20 de febrero de 2020. El pasado 18 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz, en adelante JEP, publicó el documento denominado Auto 033, en el que da a conocer la priorización del Caso 03 denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, mejor conocido como el caso de los Falsos Positivos. La JEP hizo una revelación importante en la que menciona que entre los años 2002 y 2008 aproximadamente hubo 6.402 personas que fueron asesinadas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en todo el territorio nacional.
En este informe se expone que 10 departamentos tienen el número más alto de hechos victimización, estos son: Antioquía, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca. Sin embargo, se destacan seis subcasos de priorización siendo estos Antioquia, Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
Lo que llama la atención de esta reveladora cifra es que en el 2018 la Fiscalía General de la Nación entregó un informe en el que se calculaban 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, lo cual evidencia un subregistro de los datos, teniendo presente que las víctimas se cuentan desde la década de los 80 hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016. En este orden el 78% de estás muertes ilegitimas se dieron durante el periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Aún existen discrepancias entre la magnitud del crimen investigado por del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) , Sistema de Información Judicial (SLJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Coordinación de Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y sin embargo las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales “identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica”[i]. Las fuentes también coinciden que el fenómeno cayó drásticamente en el 2009 al pasar de 792 víctimas reportadas en 2008 a 122 reportados en 2009.
La estrategia de investigación es de “abajo hacia arriba”, es decir que se pretende llegar a los militares de menos rango para luego escalar y develar los responsables de cargos elevados, es decir que la indagación comenzará a nivel local, luego regional y finalmente nacional, está última podría incluir oficiales de alto rango, ministros y ex mandatarios.
Hasta el momento la JEP dió 15 días hábiles para presentar observaciones sobre sus decisiones adoptadas, pero pese que tan sólo han pasado unos días las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, varios abogados de las víctimas dicen que es necesario tener en cuenta a las personas de altos mandos implicadas en este crimen de lesa humanidad, porque el tiempo no da espera y ya han pasado 3 años desde que se comenzaron investigaciones, como también es esencial prestar atención a los militares que se han acogido a la JEP y que por presiones de sus superiores es posible que agentes externos esten manipulando sus testimonios[ii], si bien es cierto es posible que la cifra de 6.402 aumente con el avance de los esclarecimientos. Los abogados y demás organizaciones de derechos humanos solicitaron exponer estas observaciones de manera oral en una audiencia pública y no por escrito como se ha hecho anteriormente en otros trámites ligados a procesos de la JEP.
Ahora bien, Caribe Afirmativo como coporación que lleva más de 12 años posicionando una agenda de derechos humanos de personas LGBT tanto en el caribe colombiano como en algunos territorios de la geografía nacional consideramos pertinente dar una mirada a los siguientes subcasos priorizados, siendo estos Antoquía, Región Caribe y Norte de Santander porque son los territorios en los que tenemos mayor incidencia.
En Antoquía confluyen el 25% de los casos, fue el 2004 el año de mayor victimización y con graves afectaciones en los municipios del oriente antioqueño. Los responsables podrían ser soldados de la IV Brigada con jurisdicción en está zona y de la cual se cree tiene que ver con el 73% de las victimas registradas. En este departamento resalta el caso emblemático del Cementerio de Las Mercedes en Dabeiba, especialmente porque allí surgen patrones macro criminales que se remontan por lo menos a 1997 y en especial porque las víctimas son integrantes de colectivos que históricamente han estado expuestas a diferentes actores del conflicto armado.
En relación con la Región Caribe es preocupante considerando que el departamento del Cesar ocupa el cuarto lugar en territorios afectados y La Guajira el noveno. En los municipios del norte del Cesar hay bajas presentadas en combate del Batallón de Artillería Nª2 La Popa, en los municipios de Manaure, El Copey, Agustín Codazzi, La Paz, entre otros. Respecto a La Guajira un hecho particular es que la mayoría de personas pertenecen en gran cantidad a poblaciones étnicas, como los wayuu, wima y kankuama. Se estima que por los menos 22 personas fueron índigenas, 9% de ellas eran mujeres y el 6% de estás víctimas tenian alguna discapacidad cognitiva.
Por su parte en Norte de Santander la mayoría de estas bajas ocurrieron en los municipios pertencientes a la región de El Catatumbo, con 420 víctimas reportadas en el periodo de 1985 y 2016, siendo el sexto departamento a nivel nacional y con patrones representativos en 2007 y 2008. La Segunda División con jurisdicción en Norte de Santander y Boyacá concentran el 60% de estos casos.
En este territorio del país también hay un caso emblemático y quizás uno de los más mediáticos a nivel nacional y corresponde al de los jóvenes de Soacha que fueron encontrados muertos en el municipio de Ocaña, de los cuales sus familiares y en especial sus madres conformaron MAFAPO, Madres de las víctimas de los Falsos Positivos de Soacha, quienes como organización han entregado informes relevantes relativos a este caso.
Lo ocurrido con los jóvenes de Soacha demuestra un modus operandi siniestro, que consistía en reclutar muchachos y traerlos bajo engaños con la excusa de oportunidades laborales, trasladarlos a otros territorios con presencia de las FARC y asesinarlos en esta zona para hacerlos pasar por dadas de baja en combates. En este departamento fronterizo se identifican que muchos de estos hombres eran personas en condiciones de vulnerabilidad, con problemas de consumo de drogas, discapacidades físicas y cognitivas y algunos de ellos eran líderes sociales.
Además de los 6 subcasos priorizados en el macro caso se encuentra en fase de análisis y sistematización los hechos ocurridos en otros territorios del país como Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Sucre, este último de la región caribe, que se esperan mostrar a la opinión pública durante el segundo semestre de este año.
Según la oficina de la alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos la JEP esta dando pasos importantes en la lucha contra la impunidad [iii] y con base en esto esta revelación se convierte en un hecho histórico para el país porque demuestra que se están haciendo importantes avances para vencer la impunidad que por años ha caracterizado a estos crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano.
Celebramos la publicación de este Auto 033 de la JEP como la estrategia de los subcasos de priorización y expresamos nuestro apoyo a las víctimas que por años han deseado una reparación y garantías de no repetición frente a esta situación que ha dejado una dolorosa huella en todos los colombianos y colombianas. De nuevo creemos que hace falta un enfoque diferencial de posibles personas LGBT que fueron ejecutadas extrajudicialmente durante esos años, como también seguir contribuyendo desde nuestro ejercicio a hacer memoria, revelar y estudiar información importante para continuar con estos procesos de construcción de paz, hallar a los responsables, fomentar la reconciliación y traer tranquilidad a aquellos territorios del país y en especial del caribe colombiano que aún no cierran heridas por la impunidad y olvido de esos sucesos.
[i] Tomado de https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-pública-la-estrategia-de-priorización-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx
[ii] Tomado de https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/datos-de-la-jep-prueban-que-la-seguridad-democratica-fue-una-politica-criminal-victimas/?utm_source=ee.com&utm_medium=widget_lateral_articulos&utm_campaign=ultimas_noticias&cx_testId=6&cx_testVariant=cx_1#cxrecs_s
[iii] Tomado de https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/jep-esta-tomando-pasos-importantes-en-lucha-contra-la-impunidad-onu-derechos-humanos/