Los efectos de la crisis climática, la destrucción del medio ambiente y la ausencia de recursos naturales ocurren en los sectores donde se concentran los grupos poblacionales más invisibilizados de la sociedad, haciendo que su vida sea sinónimo de vulnerabilidad y justificando la moratoria social que tiene el Estado y la sociedad con ellos.
Los grupos poblacionales que exigimos igualdad de derechos lo hacemos porque la historia nos ha sumido en las periferias sociales, espaciales y estéticas que son depositarias de precariedad. Allí no se vive, se sobrevive, y la ausencia de integralidad y dignidad es constante. Por ello, luchar por los derechos se entiende en contexto, pues más allá de las conquistas jurídicas y políticas, se requiere transformar los entornos para tener espacios favorables para desarrollar proyectos de vida. Allí cobra vital importancia la demanda que tenemos hoy en la sociedad por la crisis climática, pues, paradójicamente, avanzamos en una modernidad que se sujeta a un concepto de libertad jurídica y política, pero que no encuentra entornos amigables para desarrollarla: contaminación, ausencia de bienestar, pérdida del tiempo libre y saturación del ambiente hacen que, aunque avanzamos, la vida sea más precaria. Los sujetos que demandan transformaciones estructurales están, como dice Judith Butler, precarizados; y allí, las personas LGBTIQ+ están en primera fila. La ausencia de reconocimiento en espacios estatales que se han apropiado del bienestar es contraria a los lugares donde desarrollan sus vidas emergentes: pobres, sin servicios básicos satisfechos, ausencia de derechos económicos, sociales y culturales, y mayores impactos del calentamiento global.
En la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres en Barrancabermeja se lee la leyenda que el río Magdalena, en la región del Magdalena Medio, es la mayor expresión de la violencia basada en género que afectó a las mujeres y las personas LGBTIQ+. Parafraseando el informe de la Comisión de la Verdad, el conflicto armado fue particularmente patriarcal, misógino, homofóbico y transfóbico, victimizando desmedidamente al río y, en él, a sus pobladoras, que diariamente tenían el sustento económico en sus orillas. Por órdenes morales de los alzados en armas, se silenció la vida alegre de muchas personas trans y gais que, en fiestas y festejos, eran actores festivos en sus puertos. Las tamboras y el motor de las chalupas fueron sonidos que se silenciaron por temor a la violencia; pescadores colgaron sus atarrayas para evitar pescar cadáveres en medio de la corriente, la misma que transportaba a algunas personas sexo-género diversas dadas por desaparecidas. Este afluente de agua es hoy un lugar donde familiares y amigos, entre ellos colectivas LGBTIQ+, buscan a miles de desaparecidos y testigo de las lágrimas de muchos liderazgos que fueron silenciados por las demandas de vida digna, reconocimiento a su diversidad y respeto a la autonomía de los cuerpos.
El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, “Ser marica en medio del conflicto armado”, que recoge las memorias de las personas LGBTIQ+ en el Magdalena Medio, revela que las dinámicas del conflicto armado consolidaron en esta subregión la categoría de “indeseables” para referirse a las personas sexo-género diversas, y que dicho desprecio se incorporó dentro de sus tácticas de guerra, tanto en sus acciones de control territorial, donde sus vidas debían ser “desaparecidas” y “silenciadas”, como en sus prácticas de disputa territorial, donde eran “usadas” para los fines más perversos de las tropas. Su vínculo con el río Magdalena como fuente de articulación social fue limitado y coartado por cinco acciones que están ampliamente documentadas: 1) limitación a usar el río como medio de vida, 2) prohibición de participar en los procesos de integración social que se daban en el río, 3) uso del río como amenaza intimidante de que sus vidas estaban en permanente riesgo, 4) recibir las consecuencias directas de la contaminación y el daño al afluente, y 5) hacer del río el depositario de sus cuerpos cuando eran desaparecidos. En torno al río como medio de vida, la precarización de lo que ocurre en sus alrededores con la deforestación, el uso de tecnologías contaminantes bajo efecto invernadero y la falta de cuidado rompieron ciclos vitales y obligaron a tránsitos migratorios que preceden una transformación obligada del territorio para sus fines económicos, donde no tienen cabida las personas sexo-género diversas.
La Comisión de la Verdad, en su informe final, dejó constancia de que los actores armados en el país, sin excepción, usaron la naturaleza para el beneficio de sus proyectos políticos, afectando a las comunidades que allí habitaban y causando daños irreparables al ecosistema. Acciones bélicas como los bombardeos, atentados contra los oleoductos, la imposición de la siembra de cultivos de uso ilícito, el uso de territorios para sus campamentos y guardar armas y municiones, y la creación de pistas y vías clandestinas afectaron de manera estructural las dinámicas del medio ambiente y obligaron al desplazamiento de centenares de personas que tenían un proyecto de vida en armonía con la naturaleza en dichos territorios. Aquellos que eran vistos como más despreciables no solo fueron afectados de manera directa por dichas acciones, sino que, en una cadena de desprovisión de derechos, se volvieron más “vulnerables” debido a la posición de indefensión en la que se les asumía, ya sea porque se les interrumpía su ciclo vital afectando a seres sintientes o elementos del ecosistema que, con su deterioro, afectaban también su calidad de vida, o porque se les obligaba, mediante el desplazamiento forzado, a habitar la vida urbana. Allí, aunque las expresiones de masculinidad hegemónica y de heterosexualidad obligatoria impiden ver la vida de personas disidentes sexualmente y con expresión de género diversa, hay varios relatos que aparecen sobre prácticas de disidencia sexual en armonía con estos entornos, en un mundo campesino, indígena o afrodescendiente que vio afectada su calidad de vida y entorno natural.
