“Colombia enfrenta un proceso de movilidad humana proveniente del Estado venezolano sin precedentes; lo que ha implicado que el ejecutivo nacional tome medidas para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los migrantes venezolanas(os)”.
La masiva movilidad humana que enfrenta Colombia como consecuencia de la crisis social, política y económica venezolana, ha generado un incremento en la demanda de servicios públicos, como el acceso a la salud, educación, justicia, lo cual causa retos institucionales que aún escapan del alcance del marco normativo actual. Ante este incremento, el Estado colombiano ha tomado medidas en aspectos como el acceso a la salud, a la educación e incluso al trabajo, sin embargo, los mecanismos disponibles para regular el estatus migratorio suponen una serie de requisitos como contratos laborales y otras formalidades que resultan improbables de cumplir, en especial para grupos de personas que enfrentan vulnerabilidades múltiples, como es el caso de las personas LGTBI, más concretamente las mujeres trans en ejercicio del trabajo sexual.
El 13 de septiembre de 2019, El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares expidió las observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Colombia para el cual Caribe Afirmativo realizó la entrega de información complementaria o informe alternativo. El Comité reconoce los avances de Colombia en aspectos de protección de los derechos de los venezolanos y señala su preocupación por la necesidad de un marco jurídico que aborde de manera integral la migración y garantice mayormente la protección de los derechos humanos de los migrantes que se encuentran dentro de su jurisdicción.
Si bien, una medida positiva adoptada para la protección de los trabajadores migratorios consistió en el desarrollo del marco normativo y aplicación de los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), el comité expresó preocupación por la existencia de estereotipos discriminatorios sobre trabajadores venezolanos, más aún cuando son personas LGBTI, en donde se presenta una doble victimización, por lo cual el comité recomienda al Estado profundizar las normas para que estas cuenten con un enfoque de género y no discriminación, en aras de erradicar la violencia por prejuicio.
Sin embargo, las observaciones finales emitidas por El Comité de Protección no profundizan en la situación de las mujeres trans trabajadoras sexuales venezolanas, quienes han sido atacadas, amenazadas, desplazadas de sus lugares de residencia por la población civil y/o por las autoridades locales, migratorias y de policía, principalmente de los municipios fronterizos del país, a los cual surge una pregunta: ¿Quiénes proteger a las mujeres trans si las mismas autoridades son las causantes de las violaciones a sus derechos?. La paz se construye desde el territorio, y los cuerpos en resistencia son territorios en busca de paz.