29 de marzo de 2021. El 26 de marzo del 2021 CARIBE AFIRMATIVO entregó el informe “Entre silencios y palabras: conflicto armado, construcción de paz y diversidad sexual y de género en Colombia” ante la Comisión de la Verdad. Este documento tiene alta relevancia porque es el resultado de un recorrido por los departamentos de Arauca, Caquetá, Cesar, Cauca y Magdalena Medio. Es importante mencionar que este informe fue hecho con el apoyo de la Fundación Triángulo de España, la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID) y la embajada de Noruega.
Este es el cuarto y último informe que se entrega a la Comisión de la Verdad y genera una conversación porque demuestra que las violencias que vivieron personas LGBT en el conflicto armado no son hechos aislados, si no dinámicas de agresiones sistemáticas en todo el territorio nacional, que obedecen a la violencia por prejuicio y a la imponencia de un control moral y social por parte de los actores armados, ya que estas crueldades buscaban legitimar la guerra y exterminarlos sólo por su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa que se contrapone contra la hegemonía de un sistema patriarcal imperante en las regiones y reforzado por el contexto del conflicto.
Entre los hallazgos más importantes de este informe, que se realizó con un enfoque territorial e interseccional, se destacan la circunstancias estructurales que permitieron estas violencias por prejuicio y que corresponden a situaciones referidas a condiciones de exclusión y marginalidad, que revelan la complicidad social frente a estos prejuicios y la impunidad que rodean las violencias contra personas LGBT en el país.
Entre la mayoría de los relatos de las víctimas y las colectivas LGBT las amenazas a través de panfletos y los desplazamientos forzados son los hechos victimizantes más comunes. En relación a las intimidaciones y panfletos, estos buscaron ejercer un control sobre la vida cotidiana de las personas, con el fin de perseguir, prohibir e imponer una moralidad que afectó principalmente a mujeres trans, lesbianas y hombres trans, especialmente en el departamento de Arauca, pues quienes no acataran estas órdenes ponían en riesgo su vida y las de sus seres amados.
Ser diferente no sólo implicaba afrontar un riesgo, también lo era tener alguna manifestación afectiva o erótica con su pareja en algún espacio público o delante de alguien que pudiera comunicarlo a estas fuerzas oscuras, es decir, que para las personas LGBT tomarse de la mano en el parque o calles de su pueblo o expresar algún tipo de cariño estaba prohibido y quienes lo hicieran o hubiese sospecha de su orientación sexual o de su relación de pareja eran sometidos a hostigamientos por parte de todo tipo de actores, tanto por grupos criminales como fuerza pública.
La mayoría de estas crueldades fueron perpetradas por las FARC -EP y el ELN durante los años de 1990 y 2012. Particularmente en el Cauca, estas intimidaciones también incluyen tentativas de homicidio, violencia sexual y agresiones a personas, que además de ser motivadas por su orientación sexual diversa también lo eran por ser afrodescendientes o indígenas. Sin embargo, los paramilitares también fueron actores de estás violencias desproporcionadas que hacen parte de una política del horror imponiendo estrategias para regular las conductas de las personas LGBT en complicidad con la fuerza pública, en este caso tanto policías como militares ejercían agresiones contra personas LGBT, como detenciones arbitrarias que terminaban en violencia sexual.
Los cuerpos de las personas LGBT históricamente han sido territorios de guerra, en donde los grupos armados los han controlado, violentado y censurado a su antojo. Para el caso del Caquetá las FARC EP, ejercían un sistema binario de género y una regulación de la sexualidad castigando, “corrigiendo” y señalando a las personas de “raras” o “desviadas”. Especialmente en la ruralidad donde los actores armados consolidan la violencia por prejuicio y violentan a las personas LGBT porque su manera de expresarse, de amar o de sentir se alejan del canon de hombre tradicional apegado a esa masculinidad y roles de género exigidos por la sociedad, de ahí que se concluya que en el campo todavía impera la superioridad del hombre y sumisión de la mujer y las diversidades sexuales.
Para el caso del Cesar y el Magdalena Medio, los repertorios de violencia buscaban invisbilizar y anular los liderazgos sociales de personas LGBT, y esto se reflejó en los otros territorios, pues muchas de estas personas para poner resistencia ante esta continuidad de agresiones decidieron organizarse, aprender y generar espacios pedagógicos de conocimiento de sus derechos humanos. De ahí que los grupos armados buscaran eliminar estos liderazgos y prohibir todo tipo de espacios de integración de personas LGBT así sólo se trataran de encuentros para generar confianza y lazos de amistad, que ellos y ellas ante esta persecución optaron por hacerlo de manera clandestina.
Así las cosas, nos encontramos frente a un panorama de conflicto que no ha cesado, que luego de la firma de un Acuerdo de Paz, aún estamos frente a situaciones de violencia que no dan tregua en los territorios. Sin bien es cierto, la diferencia de las violencias actuales con las pasadas es la resistencia y construcción de memoria que hemos hechos desde organizaciones de la sociedad civil como las mismas colectivas y grupos de personas LGBT que no quieren seguir bajo un silencio que opaca sus colores, si no que confían en el ejercicio de la memoria y de investigación para luchar contra una impunidad y dar cuenta que las personas LGBT también sufrieron durante el conflicto armado. Aunque actualmente la persecución y amenazas a los líderes y lideresas sociales no paran, las personas LGBT se encuentran articuladas y cuentan con conocimientos en sus derechos humanos para hacerlos valer y respetar y al mismo tiempo unen sus voces como un grito que rechaza la impunidad.
CARIBE AFIRMATIVO seguirá siendo custodio de sus derechos y también espera que el valor de estos informes sea tenido en cuenta por la Comisión de la Verdad en la entrega de su informe final. En el libro final de este documento mencionamos una serie de recomendaciones para superar estas desigualdades que tienen que ver con una violencia estructural que en la mayoría de los casos viene de la institucionalidad, que revictimiza y contribuye a la impunidad de estos hechos.
Sugerimos entonces una pedagogía que capacite a funcionarios públicos y a un sistema judicial que integre un enfoque diferencial e interseccional que permita que las personas LGBT sean atendidas, tenidas en cuenta y que se abran procesos para castigar a los responsables de estas violencias y que ningún caso denunciar implique ser discriminado. De igual manera estas recomendaciones se basan en un una perspectiva de derechos humanos, ya que la mayoría de personas que han sido víctimas no cuentan con acceso a salud, educación, vivienda y trabajo digno, de ahí que se piensen maneras para superar estas desigualdades sociales que viven las personas LGBT en el país. Así pues nuestra misión es velar y luchar porque estas agendas en derechos humanos tomen protagonismo y se cumplan a cabalidad hasta mejorar las condiciones de vida de personas LGBT en Colombia.