Pero dejando a un lado el antropocentrismo y dándole, como acto de reparación, el lugar a la naturaleza que se merece, desde el informe final de la Comisión de la Verdad debemos denunciar que los ecosistemas fueron estructuralmente afectados y hoy exigen ser reparados. Uno de los problemas estructurales de este conflicto armado que no termina ha sido el uso abusivo de la tierra y el medio ambiente. Que el desplazamiento forzado sea el hecho victimizante de mayor afectación da cuenta del proyecto de control territorial de los actores en conflicto: apropiarse de los territorios para transformar a su fuerza su vocación natural. En el capítulo “Sufrir la guerra y rehacer la vida”, del volumen Impactos, afrontamientos y resistencias, la Comisión da cuenta de cómo el abandono y despojo de las tierras y territorios han tenido tres causas estructurales: concentración de la riqueza, uso desmedido de los recursos naturales y aumento de la desigualdad social. Como efectos, está dejando un territorio destruido y unas comunidades empobrecidas a la fuerza. Su afán controlador y no de preservación, y su instinto de destrucción y no de armonización con la naturaleza, hizo que rápidamente valles, montañas, ríos, ciénagas, selvas y mares perdieran su dinámica natural; que muchas especies se extinguieran o murieran por agotamiento de sus ciclos vitales; y que las temperaturas, dinámicas de las lluvias, páramos y humedales, y ciclos naturales cambiaran abruptamente. Todo ello para dar entrada a agronegocios, monocultivos y rutas irregulares que permiten hacer de la naturaleza su epicentro de confrontación.
Por ello, los actos de reparación y garantías de no repetición, y pensar escenarios de paz estable y duradera que reconozcan y resignifiquen derechos de los grupos poblacionales históricamente excluidos, como es el caso de las personas LGBTIQ+, no solo deben asumirse desde la igualdad legal y el acceso integral a los derechos económicos y sociales, sino también en propiciar derechos medioambientales y construir mecanismos que consoliden y profundicen los ciclos de vida en armonía con la naturaleza. Allí, las comunidades indígenas, campesinas, afro y rurales en su conjunto tienen hoy buenas prácticas de vida comunitaria en conexión con la naturaleza, donde conviven personas sexo-género diversas. Por lo tanto, como movimiento social y en el marco de las cumbres medioambientales que por estos días se desarrollan en el país, es clave llamar la atención sobre unas recomendaciones de la CEV, necesarias para que la paz sea sinónimo de justicia medioambiental y, allí, armonía con las personas LGBTIQ+:
- Garantizar el desarrollo armónico de las zonas rurales, con enfoques de género y étnico que pongan en el centro el bienestar del territorio y sus seres sintientes, cuerpos de agua y vegetación.
- Revertir las grandes desigualdades propias de los territorios rurales y campesinos por la mirada despectiva y utilitarista sobre el medio ambiente que se ha tenido en el país.
- Prevenir y gestionar los conflictos socioambientales, en particular los derivados de las actividades de mega minería, hidrocarburos, explotación forestal, agroindustria, mega infraestructura y ganadería extensiva, y promover un modelo de sociedad en armonía horizontal y no en utilización de bienes naturales de forma jerárquica.
- Cuidar, sanar y respetar los cuerpos de agua, promoviendo sus propios ecosistemas sin debilitarlos y garantizando en sus lógicas acciones de seguridad alimentaria con las comunidades que los rodean.
- Proteger y garantizar las acciones de la defensa de los derechos humanos, ambientales y territoriales que pongan límite y tareas de reparación a las actividades empresariales que no solo han afectado el sistema, sino que han promovido el conflicto para defender sus intereses particulares.
En el argot coloquial para referirse en Colombia a las personas LGBTIQ+ hace unos años, se decía jocosamente “son de ambiente”. Revirtamos esta afirmación, a veces despectiva, y como movimiento social, aprovechemos este momento histórico, reconciliémonos con la naturaleza, dejemos el afán consumista y depredador, y volvamos la mirada a los ríos, montañas y valles que nos vieron crecer, en los que perdimos a muchas compañeras, en los que algunas aún resisten, y propongámonos reconstruir unos proyectos de vida donde seamos una, une o uno más con el entorno. Que activemos mecanismos de acción sin daño, y que, lejos de la cosificación de nuestras existencias que parecen obligadas a ser urbanas, estar entre el cemento y usar de forma desmedida los recursos naturales, hoy pensemos en unas vidas en armonía con la naturaleza, responsables con el consumo, y renovadas con la alegría y la experiencia de felicidad que nos proporciona el suave aroma de las montañas, la frescura de los ríos, la brisa de los páramos, la belleza de las flores y la convivencia con los otros seres de la naturaleza. Eso es vida digna, eso es vivir a plenitud la diversidad humana.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo