1° de julio de 2020. Hemos conocido que, a pesar del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19, la violencia en nuestro país no se ha detenido. De acuerdo con INDEPAZ, durante el año 2020, han sido asesinados 140 líderes y lideresas sociales y 25 firmantes del Acuerdo de Paz, de los cuales, 93 muertes se han registrado desde el mes de abril, es decir, en plena época de pandemia.
Lastimosamente, aunque a los actores armados al margen de la ley nada los detenga, por el contrario, el colombiano de a pie, quien tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente, debe resguardarse en casa y esperar las caridades del Gobierno. Resguardarse como lo ha hecho la justicia colombiana, por cuanto sigue dormida pese a la imperativa necesidad de investigar y judicializar los asesinatos arriba mencionados; pero no nos digamos mentiras, ello está mucho más relacionado con el claro desinterés en perseguir este tipo de crímenes por parte del Gobierno y del mismo Fiscal General.
Otro que también duerme, o más bien, se encuentra en jaque, es el Consejo Superior de la Judicatura y, por consiguiente, todo el sistema judicial en el país. Ello, dado que se ha puesto en evidencia el rezago tecnológico de la justicia colombiana, la ausencia de preparación de funcionarios, litigantes y partes procesales en el manejo de plataformas digitales, y el, por lo menos, innecesario apego al texto escrito y a ritualidades procesales que han impedido la apertura a conformidad de miles de despachos, oficinas de reparto y el adelantamiento de diligencias judiciales.
Ante tal panorama, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tampoco ha sido ajena. Con base en la reciente Circular 029 de 2020 expedida por el Órgano de Gobierno de la JEP, se volvió a prorrogar la suspensión de audiencias y de términos judiciales para garantizar la debida protección de la salud de los servidores y servidoras de la Jurisdicción, los contratistas, y a quienes intervenimos en cada uno de los macro casos.
Sin embargo, ya empieza a tornarse preocupante la constante suspensión de términos judiciales que repercute en el poco avance de los macro casos y, en últimas, en la consecución de la verdad, la justicia y la reparación para tantas víctimas del conflicto armado. Si bien ha decido abstenerse en seguir adelantando versiones voluntarias por garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, por cuanto para nadie es un secreto que la mayoría de los territorios golpeados por la violencia tienen aún serios problemas de conectividad y, así mismo, muchas de las víctimas reconocidas no cuentan equipos idóneos para poder participar de audiencias virtuales, también debe decirse que la justicia no da espera y ya es el momento de replantearnos cómo se materializará este derecho para las víctimas.
Así las cosas, ¿hasta qué punto el COVID-19 cercenará también el legítimo derecho de las víctimas del conflicto armado a conocer lo realmente sucedido durante más de 50 años de guerra?
No puede pasar inadvertido que el componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) tiene como objetivo, entre otros, aportar verdad plena, relatando de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones suficientes para atribuir responsabilidades y así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición.
No obstante, pareciera que el deber del Estado en investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado estuviere también infectado con el virus y a esperas de una cama de cuidados intensivos. Ante este paro inminente para la justicia, ¿quedarán las autoridades de brazos cruzados esperando la llegada de respiradores que la oxigenen?
No. Ya está bueno de excusarse en la pandemia para dejar de emprender acciones concretas y eficaces tendientes a la recuperación del rumbo; medidas encaminadas en agilizar el adelantamiento de las investigaciones y el uso de las tecnologías para llevar a cabo audiencias de menor entidad, en donde se garantice por lo menos la asistencia de los representantes de víctimas y el traslado de todo lo sucedido a las víctimas directas, como también la oportunidad para las mismas de poder allegar comentarios y preguntas a resolver en otros escenarios.
Pero lo que sí es claro es que ni la justicia en general, ni la JEP pueden seguir quedando relegadas frente a otros sectores del país que no han apelado a la parsimonia para dejar que la pandemia agudice aún más los problemas sociales y estructurales que afrontamos todas y todos las/os colombianas/os.
Así las cosas, si bien la pandemia ha cobrado la vida de miles de personas y, así mismo, ha sido el escenario perfecto para la intensificación de la violencia en contra de líderes y lideresas sociales, no dejemos que por el Coronavirus también muera la esperanza de quienes aún viven y reclaman verdad y justicia; la esperanza de tantas víctimas LGBTI que desde la Corporación Caribe Afirmativo representamos ante la JEP, víctimas que son centro principal del Acuerdo de Paz y cuyos intereses y necesidades no pueden ser desconocidas.
Es por esto que hacemos un llamado a la reflexión, tanto al Ministerio de Justicia y el Derecho, como al Consejo Superior de la Judicatura y al Órgano de Gobierno de la JEP, para trabajar de forma más articulada y activa, de la mano con los sindicatos y teniendo como derrotero a las víctimas que imploran verdad y justicia, pues estamos en un momento crucial para recomponer verdaderamente el tejido social y garantizar la dignidad de un pueblo que espera de las autoridades el impuso y el esmero necesario para la construcción de paz entre todos los colombianos.