7 personas de la Región Caribe en la JEP
El día martes 26 de septiembre, Colombia despertó con la noticia que estaba siendo esperada desde hace mucho tiempo: El anuncio de los nombres de quienes conformaran la Jurisdicción Especial para la Paz, identificándose que 53% de los jueces son mujeres, el 10% indígenas y 10% son afrocolombianos; además, la edad promedio es de 41 años para las mujeres y de 55 años para los hombres. Es de resaltar que el 61% de los miembros corresponden a personas de fuera de Bogotá y el 13% de la JEP es de la Costa Caribe.
Esta noticia es de gran importancia ya que la JEP es un aspecto de especial relevancia para la implementación del Acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno, esto hace referencia al componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
Este componente está descrito en el numeral 5.1.2 del Acuerdo y teniendo en cuenta el numeral 2, sus objetivos son: “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos”.
La elección de estos y estas magistradas ha sido un tema de gran interés público, ya que se temía que estas salas fuesen permeadas por fuerzas que no tuviesen una visión imparcial y por ende, las victimas no quedaran en el centro de la discusión.
En total se eligieron 20 Magistrados para el Tribunal de Paz y 7 suplentes, 18 Magistrados para las Salas de Justicia y 6 sustitutos, Director(a) Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Director(a) Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
De las 2.135 hojas de vida preseleccionadas, 174 correspondieron a personas del Caribe Colombiano, en donde 47 fueron del Atlántico, 26 del Magdalena, 44 de Bolívar, 11 de Sucre, 12 de Córdoba, 19 de Cesar y 15 de La Guajira. De estas, fueron elegidos:
Titulares para el tribunal para la paz
- Zoraida Anyul Chalala Romano
Magistrada de la sala de Justicia y Paz de Barranquilla; con experiencia en manejo de audiencias con víctimas y victimarios. Es magistrada de Control de Garantías del Tribunal Superior de Barranquilla, y fundadora del Colegio de Jueces de Bolívar.
- Ana Manuel Ochoa
Indígena kankuama de la Sierra Nevada – Abogada con vasta experiencia de trabajo en el litigio ante la Corte Interamericana De Derechos humanos , integrante de la Organización Nacional Indígena De Colombia – ONIC. Asesora jurídica del resguardo indígena kankuamo.
Salas de Justicia
- Juan José Cantillo Pushaina
Abogado de la Universidad del Norte. Es indígena Wayuu originario de La Guajira, con especialización y maestría en Derechos Humanos.
- Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín
Abogada de la Universidad Nacional. Es originario de Magdalena y con maestría, experta en Derechos Humanos.
- Belkis Florentina Izquierdo Torres
Abogada de la Universidad Nacional. Es arhuaca originaria de Cesar, con maestría y especializada en Diversidad Étnica.
- Julieta Lemaitre Ripoll
Abogada de la Universidad de los Andes. Es originaria de Bolívar, con maestría y doctora en Derecho. Es experta en Derechos Humanos.
Suplentes para las salas de justicia
- Gina Cabarcas Macia
Cartagenera, estuvo en la Dirección Nacional y Subdirección Nacional de la Fiscal Especializada, en la Fiscalía General de la Nación. Hizo parte del Grupo de Memoria Histórica – Acción Social y es profesora en la Universidad de los Andes.
Desde Caribe Afirmativo felicitamos a los y las seleccionadas a la Jurisdicción Especial para la Paz, esperando que los y las magistradas se encarguen de velar de forma efectiva por los derechos de las víctimas y puedan tender puentes hacia una Colombia en paz, con respeto a la diversidad y que rechaza toda forma de discriminación. De igual forma, realizamos un llamado a que se continúe manteniendo el enfoque de género en la JEP con una visión territorial y étnica.