7 de febrero de 2021. El pasado 26 de enero, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP a través del Auto No. 19 de 2021, determinó por primera vez los hechos y conductas atribuibles a ex miembros del Secretariado de las FARC- EP por el caso 01, relativo a la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.
La decisión se muestra como un gran avance para el esclarecimiento de la verdad y la justicia para las víctimas. A partir de ésta, se abre la puerta para que otros crímenes como la violencia sexual, sean analizados detalladamente en próximos casos. El análisis planteado es extensivo, ya que no se limitó a establecer la toma de rehenes y secuestro, sino que se buscó la identificación de todo un patrón de malos tratos en los cautiverios de los bloques de las FARC-EP.
La Sala, en este primer auto y escrito, logró determinar que la mayor parte de las privaciones de la libertad se realizaron entre 1998 y 2002. Con un listado consolidado de 21,396 víctimas identificadas, se pudieron identificar patrones de ocurrencia, con los cuales se puede confirmar la existencia de una política de secuestro expresa o inferir una política de facto. Si bien en sus versiones individuales y en la versión colectiva nacional habían afirmado que tenían una orden de brindar un “buen trato” a los cautivos, se logró establecer que la suerte de los cautivos se dejó a la discrecionalidad del comandante de cada Frente y de la Guardia, sin mayores controles.
De esta manera, dentro de los hechos repetidos en las narraciones de las víctimas acreditadas y en los informes se encontraron las marchas forzadas, sin consideración de circunstancias de vulnerabilidad y agresiones físicas y sicológicas con golpes, gritos, burlas y empujones. Asimismo, en algunos campamentos había condiciones de hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica, falta de atención en salud, y comida insuficiente y en mal estado como forma de humillación.
En todo este contexto, la violencia sexual dentro del contexto del conflicto armado fue un castigo adicional para las víctimas. Como lo describe el auto, hubo víctimas que además de haber sido castigadas por no pagar las cuotas no solo eran privadas de la libertad, sino que también sufrían de violencia sexual y trabajos forzados. En efecto, de los 1480 hechos reportados por las víctimas acreditadas, 38 incluyen violencia sexual de manera explícita, con y sin acceso carnal. Estos casos se derivan del control que tenía la guardia sobre el cuerpo de los cautivos, especialmente ejercido sobre las mujeres.
Una de ellas relató que la estructura que la custodiaba se caracterizaba por las situaciones de maltrato de género contra las mujeres cautivas. Particularmente, ella narró que se solía vulnerar de manera totalitaria la privacidad e intimidad de las mujeres como una forma de humillación y de violencia. En múltiples relatos, las víctimas fueron obligadas a permanecer desnudas mientras eran observadas por la guardia masculina, a la hora de realizar sus necesidades fisiológicas. Además de esto, existen narraciones de mujeres que fueron víctimas de tocamientos y gestos obscenos que no eran castigados, sino por lo contrario, eran celebrados por los comandantes.
Dentro de este proceso, se incluyeron los máximos responsables y partícipes determinantes de los hechos, donde se encuentran Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, entre otros. A estos se les atribuyen las siguientes conductas: por coautoría mediata se reconocen los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y otras privaciones graves de libertad. A su vez, por responsabilidad de mando se reconocen los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado y los crímenes de lesa humanidad de tortura y otros actos inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado.
A partir de la individualización de los actores, el país seguirá a la espera de la decisión frente al reconocimiento de la responsabilidad frente a los hechos y conductas. Frente a este auto, ya iniciaron los términos para la respuesta de los comparecientes, y posteriormente se realizará la audiencia de reconocimiento de responsabilidad y finalmente para la activación de la competencia del Tribunal para la Paz. Se espera que esta decisión sea el primer paso para el reconocimiento de los crímenes cometidos por las FARC-EP en cautiverio y de esta manera se pueda ofrecer verdad a las víctimas y a la sociedad colombiana, contribuyendo así al esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.