Fotografía: El País Cali.
En un fallo histórico, la CIDH ha señalado como responsable al Estado colombiano en el exterminio de integrantes, simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica por motivos políticos.
30 de enero de 2023. El partido político Unión Patriótica (UP) se constituyó el 28 de mayo de 1985 como resultado de un proceso de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional, y fue ganando rápidamente popularidad en la política nacional en distintas regiones de tradicional presencia guerrillera. En respuesta, grupos paramilitares se aliaron con sectores de la política tradicional para exterminar sistemáticamente a integrantes, simpatizantes y militantes del partido.
Durante más de veinte años esta alianza cometió violaciones de derechos humanos como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones injustificadas, torturas y desplazamientos forzados, entre otros. Estos actos de violencia constituyeron un genocidio político con la participación de agentes estatales, que según la CIDH corresponden a un crimen de lesa humanidad.
La CIDH ordenó trece medidas de reparación que incluyen la aceleración de las investigaciones en el marco de la verdad, la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, la obligación de brindar el tratamiento médico y psicosocial a las víctimas que lo soliciten, la difusión de la Sentencia, el establecimiento de un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica, la sensibilización a la sociedad sobre las violencias vividas por las personas de la UP y las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
En la lectura de la sentencia frente a la UP, la delegación de víctimas señaló que “[…] es muy importante, compañeros y compañeras, y tiene que ver con cambiar la doctrina militar en este país. No podemos ser, la oposición política, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, enemigo interno del estado. […] No es cualquier caso, es un caso masivo en el que la Corte reconoció las más de seis mil víctimas que están en los listados.”
Érika Antequera, hija del militante asesinado por los paramilitares José Antequera, escribió sobre esta sentencia: “[…] Lo que va a pasar hoy en la audiencia es que nos van a decir que sí. Que matar, desaparecer y torturar es imperdonable. Que no hay razón para encarcelar, exiliar, acorralar ni masacrar a pueblos enteros por ser de izquierda. Que el Estado es culpable por acción y por omisión. Que el exterminio fue planificado. Que muchos militares, políticos y empresarios se empeñaron en destruir cualquier cosa que oliera a comunismo y se lucraron con ello. Que las más de cinco mil víctimas de la UP son una vergüenza para el país y que el mundo entero tiene que saberlo. Lo que va a pasar hoy es el reconocimiento del dolor. […]”
Desde Caribe Afirmativo celebramos esta sentencia como el reconocimiento de la responsabilidad que ha tenido el Estado en el exterminio selectivo de organizaciones sociales en razón a su orientación política. Consideramos fundamental el ejercicio de memoria histórica para la no repetición que deberá adelantar el Estado colombiano, poniendo en el centro a las víctimas y sus familias para honrar su lucha y su legado.