Seiscientas cincuenta personas LGBTIQ+ de la región que participan en política se reunieron en México para exigir garantías plenas de participación y alertar que los discursos de odio están poniendo en riesgo los avances alcanzados en América Latina y el Caribe.
En 2011 un par de organizaciones LGBTIQ+ aliadas de Perú, Colombia y EE.UU. se dieron cita para responder a una inquietud que venía en aumento: personas sexo-género diversas tocando a la puerta de agencias de formación política con el interés de formarse para poder acceder a cargos de elección popular. Si bien estos institutos comenzaron abrir las puertas, como NDI, la Fundación Ford, FES, entre otros, eran respuestas a mitad de camino. Es decir, por un lado, sus programas no contaban en ese momento con la experticia de los enfoque diferenciales de diversidad sexual y de género para abordarlos desde la formación política y, de otro lado, existían unos asuntos previos, propios del movimiento LGBTIQ+ de lejanía con las prácticas políticas, que eran las mismas que les habían condenado a la ausencia de derechos, que eran necesario revisar desde las dinámicas propias del movimiento para dar el salto a la política participativa.
Este ejercicio dio origen al consorcio; una juntanza de organizaciones LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe que busca acompañar procesos de formación de las personas LGBTIQ+ para participar activamente en escenarios democráticos. Iniciaron Victory Insitute, Promsex y Caribe Afirmativo y, juntas, prepararon lo que fue en 2014 el primer Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe, que se realizó en Lima y que reunió a un poco más de 200 personas; entre ellas, siete personas que, para ese momento, siendo abiertamente LGBTIQ+, eran políticos electos. Ellas son Patria Jiménez, diputada lesbiana de México; Robert Garcia, alcalde gay migrante de California; Jaime Parada, concejal de Chile; María Rachid, diputada de Argentina y Samira Montiel, Procuradora Especial de la Diversidad Sexual de la República de Nicaragua. Además, en ese mismo escenario se reconocieron tres experiencias afirmativas en materia de participación política muy exitosas. Primero, el Polo Democrático Alternativo de Colombia y su apuesta dentro de su estructura directiva de dar puesto a una persona trans; la recién creada Relatoría de Diversidad Sexual y de Género de la CIDH, en cabeza de Tacy Robinson, quien estuvo presente en la sesión y habló de los derechos políticos de las personas LGBTIQ+ y la iniciativa del Mercosur de promover en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil diálogos de inclusión LGBTIQ+ con los partidos políticos.
En este encuentro fueron cinco las reflexiones que quedaron como tareas que los activistas llevaron a sus países de vuelta: 1. Promover espacios de reflexión dentro del movimiento LGBTIQ+, teniendo en cuenta que las agendas deben politizarse (entendiendo por política la garantía del bien común) y, por ello, es necesario volcar todo ese proceso de movilización y de acción colectiva que se ha desplegado en el espacio público y las agendas de incidencia social a los escenarios políticos; 2. Es necesario dar el salto de la democracia representativa (que otras personas, cada que hay elecciones, nos busquen para representarnos a la democracia participativa, proponiendo el liderazgo LGBTIQ+ dentro de los escenarios de elección popular; 3. Promover diálogos con los movimientos y partidos políticos para que, en la urgente necesidad de transformación que tienen, asuman un compromiso con los derechos de las personas sexo-género diversas y promuevan su participación dentro de sus estructuras ideológicas, de gobierno y militancia, asumiendo un compromiso claro contra la homofobia y la transfobia y garantizando el acceso al poder de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y no binarias; 4. Activar acciones de articulación entre el dinamismo propio de las acciones colectivas del movimiento LGBTIQ+, que se articulen con otros procesos sociales y, juntos, permeen las estructuras democráticas para conseguir cambios que garanticen arrebatar los espacios de participación de quienes se lucran de ellos sin perseguir el bienestar ciudadano. Por último; 5. Contar con espacios apropiados de formación, capacitación y empoderamiento para las personas que, siendo abiertamente LGBTIQ+, quieren ponerse al servicio de la democracia, accediendo a un cargo de elección popular para que construyan agendas amplias, que permitan proponer propuestas acordes a las necesidades y, así, conquisten el apoyo de las mayorías.
Luego de este estallido de activismo renovador vivido en Perú y de las reflexiones que propició en cada país, siguieron los encuentros de Tegucigalpa en 2015, Santo Domingo en 2017, Colombia en 2019 y 2021 —este último se llevó a cabo de manera virtual por motivo de la pandemia— y en México en 2023, que acaba de terminar. Siente encuentros que en 12 años han logrado hacer que muchos activismos y procesos organizativos permeen la democracia; que más de seiscientas personas en estos años hayan pasado en la región por cargos de elección popular siendo abiertamente LGBTIQ+; que 23 partidos y movimientos políticos en el hemisferio cuenten con estructuras internas garantes de la participación de las personas LGBTIQ+ y que su participación haya logrado transformaciones significativas en las democracias americanas y caribeñas. En estas, si bien todavía queda un gran camino por recorrer, hoy algunos países tiene avances signficativos no solo en términos de diversidad sexual y de género, sino en otras materias como bienestar social, denuncias de prácticas de discriminación, incidencia en la transformación de la cultura ciudadana, transformación de practicas que agudizaban la inequidad social y poner en frente de los procesos económicos la garantía de los derechos humanos.
Además, en estos años hemos visto con alegría el crecimiento de la participación de las persona con experiencia de vida trans en escenarios electorales, como los alcances de las reformas electorales celebradas en Colombia, México y Perú, que buscan garantizar el voto libre, transparente e informado de hombres y mujeres trans y no binarias. También se destaca el compromiso de 27 partidos y movimientos políticos en la región en incluir en sus estructuras, idearios y agendas de trabajo y el éxito de personas en cargos de elección popular en la región en papeles tan importantes, como Congresos, alcaldías, diputaciones y regimientos, en los que han participado activamente personas con experiencia de vida trans en la formulación de leyes para profundizar la justicia social y de decisiones ejecutivas y judiciales para superar la inequidad y la exclusión. A ello se suma el fortalecimiento de la incidencia política del movimiento LGBTIQ+ en acciones colectivas, procesos de movilización y construcción de pactos ciudadanos que exigen del ejercicio político corresponsabilidad con la exigibilidad de la sociedad civil.
Contar hoy con estos liderazgos y agenda en proceso esté permitiendo que el movimiento LGBTIQ+ pase de la democracia representativa a la participativa y ser protagonistas en los procesos de construcción ciudadana en ejercicios como la participación del movimiento LGBTIQ+ en la Asamblea Constituyente de Chile, el liderazgo de los políticos gais de Chile contra las prácticas de corrupción, la participación activa del movimiento social en la consolidación de la democracia en Argentina, el triunfo de candidaturas LGBTIQ+ en la superación de la dictadura brasileña, el seguimiento y verificación de las decisiones judiciales regionales en Honduras, el acuerdo de paz y su enfoque de género en Colombia y las luchas sociales por cambios significativos en México. El reclamo judicial y legislativo del movimiento en los países insulares del Caribe para superar la criminalización que sufren las personas sexo-género diversas son ejemplos claros de cómo hoy es el escenario ideal del activismo y de la participación democrática.
Todo este estallido político arcoíris se está viendo amenazado por tres realidades que, con preocupación, crecen en la región; a. El alto nivel de violencia que, sumando sólo Brasil, México, Colombia, Honduras y Perú, contaron en 2022 con más de 2000 homicidios y feminicidios y un incremento preocupante en la región de amenazas contra los liderazgos LGBTIQ+; b. Los discursos de odio en escenarios políticos que, directamente, buscan echar para atrás derechos adquiridos y, también, c. El aumento del miedo y la expresión de zozobra de las personas LGBTIQ+, que pone en riesgo la vida digna de muchos activistas con una emergencia de salud mental. Situaciones que requieren, de un lado, poner en primer orden en estos estos procesos de liderazgo político el bienestar de las personas y, en segundo lugar, exigir que la participación y la visibilización no nos cueste la vida.
Serán estas reflexiones del sexto encuentro en México, el escenario ideal para que el movimiento en su conjunto profundice su vocación de participación política dentro de la democracia; que partidos, movimientos políticos e instancias de participación garanticen la presencia activa de las personas LGBTIQ+ y rodeen nuestras agendas, que buscan garantizar la igualdad como derecho y la participación como mecanismo. Nos volveremos a ver en Brasil en 2025. Para esa oportunidad, esperamos que la región haya avanzado más en la equidad y la justicia social, pues nuestro único propósito es que la vida de las personas LGBTIQ+ puedan ser vidas vividas.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo