El incremento de flujos de personas moviéndose por el mundo buscando paraísos de la igualdad exige una atención oportuna de los Estados con enfoques diferenciales que reconozcan la interseccionalidad.
El 20 de junio es un día propuesto por Naciones Unidas para que los Estados del mundo refuercen su compromiso con las políticas de refugio, entendidas estas como acoger, proteger y garantizar en sus territorios condiciones de vida digna a las personas que llegan a sus territorios porque huyen de expresiones de violencia en sus países de origen, o porque las crisis humanitarias les obligan a salir para proteger su vida. La normatividad del refugio, que es discrecional de los gobiernos, es entendida como un mecanismo exclusivo que tienen los Estados amparados en el uso del Derecho Internacional Humanitario y fue creado para permitir de forma rápida y oportunidad garantizar condiciones de vida digna. Esta protección internacional, está sostenida en la convención de 1951 y sustentada en varios instrumentos regionales para garantizar sus derechos y ha encontrado en la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados un ente de articulación y rectoría.
Basta echar un vistazo a las crisis humanitarias del mundo que están en crecimiento y a la respuesta prejuiciosa, indiferente y violenta de los Estados, para evidenciar, no solo que toca refundar el significado del refugio, sino que es importante construir y validar herramientas que garanticen que este se haga en condiciones de dignidad para quienes lo solicitan. Es decir, que el gobierno italiano endurezca medidas que aumentan el riesgo de los migrantes forzados en el mediterráneo; que en las elecciones de España la restricción de atención migratoria sea una condición para buscar simpatías electorales; que EE.UU. con la supresión del Articulo 8 este provocando un pánico en indocumentados presentes en ese país y otros que se movilizan con el sueño de llegar a esa tierras; que en América Latina se esté criminalizando los flujos migratorios y que estén siendo víctimas de prácticas delictivas; y que crímenes como la trata de personas y el trabajo forzado tengan en las personas en movilidad humana su mayor afectación, deja constancia de que no estamos haciendo bien esa tarea de ser comunidad de acogida y da vergüenza un mundo tan inhumano y excluyente.
Estas situaciones han hecho que el contexto de los tránsitos de las personas que huyen de sus países y que son solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas internas y retornadas —y que su contexto de precariedad y ausencia de derechos, les ha puesto en condiciones de vulnerabilidad, que además se complejizan por aspectos diferenciales tales como la edad, el origen étnico y racial, la orientación sexual e identidad o expresión de género, condición de discapacidad y la misma pobreza— demandan humanizar más las respuestas del Estado para su acogida y regularización. Esto tiene que ver con cuatro aspectos: 1. Estructuras sencillas, flexibles y humanas para su atención; 2. Funcionariado sensible, formado y con tareas claras frente a los enfoques diferenciales; 3. Trabajo permanente con las comunidades de acogida para que garanticen los mecanismos necesarios para la integración con las personas refugiadas; y 4. Indicadores de transformación que permitan un monitoreo clave que vele por la garantía plena de derechos en los ejercicios de estabilización.
En los flujos migratorios se movilizan las realidades identitarias, sociales y políticas de las personas y por ello no podemos pretender, por tratarse de una crisis humanitaria, atender de forma generalizada sus demandas. Urge activar enfoques diferenciales que tengan en cuenta las vidas particulares que migran forzadamente e incluso las realidades que les atraviesan por su pertenencia a poblaciones que, en ocasiones, complejizan los procesos de tránsito. En este sentido, Estado, agencias humanitarias y comunidades de acogida, deben entender que hay personas LGBTIQ+ que, además de las causas generales que les asisten en el momento de la huida —que son similares a las de otras personas para abandonar sus países de origen, como la pobreza, desigualdad, falta de acceso a servicios, violencia, régimen políticos que los ahogan—, también, y de forma particular, los prejuicios naturalizados de los que son víctimas y la ausencia de garantías a su diversidad sexual, identidad o expresión de género, agudiza sus riesgos, crea otros nuevos o presiona su salida, persiguiendo paraísos de igualdad.
Decisiones como la tomada por el gobierno de Uganda, de sancionar una ley que criminaliza las personas LGBTIQ+; las penas de muertes y castigos inhumanos a las personas sexo-género diversas y sus familias en los países del oriente medio; la prohibición de hacer activismo o manifestaciones públicas en materia de diversidad sexual y de género en Rusia; la violencia por prejuicio en crecimiento en los países de América Latina; la ausencia de derechos en regímenes dictatoriales como Nicaragua, El Salvador y Venezuela; la restricción a derechos laborales y en materia de salud, educación y goce de espacios de libertad en los países más pobres del sur global y los efectos desproporcionados que viven en los países en guerra como Ucrania, entre otros ejemplos, son acciones específicas que detonan oleadas de huidas de personas LGBTIQ+ en estos territorios. Estas situaciones que hacen que hoy en el mundo entero en los grupos de migrantes que encallan en altamar, recorren trochas o son víctimas de mafias ilegales, circulen personas homosexuales y bisexuales, familias homoparentales, personas con experiencia de vida trans y no binarias, que ven en riesgo sus vidas y que, por influjo de medios de comunicación, imágenes en redes sociales o la globalización de la información, persiguen lugares donde, aparentemente, puede ser posible el proyecto de dignidad diversa.
Sin embargo, cruzar la frontera no ha sido sinónimo de protección, pues se encuentran del otro lado con países que siguen replicando prácticas excluyentes y que le suman ahora las prácticas xenofóbicas y el desprecio por algo que ellos no habían experimentado antes: su origen nacional. Esto les lleva a formar parte de las pobrezas históricas y del olvido institucionalizado que las múltiples vulnerabilidades generan sobre las personas. En el caso de América Latina, por ejemplo, las fronteras porosas que nos asisten hacen que la llegada de personas en movilidad humana sean a lugares con ausencia de derechos, abandono estatal y control ilegal, que termina cooptando las personas y poniéndolas en riesgo, obligándoles a delinquir o hacer parte de sus estructuras criminales, pero también haciéndolas objetos de violencias verbales, físicas y simbólicas. Más complejo aun cuando se trata de personas LGBTIQ+, pues se encuentran con comunidades de acogida arraigadas en la homofobia y la transfobia, que les excluyen de los pocos espacios humanitarios que se ofrecen en sus rutas migratorios y les llevan a padecer toda una experiencia de soledad en una ruta que termina precarizando una vida que ya venía con altos índices de riesgos.
El refugio y el significado en derecho internacional que este genera como garantía de protección desde hace más de 70 años, ha sido una respuesta coordinada por los Estados para mitigar este sufrimiento de la huida. Sin embargo, no ha sido la herramienta más eficaz aplicada por los Estados para poner fin a esta sistemática violación de derechos humanos y esto porque, de un lado, por ser discrecional de los gobiernos, los tiempos, requisitos y formas para lograrlo, aplican la burocracia propia de las prácticas neoliberales, haciendo casi imposible su obtención; y, de otro lado, porque las limitaciones que pone a quien lo solicita, como de romper con el tejido social al no poder volver a su país o de depender de las ayudas del Estado que suelen ser precarias y no poder conseguir otra forma de sustento, tampoco lo hacen atractivo y termina siendo un lugar de la precariedad y la desprotección.
A un año de conmemorar la Declaración de Cartagena —herramienta de política pública en materia de acogida y protección a la migración forzada que permitió a los Estados de la OEA ampliar este derecho a análisis más sociológicos y de orden contextual y que ha sido invocada en países como Costa Rica para brindar protección a las mujeres trans que huyen del régimen dictatorial de Nicaragua esta ventana de oportunidad— permite ver en el refugio una política de Estado, sigue siendo vigente, brinda una posibilidad de acogida y promueve estrategias regionales para proteger a quienes están en riesgo en nuestros territorios por el prejuicio naturalizado y el desprecio a las formas de vida diversas. Sin embargo, es urgente actualizar y modernizar esta figura, haciéndola más humana, asequible a las coyunturas de quien huye, con respuestas concretas a las particularidades de sus proyectos de vida y que las formas de los procedimientos estatales no terminen revictimizando a las personas, sobre todo a la ciudadanía de especial protección. Todo lo contrario, en la actualidad podría ser una gran vía para que los Estados ratifiquen su compromiso con los derechos y construyan respuestas regionales para erradicar las causas de persecución que se desprenden de las crisis humanitarias y la debilidad en la democracia.
En regiones como América Latina donde, si bien parece que unos países avanzan más que otros en materia de reconocimiento de derechos LGBTIQ+, pero donde la violencia, criminalización e impunidad siguen promoviendo espacios de riesgo para las personas sexo-género diversas en cada uno de nuestros estados, poder avanzar a través de figuras como el refugio en respuestas regionales coordinadas, desde la garantía de los derechos humanos, poniendo en el centro la dignidad humana y bajo el principio de corresponsabilidad entre los Estados, asegurando así mecanismos de participación activa de la sociedad civil, comunidades de acogida, organizaciones de migrantes y comunidad internacional. La gran agenda que aún espera respuesta en el mundo entero en materia de derechos de personas LGBTIQ+ para poder decir que las vidas diversas son vividas, es la acogida a miles de personas que, en este momento, huyen por los cinco continentes, tratando de poner su vida a salvo, porque ser diversos sexualmente o tener una identidad de género no hegemónica los ha puesto en riesgo, y ello exige con rapidez que los Estados consideren acciones contundentes que permitan una mejor respuesta a las causas humanitarias y dictatoriales que se siguen reproduciendo en el mundo. Mientras éstas existan, demandarán nuevos retos para proteger todas las vidas. La urgencia es lograr entrar en razón respecto a que este mundo será un lugar seguro solo el día que sea habitable, vivible y disfrutable por todas, todes y todos.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo