA dispone lo anterior con el fin de garantizar la protección de derechos humanos y de servicios públicos esenciales, sobre todo para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, desplazamiento o históricamente discriminadas; teniendo en cuenta enfoques integrados y diferenciados de género y edad.
- Reconocer la labor que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos en el plano local, nacional y regional y su contribución a la promoción, el respeto y la protección de derechos fundamentales. En esa medida, la OEA le solicita a los Estados a que incorporen garantías de protección integral en sus políticas con perspectivas de género y condenen las situaciones de violencia que afectan el desarrollo de sus actividades.
- Continuar con la adopción progresiva de medidas como la aprobación de leyes, protocolos, lineamientos y otras disposiciones nacionales de carácter normativo e institucional para prevenir y atender oportunamente las situaciones de desaparición de acuerdo a las obligaciones en materia de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos y considerando la jurisprudencia existente en esta materia. Para tal fin, la OEA les sugiere a los Estados que en la aplicación de las medidas se tenga en cuenta los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad e históricamente discriminados.
- Instar al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (GTPSS) a fortalecer el apoyo en capacitación y asistencia técnica a los Estados miembros durante y después de la pandemia por Covid-19 para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; en especial para la protección de grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad.
- Considerar la firma, la ratificación o adhesión -según sea el caso- a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y a la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia con el fin de promover la coexistencia de la diversidad; entendida como una fortaleza de las sociedades democráticas en el hemisferio. Esta recomendación la emite la OEA reconociendo que los Estados están en la responsabilidad de combatir dichas realidades que limitan el bienestar económico y social.
- Avanzar en el cumplimiento de las metas y los compromisos en el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas y el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, así como mejorar la recolección y procesamiento de datos desagregados -incluida la perspectiva de género y la dimensión de interseccionalidad-, para diseñar políticas públicas enfocadas en la empleabilidad y el acceso a salud, vivienda y educación de las personas y comunidades afrodescendientes para eliminar las desigualdades actuales y las graves consecuencias económicas y sociales que se pronostican para la época de post-pandemia.
- Afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de defensa jurídica gratuita prestada por las defensorías públicas oficiales de los Estados para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular las que se encuentran en situación de vulnerabilidad como aquellas que están privadas de la libertad en medio de la pandemia por Covid-19.
Teniendo en cuenta la discriminación histórica que enfrentan las personas LGBTI y las vulneraciones a las que han estado expuestas en medio de la pandemia por Covid-19, Caribe Afirmativo le solicita al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, que tome las acciones necesarias para garantizar derechos fundamentales como la dignidad humana, consagrado en el artículo 1 de la Constitución política de Colombia, y el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la carta política. En ese sentido, es indispensable que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de promover la articulación de las entidades del Estado para la implementación de políticas y medidas de mitigación que permitan garantizar los derechos constitucionales, como los económicos, sociales y culturales; de las personas LGBTI.
Caribe Afirmativo le hace un llamado también a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que establezcan una comisión de seguimiento a las disposiciones de la OEA con el fin de que el Estado colombiano cumpla con el mandato de aplicación del bloque de constitucionalidad, consagrado en el artículo 93 de la Constitución, para proteger de manera integral los derechos de las personas LGBTI a partir de las disposiciones internacionales. Finalmente, Caribe Afirmativo le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante con celeridad las investigaciones penales sobre hechos de violencia contra personas LGBTI por razón de su identidad de género y orientación sexual para sancionar de manera oportuna a los responsables de estos crímenes.
Caribe Afirmativo les hace estas solicitudes a las entidades del Estado a partir de su preocupación por el papel que viene desempeñando Colombia, a través sus representantes, en la asamblea de la OEA. Si bien el Estado colombiano se ha caracterizado durante los últimos diez años por tener una vocación de liderazgo para la promoción y la garantía de derechos fundamentales, en los últimos dos años ha tomado una postura contraria a ese papel histórico y se ha mostrado en oposición a discusiones importantes en materia de derechos humanos como derechos de las mujeres, identidad de género y orientación sexual.