Las vergonzosas imágenes que hicieron del transfeminicidio de Sara en Bello, Antioquia, un espectáculo, dan cuenta de lo mal que estamos como sociedad y de lo enfermizo de nuestros comportamientos colectivos, que debemos corregir de inmediato si queremos vivir en paz.
Estos días el país se ha desgarrado con el doloroso asesinato de Sara, pero lo que más nos ha dejado atónitos y deja constancia de que hemos tocado fondo es cómo, quienes fueron testigos de su agresión, lejos de auxiliarla, convirtieron su dolor en un show. Prefirieron grabar videos perversos para masificar su humillación, tiempo que faltó para salvarle la vida en el centro de asistencia. Este caso, que fue rechazado con plantones y movilizaciones en más de diez territorios de Colombia y fuera de él, y que recibió el repudio de autoridades nacionales e internacionales, dejó claro que como sociedad estamos enfermos y que la dignidad ha abandonado nuestras luchas, sobre todo cuando se trata de reclamar condiciones de vida digna para las personas trans. En un país donde los victimarios se regocijan en su impunidad, las autoridades no son capaces de garantizar condiciones de vida con derechos, y la sociedad se desentiende del valor de la otra persona.
Uno de los hallazgos más significativos de la Comisión de la Verdad, cuando se indagó por la agudización y persistencia de la violencia en el marco del conflicto armado hacia las personas LGBTIQ+, fue la indiferencia social. Esta se presenta como una constante en la vida cotidiana del país frente a la exigibilidad de derechos de las personas sexo-género diversas. Sumada a los patrones de orden oral y al control territorial bajo condiciones machistas, patriarcales y misóginas impuestos por paramilitares, guerrilleros y fuerza pública, hizo más difícil la vida de las personas que se enunciaban desde la diversidad sexual y de género. Todo esto contó con el concurso de líderes sociales, comunales, espirituales y culturales, que alimentaron imaginarios de desprecio hacia sus proyectos de vida.
Para la Comisión de la Verdad, esta indiferencia, condensada en la sentencia “sus vidas no nos importan”, se tradujo en las lógicas de la guerra en una complicidad social que alimentó múltiples conductas que consolidaron el delito de persecución hacia las personas LGBTIQ+. Entre estas, se encontró la falsa licencia de ignorar sus demandas o minimizar sus solicitudes bajo la idea de que no tenían igual capacidad de agenciamiento ciudadano; la utilización de sus cuerpos como objetos en los escenarios de disputa, instrumentalizándoles y poniéndoles en riesgo; el señalamiento de sus proyectos de vida como déficits morales que promovían su aislamiento o condena pública; y la validación de cualquier acto de agresión o limitación de derechos, justificándolo como una forma de “corrección”. De esta manera, su presencia real o percibida en vastos territorios rurales o urbanos era imposible o asumida bajo el riesgo de ser desplazadas, desaparecidas o aniquiladas por no encajar en el proyecto erróneo de sociedad que uno u otro actor, o en convivencia, querían imponer.
Vivir en paz debe significar, en el caso de las personas LGBTIQ+, poder vivir con dignidad. Por eso, varias de las recomendaciones de la Comisión están orientadas a garantizar el acceso a la justicia y la investigación de violaciones a los derechos humanos desde un enfoque diferencial. Algunas están relacionadas con la inclusión de grupos históricamente excluidos, como las personas LGBTIQ+, como la del tomo *Resistir No es Aguantar*, que llama a profundizar en las investigaciones sobre los delitos cometidos contra ellas; la MCV13, que exhorta a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial a adoptar protocolos diferenciales de investigación y judicialización; y la del tomo *Mi Cuerpo es la Verdad* (MCV21), que llama a la creación de un sistema integral de información sobre violencias contra personas LGBTIQ+. Todo esto debe estar acompañado por un alto nivel de participación ciudadana en su elaboración y evaluación, y por aterrizar las medidas a cada contexto, con la restitución plena de derechos y garantías de no repetición como valor supremo. Es decir, convertir la norma en acción concreta para el cambio cultural.
Para poner fin a la indiferencia, requerimos activar caminos claros: el respeto y reconocimiento por la vida de las otras personas, tanto en lo individual como en lo colectivo; acciones concretas que se materialicen en condiciones de vida dignas; y dinámicas de interacción social que construyan espacios donde todas las personas podamos realizarnos y vivir en paz. Esto exige que las entidades y personas involucradas continúen actualizando los protocolos con enfoque diferencial en la investigación y judicialización de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. También es necesario formar a funcionarias y funcionarios en esta materia y comprometerse cotidianamente con una transformación cultural. La sociedad, en su conjunto, debe promover estrategias de comunicación en medios y espacios públicos que erradiquen los prejuicios y la discriminación, especialmente hacia las personas LGBTIQ+, y que fomenten un proceso de transformación social donde la diversidad sea un valor y la libertad, un requisito para la paz.
Las movilizaciones nos dejaron un llamado urgente a reconocer la dignidad de las personas LGBTIQ+, a reparar sus vidas de manera integral, a construir memoria y a buscar a quienes aún nos faltan. Una hoja de ruta hacia la garantía plena de sus derechos humanos. Debemos colocar a las personas trans en el centro, garantizar no solo que sean escuchadas, sino que sus derechos a la justicia, la reparación y la no repetición sean una realidad tangible. Sus voces deben ser el motor de las políticas públicas. Hay que enfrentar directamente las desigualdades, la exclusión y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que han alimentado décadas de violencia transfóbica en Colombia. Solo así podremos construir una sociedad donde la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado no tengan cabida nunca más.
La verdad, como nos recuerda la Comisión, no busca dividir, sino sanar. Sus propuestas incluyen estrategias pedagógicas para que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido. Para que el legado de las víctimas LGBTIQ+ llegue a las aulas, a los medios, a cada rincón del país. Para reconocer a las víctimas y a sus familias, visibilizar su lucha y dignificar su resistencia, porque en esta radica también nuestra fuerza como nación.
Las recomendaciones de la Comisión están profundamente ancladas en los derechos humanos, esos principios universales que nos recuerdan que toda persona merece vivir con dignidad, seguridad y libertad. Cuando hablamos de incorporar un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas para las personas trans, como lo propone la Comisión, hablamos de asegurar que nadie sea olvidado: ni las trans en el exilio que han luchado por sus derechos desde fuera del país, ni quienes resisten desde el territorio pese a los impactos desproporcionados de la violencia. No podemos olvidar los principios universales que nos recuerdan que toda persona merece vivir con dignidad, seguridad y libertad. Implementar este enfoque es asegurar que las personas trans cuenten con el reconocimiento de sus comunidades y no con el desprecio de la indiferencia.
Han pasado ocho años intentando consolidar el enfoque de género del acuerdo de paz, pero la violencia sigue transitando nuestros territorios con efectos desproporcionados sobre las vidas de las personas LGBTIQ+. Queremos ser el país de la vida, pero hasta ahora somos el país de la indiferencia. En apenas cien días del año, ya van 26 asesinatos de personas LGBTIQ+, 13 de ellas mujeres trans. La mitad de estos crímenes han ocurrido en Antioquia, todos con altos niveles de crueldad. Esto demuestra que seguimos siendo una sociedad enferma, donde la diversidad sigue costando vidas, y mientras tanto, la gente sigue como si nada. Como si no existiéramos. Como si fuésemos una simple cifra condenada a desaparecer cada día.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo